El 26 de abril de 2023 Justicia 11J inició la campaña “Llamado a la acción por los presos políticos”, ante la nueva ola represiva iniciada tras la entrada en vigor, en diciembre último, del nuevo Código Penal (Ley 151), aprobado en 2022. Este grupo de trabajo había documentado, entre diciembre de 2022 y abril de 2023, que al menos 10 opositores o activistas fueron detenidos arbitrariamente y llevados a “prisión provisional”, bajo presuntos delitos codificados en la anterior y la nueva legislación.
Las autoridades cubanas mostraron la tendencia a sustituir las detenciones de corta duración por la privación de libertad bajo procesos investigativos o bajo imposición de medida cautelar e instrucción de cargos. Observamos con preocupación que esto ocurría sin que la prensa extranjera acreditada en Cuba diera cobertura sistemática a los hechos represivos, y sin que organismos internacionales se pronunciaran sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en los primeros meses del año.
Desde que Justicia 11J lanzara en abril el llamado urgente a la acción por los activistas y opositores detenidos bajo el nuevo Código Penal, y por todos los presos políticos, la situación ha empeorado.
Hasta mediados de julio, son al menos 20 los cubanos cuya libertad se ha visto amenazada por motivos políticos, bajo el nuevo Código Penal. Uno de los casos enfrenta una petición fiscal de 4 años de trabajo correccional con internamiento por expresarse en redes sociales y espera en libertad que le comuniquen la fecha del juicio. Mientras que otros 19 activistas y opositores cubanos fueron privados de su libertad de inmediato y enviados, durante semanas o meses, a centros de operaciones e investigaciones del Ministerio del Interior (Minint) de sus provincias, donde es habitual la práctica de tratos crueles para la obtención de confesiones inculpatorias. La mayoría (15) permanecen en prisiones sin que se les haya realizado juicio, una persona continúa recluida en una unidad de investigaciones, mientras que tres ya fueron condenados con la privación de su libertad.
NUEVOS CASOS DOCUMENTADOS
. Roberto Ceballos Sánchez (52 años), defensor de DD.HH. y ex-preso político, fue sentenciado recientemente a un año de privación de libertad bajo el cargo de “amenazas”, según informó el pasado 6 de julio el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). El miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y de los Círculos Democráticos Municipalistas, había sido arrestado el 18 de diciembre de 2022 por agentes de la Seguridad del Estado, tras manifestarse pacíficamente en calles de Ciego de Ávila “contra el hambre, la miseria y la gestión del gobernante cubano Díaz-Canel”, según la información del OCDH.
. William Cepero García (58 años), fue arrestado el 14 de febrero tras manifestarse en La Habana, pero por temor a represalias su familia no hizo público el caso hasta este mes de julio. Fue recluido en el penal de máximo rigor de Valle Grande y luego trasladado al Combinado del Este. Recientemente depuso una huelga de hambre de 26 días. A Cepero García lo acusan de “desacato a la figura del presidente” y de “propaganda contra el orden constitucional”. Padece de hipertensión, tiene una cardiopatía y presenta problemas en los riñones y en el aparato digestivo.
. Jesús Fernández Garnier, exprisionero político y militante del Frente Antitotalitario Unido (Fantu), fue arrestado el 1 de junio y llevado a la Unidad Provincial de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado, en Cienfuegos, bajo una acusación de cometer “otros delitos contra la seguridad del Estado”. Días después, fue trasladado a la prisión de máximo rigor de Ariza, en el municipio Rodas. Según comunicó Guillermo Fariñas, líder del Fantu, el disidente está a la espera de juicio y ha perdido varios kilogramos de peso corporal por la mala alimentación.
Fernández Garnier, arquitecto de formación y exprofesor universitario, es una de las personas víctimas de la represión a la convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio, del 15 de noviembre de 2021 (15N).
. Jacqueline Heredia, integrante de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), fue arrestada junto con su esposo Carlos Álvarez Rojas el 3 de junio de 2023, bajo el presunto delito de “amenazas”, y recluida varios días en el centro de detención conocido como El Vivac (La Habana). Es VIH+ y ha estado en grave riesgo de salud en las cárceles cubanas. Actualmente se encuentra en el penal Cuba-Panamá para personas que viven con VIH. Ha sido sancionada por motivos políticos en dos ocasiones anteriores.
. Carlos Álvarez Rojas, ex-preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), fue arrestado junto con su esposa Jacqueline Heredia el 3 de junio de 2023, bajo el cargo de presuntas “amenazas”, y recluido varios días en el centro de detención conocido como El Vivac (La Habana). También es VIH+ y su salud está en riesgo en prisión. Carlos estuvo en huelga de hambre entre el 4 y el 27 de junio.
Mediante un documento emitido el 12 de mayo de 2023, la jueza Iris González Martín revocó una sanción subsidiaria de 5 años de limitación de libertad que pesaba sobre Carlos Álvarez, y determinó que cumpla el resto de su condena en un centro penitenciario. El opositor fue llevado a Valle Grande.
. José Luis Roque Rodríguez, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), de San José de las Lajas, Mayabeque, fue detenido el 22 de junio y trasladado directamente a prisión, según el OCDH. Hasta donde pudimos saber, de parte de José Díaz Silva, presidente del MONR, Roque Rodríguez estaría acusado del presunto delito de “hurto y sacrificio” de ganado. Pocos días antes de su detención, el joven disidente había denunciado que la policía local le impuso varias multas por su activismo y que le estaban fabricando una causa por delito común para encarcelarlo.
. José Manuel Barreiro Rouco (52 años), del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, en el municipio Aguada de Pasajeros (Cienfuegos), se encuentra en “prisión preventiva” en el penal de Ariza, acusado por la Fiscalía Provincial de estar implicado en supuestos grupos “contrarrevolucionarios”, que presuntamente habrían proyectado acciones violentas. Estaría siendo procesado bajo el cargo de “otros actos contra la seguridad del Estado”. Fue detenido el 16 de junio, tras denunciar el 14 de junio en Facebook que un exoficial represor había emigrado a Estados Unidos. Inicialmente sus allegados sospecharon que su arresto se debía a esta denuncia.
Su hermano declaró que Barreiros Rouco estuvo detenido más de 30 días en una pequeña celda, sometido a intensos interrogatorios en el centro del Minint ubicado en el reparto Pueblo Griffo, de la capital cienfueguera. Allí presentó “problemas de salud mental”, “alucinaciones auditivas”, “ansiedad y depresión”. El prisionero ha padecido trastornos de la personalidad y alcoholismo, aunque desde hace ocho años estaba rehabilitado y estable, ha dicho su hermano.
. Leandro Pupo Garcés (35 años) enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad bajo el régimen de “trabajo correccional con internamiento”, por expresar en marzo último, en un post de Facebook, críticas al Minint. El joven, quien estuvo detenido por una manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021, ha denunciado que desde hace unos años los oficiales de la Seguridad del Estado del municipio Banes (Holguín), lo acosan con vigilancia, interrogatorios y amenazas por acciones de apoyo a activistas y por compartir en redes sociales contenido relacionado con grupos disidentes y periodistas independientes. Pupo Garcés tiene a su cargo el cuidado de un hijo menor de edad.
. Frederict Otero Angueira (44 años), miembro del MONR, fue detenido el 11 de julio de 2023 y llevado al cuartel de la policía política en La Habana conocido como “Villa Marista”. Está acusado de “propaganda contra el orden constitucional”, un delito contra la seguridad del Estado castigado con hasta 10 años de prisión. Personas cercanas dijeron que fue arrestado en su domicilio en el municipio Diez de Octubre (La Habana), en un operativo policial que involucró varios vehículos y agentes.
La detención de Otero Angueira ocurrió tras expresarse en una transmisión en directo por Facebook a favor de los manifestantes y presos políticos del 11J y denunciar “que la calle completa está militarizada”.
. El ex-preso político Adrián Curuneaux Stevens, vicepresidente del MONR, delegado del Movimiento Democracia y promotor de Cuba Decide, fue detenido en su domicilio el 17 de julio de 2023. Ha permanecido desde entonces en la Quinta Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en el municipio Playa (La Habana). Sus familiares fueron informados de que debían buscar un abogado, pues el opositor está siendo encausado por el presunto delito de “lesiones”.
EVOLUCIÓN DE LOS PRIMEROS CASOS DE LA CAMPAÑA
De los diez activistas detenidos cuyos casos denunciamos en el primer comunicado de la campaña “Llamado a la acción por los presos políticos”, fueron llevados a juicio los hermanos Esquizander y Erisdel Benítez Moya. Ambos recibieron una sanción de 10 meses de privación de libertad, informó a Justicia 11J el 1 de junio su madre, Mercedes Moya.
Por otra parte, el 20 de julio el disidente Mario Alberto Hernández Leyva fue sacado de una celda de castigo del penal Valle Grande, tras más de 4 meses confinado allí, según información aportada por el presidente del MONR, José Díaz Silva.
Hernández Leyva, vicepresidente del MONR, delegado del Movimiento Democracia y promotor de Cuba Decide, fue detenido en Marianao, La Habana, el pasado 27 de febrero. Lo acusaron del supuesto delito de “resistencia”, y espera juicio en la prisión de Valle Grande.
Daniel Moreno de la Peña (37 años), apresado en enero y actualmente recluido -sin petición fiscal ni fecha de juicio- en el penal de máximo rigor Combinado del Este (La Habana), según reportes de medios independientes ha presentado problemas de salud que apuntan que podría estar debutando como diabético. Fuentes familiares denuncian que no ha recibido atención médica oportuna y de calidad.
Asimismo, la policía política ha aumentado el acoso sobre Evelyn Suñe Salazar, esposa de Daniel Moreno, con el objetivo de que deje de apoyar al preso político y para que no denuncie las arbitrariedades del caso. La Seguridad del Estado también acosa y amenaza a su hija, una joven sin actividad política alguna, para presionar a Suñe Salazar.
La joven de 21 años Sulmira Martínez (alias, Salem), detenida desde inicios de año por sus publicaciones en Facebook, se encuentra en la prisión del El Guatao (La Habana) “muy mal psicológicamente” y “deprimida”, según declaró su madre Norma Pérez, quien teme que atente contra su vida.
Yasmany González Valdés (30 años), acusado de pintar carteles antigubernamentales, continúa detenido desde abril, sin pruebas en su contra ni fecha de juicio. Su esposa Ilsa Ramos, tras visitar a Yasmany el 14 de julio en el Combinado del Este, ha denunciado alarmada el deterioro físico en que lo vio, con extrema delgadez y la pérdida de varios dientes.
Las activistas Aniette González y Ienelis Delgado Cué (conocida como “Mambisa Agramontina”), continúan encarceladas desde sus detenciones en marzo y abril, respectivamente, sin que les realicen juicio. En la prisión Kilo 5, de Camagüey, ambas presas políticas se unieron a otras para vestir de blanco en la cárcel este 11 de julio, en homenaje al segundo aniversario del levantamiento popular del 11J. Tras esta acción, a la Mambisa Agramontina le prohibieron realizar llamadas telefónicas por dos meses, denunció su madre Leticia Cué.
Hasta donde sabemos, los activistas Alejandro Garlobo y Leydiana Cazañas continúan en prisión provisional y no han sido enjuiciados.
Hacemos un corte parcial en la campaña enfocada en las primeras víctimas de represión política durante el primer semestre tras la aprobación del Código Penal. Continuaremos monitoreando y denunciando nuevas detenciones arbitrarias y procesos penales sin garantías, escenificados contra activistas, disidentes y ciudadanos cubanos. Además, daremos seguimiento a los casos visibilizados mediante esta campaña durante la primera mitad de 2023, hasta la publicación de nuestro informe “Otro año sin justicia” el pasado 14 de julio.
Expresamos preocupación y solidaridad ante la persecución a la que están sometidos los miembros del MONR, una organización de disidencia pacífica. Su líder, José Díaz Silva, debió salir al exilio a finales de diciembre pasado, mientras otros cuatro de sus miembros y directivos permanecen en prisión.
Reiteramos nuestra preocupación por las condiciones y la salud de los prisioneros en Cuba, específicamente los detenidos por motivos políticos. Y le invitamos a consultar nuestras más reciente actualización sobre condiciones en prisiones, correspondiente al mes de junio.
