Una familia cubana denuncia las largas condenas que podrían llevar a prisión a varios de sus miembros tras las protestas del 11 de julio
Por Darcy Borrero Batista
Desde el fin de semana Yuneisy Rodríguez decidió romper el silencio de los últimos meses. Hasta ese momento había callado, pero no pudo seguir haciéndolo una vez que supo de las peticiones fiscales para su hijo Jaime Alcido Fildo Rodríguez y su hermana Yaquelín Castillo: pueden ser condenados a 20 años de privación de libertad cada uno por salir a manifestarse el pasado 12 de julio en el barrio La Güinera, en La Habana.
Ambos aparecen separados, en los expedientes de fase preparatoria 145C-21 y 145D-21. No obstante, la petición fiscal es la misma para los dos, en tanto los acusan de sedición, un delito contra la seguridad interior del Estado. Al principio, a Yuneisy le dijeron que su hijo estaba acusado de desacato y desorden público, pero finalmente, la Fiscalía reacomodó expedientes y resolvió acusar de sedición a 43 personas que protestaron en ese barrio del municipio Arroyo Naranjo.
Callada… hasta hoy
“Muy mal que estamos todos en la familia por la situación en que están mi hijo y mi hermana. Mi niño nunca ha sido problemático. Y aun así el gobierno de este país le pide a cada uno 20 años, y yo estaba callada hasta hoy pero todo lo que tenga que decir, incluso delante de Díaz-Canel lo voy a hacer”, dice Yuneysi.
El propio expediente 145C-21 reconoce que Jaime, de 22 años, mantiene “normales relaciones con sus vecinos”, no ha sido “controlado ni objeto de llamada de atención en su comunidad”; así como tampoco le constan antecedentes penales.
Lo único que pesa sobre él para la potencial sanción es el hecho de haberse incorporado a un grupo de personas que se dirigían a la estación policial más cercana. La fiscalía llega a asegurar que se unió “con iguales propósitos de manifestarse violentamente y desconocer la autoridad de las instituciones oficiales, alterar el orden social constituido”. Añade como agravante la situación sanitaria por la COVID-19 y se asegura de mencionar el impacto de esta en la economía y maximizarlo, recurriendo una vez más al sempiterno argumento del “bloqueo económico, impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, que provoca escasez y limitaciones en la disponibilidad de alimentos, medicinas, energía eléctrica y otros bienes necesarios”.
Según la fiscalía, los manifestantes “aprovecharon para culpar al gobierno y que un sector de la población se sumara a los disturbios y justificar así su actuar violento y desmedido”.
“Inconformes con el desempeño de las autoridades, se armaron en el lugar de piedras, botellas de cristal y de forma no precisada se hicieron de gasolina y tela, con las que confeccionaron botellas incendiarias (cocteles molotov), las cuales arrojaron contra los efectivos del Ministerio del Interior, quienes realizaron un cordón de contención con el propósito de disgregar a la muchedumbre y evitar su avance, mientras los acusados con la firme convicción de lograr sus propósitos, mantuvieron su actuar violento, poniendo en peligro la vida de los oficiales y de otras personas que pudieran encontrarse próximo al lugar, así como interfirieron el tránsito vehicular y de peatones”, se puede leer en los expedientes.
De esa forma es que el órgano de justicia relata los hechos, como si el país entero no hubiera visto las imágenes de un civil abatido por uno de los disparos de la Policía. De no haber muerto en el acto, ese civil, Diubis Laurencio, también estaría acusado ahora de Sedición? ¿Como —si desde el día anterior el mandatario Díaz-Canel había hecho un llamado: “los revolucionarios a las calles”; y había dado la orden de combate— la Fiscalía puede afirmar que la violencia vino (solo) de los manifestantes?
Por cada exceso contra un hijo, se levanta una familia
Aquel lunes, cuando los manifestantes de La Güinera salieron a la calle, ya la orden de combate estaba dada. Tanto el hijo de Yuneisy como su hermana, la habían escuchado en Televisión Nacional. Sin embargo la Fiscalía insiste en acusar a los manifestantes de sedición y atribuirles una superioridad numérica ventajosa, aun cuando son los militares y no ellos los que iban con armas de fuego cargadas.
El expediente 145D-21 refiere que en horas de la tarde del 12 de julio Yaquelín se percató de que sucedía algo fuera de lo común, por lo que salió de su casa rumbo a la Avenida Güinera. Lo único en su contra que describe el documento es que en medio de la protesta en la que los manifestantes, con piedras y presuntamente con botellas se enfrentaban a los policías armados, gritó reiteradamente: ‘Tírenle, tírenle piedras’. Eso es suficiente para que la “justicia” la acuse de alentar y alimentar los ánimos de los participantes. Para la familia es, en cambio, un exceso.
Yaquelín y Jaime llevan ya tres meses separados de los suyos. Ella en la prisión de mujeres del Guatao; él en el Combinado del Este: “Yo estoy muy mal, mi mamá está muy mal y no voy a dejar que mi hijo se eche a perder su vida en una prisión. Además mi hermana tiene un niño menor de edad. Y otro preso que depende de ella. Todo esto es muy duro”, lamenta Yuneisy.
Dejó a la niña con dos meses y tiene ya casi seis
En el mismo barrio, a solo unas cuadras de distancia de Yuneisy, la joven madre Keylam Domínguez cuenta como desde el día 17 de julio su mundo se ha desmoronado. Ese día, a las siete de la mañana, la Policía fue a buscar a su esposo Frank Daniel Sotolongo, de solo 19 años: “el día que lo detuvieron yo estaba con él, le preguntaron su nombre y se lo llevaron. Primero a la estación del Capri. Luego lo trasladaron, no nos querían decir para dónde, pero luego nos dijeron que para el Cotorro. Fuimos y allí no estaba, al papá le subió la presión. Seguimos buscando y estaba en 100 y aldabó, hasta que lo trasladaron para Jóvenes de Occidente, donde me han dado una sola visita. Como tengo una bebé y las cosas están bien caras, yo le llevo a Frank lo que se pueda, aunque su papá también ayuda”.
Reconoce que desde que Frank Daniel fue detenido, ella la ha pasado bastante mal: “tenemos una niña que él la dejó con dos meses y tiene ya casi seis. Él nunca esperó que lo fueran a coger preso, todos pensaron que después de la protesta no iba a pasar nada. Yo padezco de los nervios y me han salido unos herpes por el estrés, me las he visto feas porque como quiera que sea él es el papá de mi niña y buscaba todo para ella, no es más difícil sin él”.
Hace solo unos días, Keylam recibió una noticia que empeora la situación de su familia. A Frank Daniel lo acusan de sedición y le piden una sanción de 15 años de privación de libertad. “No estoy de acuerdo con su petición. El abogado me dice que está indignado por la petición fiscal y que lo va a defender bien, que va a hacer todo lo posible por que no tenga que cumplir todos esos años. El proceso ha sido lento, el abogado nos ha dicho que esto es de esperar, ha presentado los cambios de medida y los negaron todos. Entonces tuvo que hacer una reclamación a Fiscalía pero dijeron que lo pasaron a fiscalía provincial hasta el juicio, que será en diciembre o enero”.
Mi hijo no violó, no asaltó, no apuñaló a nadie
Para Servilia Pedroso no ha sido tan distinto. Su hijo Eloy Bárbaro Cardoso, de solo 18 años, quien también se manifestó el 12 de julio en La Güinera, está sujeto ahora a una petición fiscal de 15 años de privación de libertad: “¿Cómo es posible que aquí en Cuba a un joven estudiante de 18 años le pidan 15 años? ¡15 años! Se dice fácil pero no lo es. Mi hijo no violó, no asaltó, no apuñaló a nadie. ¿Cómo le están pidiendo 15 años de cárcel? Así es la justicia en Cuba, mi país; lamentablemente es así. Esto es una falta de respeto”, denunció en sus redes sociales. Aunque el Código Penal establece adecuaciones que disminuyen las condenas a menores de 21 años, en estos casos es evidente el extremismo, con fines ejemplarizantes, que marca la ruta de las peticiones fiscales. Por si fuera poco, hasta ahora, a raíz de las protestas del 11 y 12 de julio, han detenido a 128 personas en edades entre 14 y 21 años; de ellas siguen en prisión 60.
“Esto no puede ser. Para nadie. Esto es lo más grande. ¿Cómo les van a pedir toda esa cantidad de años? Mis hijos se me van a volver locos. No puedo creer que esos perros les pidan esa salvajada de años”. Así reacciona Emilio Román al enterarse de que a sus tres hijos pretenden imponerles sentencias de 15, 20 y 25 años respectivamente.
Yosney, de 25 años, y Emiyoslán, que cumplió los 18 en prisión el pasado 8 de agosto, están siendo acusados como parte de un grupo de 23 personas, según el Expediente de Fase Preparatoria número 145C-21, al que tuvimos acceso. Tanto Yosney como Emiyoslán son tratados en el documento como “autores de un delito de sedición previsto y sancionado en el artículo 100- a) del Código Penal”, y se enuncia que aplica para ellos la “agravación extraordinaria de la sanción”. En el caso de Emiyoslán y otros seis jóvenes de entre 17 y 19 años, la fiscalía aplica la regla especial de adecuación prevista en el artículo 17.1 del Código Penal, que debería rebajar sus condenas.
Por otro lado, a Mackyani Román, de 23 años, (y a otros 8 manifestantes) buscan sancionarlos a 25 años de privación de libertad. En los expedientes hay, además, peticiones de hasta 27 años. Como denunció el grupo de trabajo Justicia 11-J, “la fiscalía provincial de La Habana ha comenzado a utilizar el delito de sedición con una connotación política para enjuiciar a jóvenes de Arroyo Naranjo (La Güinera y Mantilla) y de 10 de Octubre, que participaron en las protestas el 11 y el 12 de julio”. No les perdonan que hayan perdido el miedo.
Texto publicado originalmente en Diario de Las Américas.
