Alerta sobre situación crítica de Misleidys Rodríguez Más en prisión
Desde Justicia 11J expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de Misleidys Rodríguez Más, madre, activista y presa política cubana, quien, según denuncias difundidas en redes sociales, intentó quitarse la vida luego de conocer que la Fiscalía solicita una condena de 10 años de privación de libertad en su contra por los delitos de “sedición” y “propaganda enemiga”.
Misleidys ha sido objeto de un patrón sostenido de hostigamiento desde julio de 2021, cuando comenzó a brindar apoyo público a las madres de los niños detenidos por participar en las protestas del 11 de julio. En ese contexto, también se incorporó al Movimiento de Opositores por una Nueva República (MONR).
Ha sido detenida en múltiples ocasiones, incluyendo un período de prisión provisional entre febrero y junio de 2022 por pintar un cartel contra Miguel Díaz-Canel. Ese proceso concluyó con una multa de 3 mil pesos. Su activismo ha incluido protestas en lugares públicos y en redes sociales, especialmente en defensa de su hijo Kendri Lastra Rodríguez, detenido en noviembre de 2022 tras una protesta en el barrio Fraternidad, en La Habana.
Tras ser excarcelada, en el 2024 fue nuevamente llevada a prisión, en relación con la aparición de nuevos carteles antigubernamentales. En abril de este año, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas supo que Misleidys llevaba 15 días en celda de castigo, tras reclamar por las condiciones inhumanas de la prisión y los malos tratos a otras reclusas. En ese momento, llevaba más de cuatro meses sin recibir visitas familiares ni conyugales.
Estas condiciones, unidas al peso emocional de una nueva acusación por delitos políticos, parecen haber derivado en un intento de suicidio que pudo haberse evitado. Hasta la publicación de esta nota, no se tenían noticias actualizadas sobre las condiciones de salud de la presa política.
Su caso es uno de los tantos que refleja un sistema que utiliza el encierro como forma de castigo político, negando atención médica integral, violentando la salud mental de las personas presas, y fallando sistemáticamente en su deber de protección. Diversos estándares internacionales dejan claro que el Estado es responsable de lo que sucede bajo su custodia:
- Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Trato de Reclusos (Reglas Mandela) obligan a garantizar atención médica adecuada, incluida la salud mental, y a intervenir ante cualquier signo de riesgo suicida.
- Las Reglas de Bangkok (Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes) reconocen que las mujeres privadas de libertad presentan mayores niveles de vulnerabilidad psicosocial y riesgos de autolesión y suicidio, por lo que los Estados deben adoptar medidas especializadas de atención en salud mental, con enfoque de género y prevención del daño.
- El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas establece que los Estados son responsables de la vida de las personas detenidas, y que el suicidio en prisión puede comprometer su responsabilidad internacional si no se adoptaron medidas de prevención.
- La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Mundial de Psiquiatría recomiendan contar con planes específicos para la prevención del suicidio y una evaluación continua del riesgo.
Exigimos que las autoridades cubanas garanticen atención médica, psicológica y humanitaria urgente para Misleidys Rodríguez y para todas las mujeres madres privadas de libertad en Cuba. Esta atención debe prestarse sin discriminación por su activismo, ideas políticas o causas judiciales. La vida, la salud y la dignidad de las mujeres privadas de libertad es responsabilidad del Estado cubano ante la comunidad internacional.
