En la mañana del miércoles 15 de enero se inició el proceso de excarcelación de personas privadas de libertad que había sido anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) en la tarde del martes 14.

Mientras el régimen de La Habana dijo que serían liberadas “553 personas sancionadas por delitos diversos”, comunicaciones de la Casa Blanca afirmaron que en Cuba iniciarían liberaciones de prisioneros políticos, a partir de un entendimiento que comprendía al Estado cubano, la Iglesia Católica y la administración estadounidense encabezada por Joe Biden.

En la noche del jueves 16 de enero, instancias del Tribunal Supremo Popular informaron en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana que, como parte del proceso, habían sido beneficiadas 127 personas de todas las provincias del país, 121 con libertad condicional y 6 con licencias extrapenales. Sin embargo, hasta el 18 de enero en la mañana, no se había hecho de dominio público la lista de personas beneficiadas y por beneficiar.

El monitoreo de excarcelaciones y otorgamiento de beneficios iniciado por Justicia 11J el propio día 14 indica que las autoridades de la justicia cubana no están otorgando libertad inmediata e incondicional a las personas reclusas sino que se trata de licencias extrapenales y libertades condicionales entregadas de manera paulatina; en algunos casos se ha beneficiado a personas que ya estaban en sus hogares bajo licencia extrapenal. Además, se ha conocido que se están ofreciendo beneficios penitenciarios a personas reclusas encarceladas por delitos comunes.

Ello no solo representa un duro golpe a la sociedad civil y las personas presas políticas y sus familias, sino que pudiese constituir una violación a los compromisos adquiridos con los mediadores internacionales, a los que se prometió que se liberaría a “un número sustancial de prisioneros políticos”, según dijo la Casa Blanca.

Además, la falta de transparencia sobre las personas que serán beneficiadas como parte del proceso ha ocasionado desestabilización en la sociedad civil y en las propias personas privadas de libertad y sus familias y amistades. Justicia 11J ha visto múltiples denuncias públicas y mensajes que muestran el daño colateral de este proceso y los altos niveles de tensión, asociada a la incertidumbre.

Para contrarrestar la desinformación y opacidad del régimen, Justicia 11J ha proporcionado información a medios de comunicación, organizaciones internacionales y actores independientes preocupados por el desarrollo del actual proceso de otorgamiento de beneficios, y ha publicado información sobre procesos penales de las personas favorecidas.

La información proporcionada y analizada es únicamente la que esta organización ha logrado verificar. Nuestra data ha sido obtenida de distintas fuentes, que comprenden: familiares de personas privadas de libertad por razones políticas y activistas y periodistas independientes en el terreno. Hemos verificado información vista en redes sociales, de fuentes primarias y de otras organizaciones de derechos humanos. A todas las partes implicadas en la búsqueda, publicación y verificación de informaciones, ¡muchas gracias!

Para complementar nuestro trabajo público hasta aquí, y hacer más expedito el acceso a nuestros contenidos, hemos creado la presente plataforma de navegación, de actualización diaria, a través de la cual se podrá visualizar de manera más precisa la magnitud de la injusticia a la que han sido sometidas las personas presas políticas y sus familias.

*Una misma persona puede presentar más de una vulnerabilidad.