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Actualización sobre la cantidad de cubanas presas por razones políticas

Más de dos años y medio después de las mayores protestas antigubernamentales en Cuba, y tras múltiples reclamos de distintos actores nacionales e internacionales por la liberación de los presos políticos, decenas de mujeres continúan privadas de libertad por defender sus derechos. 

Aunque en las últimas semanas hemos corroborado la excarcelación paulatina de varias mujeres tras extinguir íntegramente sus responsabilidades penales, al menos 62 permanecen encarceladas por razones políticas, de acuerdo con nuestra más reciente actualización, con fecha 11/03. 

Del total de las mujeres actualmente en prisión por razones políticas, al menos: 

  • 56 están detenidas en relación con protestas: 47 son manifestantes del 11J, 8 fueron detenidas en relación con protestas en el 2022 y 1 en relación con protestas en el 2023 (aún sin haber participado en ninguna, solo por haber expresado su voluntad de participar en ellas). 
  • 6 cumplen en cárceles por el ejercicio de la libertad de expresión, 5 de ellas pertenecen a la organización Damas de Blanco
  • 30 son madres
  • 17 pertenecen a agrupaciones políticas, cívicas o de derechos humanos

Por otra parte, del total de las mujeres presas políticas, 53 ya fueron sancionadas; 2 fueron juzgadas y esperan sentencia; 1 permanece retenida con cargos (Leydiana Cazañas). Desconocemos el estatus penal de 5 de las 62 mujeres. 

Resaltamos el caso de Sulmira Martínez Pérez (Salem, en redes sociales), única mujer en nuestros registros retenida sin cargos luego de más de un año en prisión. 

Las mayores sanciones, de 14 años de privación de libertad, las cumplen Lizandra Góngora, madre de cinco niños visiblemente afectada por la represión en la prisión y la separación de su familia; y Brenda Díaz, mujer trans recluida en un penal para hombres, donde es acosada y violentada con frecuencia pese a vivir con VIH, gastritis crónica y cálculos en los riñones. 

Alertamos sobre la posible condena de 15 años de privación de libertad que le podrá ser impuesta a Mayelín Rodríguez (La Chamaca, en redes sociales). Mayelín fue juzgada a mediados de enero y permanece a la espera de su sentencia. Es madre de una niña menor de edad y efectuó un intento de suicidio. 

De acuerdo con nuestros registros, al menos 279 mujeres han sido privadas de su libertad por motivos políticos desde el 2012 en Cuba. De ellas: 

  • 171 fueron excarceladas, ya sea mediante la obtención de la libertad definitiva o en cumplimiento de sanciones no privativas de libertad
  • 30 salieron al exilio
  • 1 falleció
  • Desconocemos el estatus de 15  mujeres.

Solicitamos colaboración para actualizar la información sobre el estatus de las siguientes personas: 

  1. Carla Medina Magaña (La Habana)
  2. Deivi García (La Habana)
  3. Gabriela González (La Habana)
  4. Carla Yin Martínez (La Habana)
  5. Milena Eloisa Céspedes (Holguín)
  6. Nereida Castillo Martínez (Cienfuegos)
  7. Odelois Barceló Serrano (Mayabeque)
  8. Ramona de la Caridad Velázquez (Holguín)
  9. Raquel Rubio Arias (Holguín)
  10. Teresa Hernández Balmaseda (Artemisa)
  11. Yadira Castro González (Villa Clara)
  12. Yainelys Fuentes Romero (Holguín)
  13. Yanexa Quesada Martiola (Holguín)
  14. Yasmila Leyva (Camagüey)
  15. Yilian Flores (sin más información)

El pasado 28 de febrero, brindamos información sobre la experiencia en prisión de las mujeres cubanas privadas de libertad, en especial de las presas políticas, durante la audiencia pública “Cuba: Derecho a la libertad de asociación”, correspondiente al 189 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

En dicha audiencia, resaltamos el registro de 193 incidentes represivos o violatorios de DDHH durante el 2023 contra mujeres privadas de libertad. De estos, 155 fueron incidentes de hostigamiento, que incluyen reclusión en celdas de castigo por manifestar posicionamientos políticos en el penal; prohibiciones de llamadas telefónicas y visitas; negación de pases; golpizas; práctica de técnicas de tortura como: interrogatorios intimidatorios y esposar con skakiras durante horas; negación de entrega de medicamentos, artículos para el aseo y alimentos; vigilancias; exposición a hechos violentos por parte de reclusas peligrosas; negación del permiso para tomar el sol; amenazas con fabricación de nuevas causas; negación de libertad condicional; negación de asistencia religiosa; suspensión de pases y denegación a la progresión a régimen de menor severidad, entre otros. 

En relación con ello, recomendamos que las organizaciones internacionales y los organismos multilaterales redoblen la presión sobre el régimen de La Habana para hacer posible la inspección de las prisiones del país; que se fomente la atención a la salud mental y emocional de las mujeres privadas de libertad, y que se exija al Estado cubano el cumplimiento de las Reglas de Bangkok de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Recientemente, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, en colaboración con Diario de Cuba, publicó un reportaje sobre la maternidad en las prisiones de la Isla, resaltando los casos de cinco mujeres víctimas. Esta situación destaca como una de las más preocupantes respecto al trato diferenciado hacia las mujeres privadas de libertad. 

Recomendamos la lectura del informe Patrones represivos y tácticas del Estado cubano contra la libertad de asociación (Coalición de organizaciones), publicado en el marco de la participación en la audiencia pública “Cuba: Derecho a la libertad de asociación”. Además, la actualización sobre condiciones en prisiones, correspondiente a febrero del 2024, del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, en la que se resaltan también casos de mujeres privadas de libertad.

En Justicia 11J nos esforzamos por verificar la información sobre personas privadas de libertad por razones políticas. El régimen cubano no reconoce la existencia de presos políticos en el país, y en relación con ello, no ofrece información sobre sus procesos penales y sus condiciones en prisión. Recordamos que nuestra data está en constante actualización y requiere de la cooperación de personas excarceladas, familiares y distintos actores de la sociedad civil.

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