Por Camila Rodríguez y Salomé García
El 15 de noviembre Yudinela Castro vistió de blanco y, como expresó en redes, también habría salido a caminar en respaldo a la convocatoria de Archipiélago si, desde la noche anterior, el jefe de sector no le hubiera notificado que no se le permitiría. Para asegurar que no burlara esta disposición, desde el 14 de noviembre Yudinela tuvo fuera de su casa vigilancia policial. Así, las fuerzas represivas de la Seguridad del Estado se aseguraron de que el cumpleaños 18 de su hijo, recién vivido la jornada anterior, no fuese celebrado pidiendo nuevamente, a voz en cuello, “libertad”.
Yudinela es la madre de Rowland Castillo; padre, a su vez, de un niño de 2 años y campeón provincial de lucha libre, por Diez de Octubre, con varias medallas de oro en competencias locales. Para ella, los logros de su hijo han sido alegrías inmensas, a pesar del dolor que le ha provocado la separación a la que su familia ha debido someterse a causa del régimen becado que requiere la disciplina deportiva que Rowland eligió.
Yudinela Castro, paciente de leucemia sometida a más de una decena de intervenciones quirúrgicas, ha sufrido la violencia económica e institucional que ejerce el Estado cubano sobre las madres solteras que no tienen acceso a la vivienda. Desde que Rowland nació, han vivido en albergues y hace tres años “ocuparon” un consultorio en el reparto Mantilla, de donde la policía les ha amenazado con desalojarles por la fuerza. Por este motivo ha sido detenida y multada en varias ocasiones. Actualmente, está a cargo del cuidado de su nieto.
Ningún dolor, sin embargo, ha sido más grande que el de saber a su hijo tras las rejas, a raíz de su participación en las protestas de julio. Rowland estaba inicialmente acusado de desórdenes públicos y atentado. El día que entregaba un recurso de súplica de madre en la Fiscalía Provincial, Yudinela recibió la noticia de que, desde el 1 de octubre, cuando todavía Rowland era menor de edad, la fiscal de La Habana, Liliam Fernández Berro, había firmado una petición de sanción a 23 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, la mayor solicitada entre los 11 niños que enfrentan este cargo. Todavía no se conoce la fecha de juicio.
Yudinela y Rowland.
Según consta en las conclusiones provisionales del EFP No. 143/2021 del Órgano Especializado de Investigación Criminal de los Delitos Comunes, radicado por los delitos de sedición y hurto, Rowland será procesado en la Sala de lo penal de los delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Ello, en virtud de que, durante la tarde del 11 de julio, formara parte del grupo de jóvenes que impactaron y volcaron las patrullas 1024, 388, 162, una moto del Ministerio del Interior y los autos Lada de color rojo, con matrículas M003013 —del Ministerio del Interior— y B205585 —asignado a la vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular Cerro—, convirtiéndose en protagonista de una de las escenas más representativas del desafío al poder el 11J.
La narración de los hechos en el expediente confirma la intención iconoclasta de la acción al señalar que Rowland, otros jóvenes identificados “y varias personas desconocidas” decidieron arremeter con piedras, botellas y palos contra los vehículos, por identificarlos como la representación de “la tranquilidad, el orden y la disciplina social que caracterizan al pueblo cubano, por lo misma [sic] de mantener el orden público y proteger a los ciudadanos cubanos y sus derechos”. Es decir, no había intención de dañar cualquier propiedad pública, sino específicamente los vehículos de los represores.
Los derechos ciudadanos a la libertad de expresión, reunión y asociación, sin embargo, fueron violados ese día desde el momento en que la manifestación que se iniciara en el cine de Mantilla, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, fuera interrumpida en varios tramos del recorrido por cordones policiales y grupos de agentes paraestatales que lanzaban piedras y disparos hacia la masa de manifestantes que descendía por las calzadas de Managua y Diez de Octubre en dirección al centro de la ciudad. Al momento del enfrentamiento en la esquina de Toyo, el expediente de investigación indica que el grupo de manifestantes estaba integrado por más de 200 personas, “aproximadamente a las 18:00 horas”. La “orden de combate” de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llamando a un conflicto civil, se transmitió en la televisión nacional aproximadamente a las 15:30 horas.
Yudinela no niega la participación de su hijo en la protesta, junto al grupo que marchó desde el Cine Mantilla. El propio Rowland no se arrepiente de su implicación en estos hechos, como ha declarado su madre a Diario de Cuba:
“Al llegar al primer cordón policial que impedía el paso en el Café Colón, mi hijo le dijo a un policía que lo dejara pasar. Este se negó de manera rotunda e intercambiaron palabras fuertes. El policía le roció gas en la cara y mi hijo cayó al piso, tuvieron que echarle agua para reanimarlo. Una vez se recuperó, su ira creció y los gritos contra Díaz-Canel y el sistema no pararon hasta el enfrentamiento que hubo en Toyo.
[…] La instructora me dijo que él es confeso, porque mi hijo no se arrepiente de haberle tirado piedras a la policía e intentado volcar un carro patrullero, además de que siempre ha dicho que no le gusta el sistema y las cosas que pasan en Cuba”.
Sin embargo, ella no deja de cuestionar las arbitrariedades de un sistema que, además de impedirle en varias ocasiones acceder a información oportuna acerca del paradero de su hijo y los motivos y condiciones de su detención, lo juzga omitiendo la responsabilidad de los agentes estatales y paraestatales por la violencia desatada. A la vez, no deja de resultarle injusto que se le fabrique un perfil delictivo entre los más severos según el Código Penal vigente, a raíz de una supuesta matriz política y en contra la Seguridad del Estado asociada a sus acciones, mientras los medios oficiales presentan y justifican a los agentes policiales en calidad de víctimas de la jornada[1].
Rowland fue detenido violenta y arbitrariamente el 16 de julio, saliendo de casa de un amigo, mientras pasaba unos días en casa de su padre en Diez de Octubre. Fue trasladado a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Diez de Octubre, en Aguilera y avenida Acosta. Cuando Yudinela acudió a la estación a obtener información sobre su hijo, fue maltratada. Junto a Yanaisy Curbelo, amiga del padre de Rowland y madre de Brandon David Becerra, también de 17 años y detenido el mismo día, pasó toda la noche escondida en un callejón cercano, a la espera de noticias y bajo amenazas de ser multada y arrestada, pues aún había toque de queda por la pandemia.
Al día siguiente, conocieron por otros jóvenes excarcelados que ambos niños habían sido trasladados al Departamento Técnico de Investigaciones en 100 y Aldabó en horas de la madrugada y sin su conocimiento ni consentimiento. Allí, Rowland contrajo sarna y, luego de ser trasladado a la Prisión de Jóvenes de Occidente, en el Guatao, se infectó con dengue.
Audio de Yudinela.
Yanaisy Curbelo da fe de la violencia excesiva desatada en Diez de Octubre. La vivió mientras buscaba a su hijo por las calles que acogieron la manifestación, inicialmente pacífica. Brandon David, procesado en el EFP No. 143/2021, lleva casi cuatro meses en la Prisión Jóvenes de Occidente, habiendo superado ya un contagio de COVID-19, donde espera un juicio por el que puede ser sentenciado a 18 años de privación de libertad. Fue detenido frente a su hermano de 13 años, también violentado, que teme que se lleven a su madre por seguir reclamando justicia.
[…] Aquí la manifestación y los muchachos venían de Mantilla, de La Güinera, tranquilos, pacíficamente. Ellos venían gritando “patria y vida”, cantando, contentos. Pero el presidente dio esa orden y mira, eso fue catastr[ófico] […] Yo venía con una niña, que le había hecho el favor a una amiguita de buscársela en el cuido y yo tuve que tirarme para un portal porque venía la policía tirando tiros. No balas salva, tiros, y piedras, cambolos, contra niños, contra mujeres, contra todo. Aquí la agresividad la comenzaron ellos. Pero no hay un video en que te pongan a un niño “manifestándose agresivamente”, en que salga un policía; todo eso lo cortan.Aquí soltaron a los perros […]. Les enchuchaban los perros a la gente y las madres con niños corriendo, metiéndose en cualquier casa. Los perros. El hombre ese demente, él vive al frente de mi casa, subieron a la azotea y lo mataron a golpes. Esa parte ellos no la cuentan… Cuando yo vi eso, que empecé a llamarlo, que no había conexión, que no había cobertura, que no había nada, salí como loca a buscarlo por Diez de Octubre, pero no lo encontré. Recogí a la niña que iba a recoger, viré para mi casa y momentáneamente ya él apareció. Pero eso era horrible, yo tuve que correr cuadras de cuadras, porque la multitud de la policía, y todo el mundo corriendo y la policía con pistolas en la mano, disparando. Se sienten los tiros […] Eso fue horrible”.
Audio de Yanaisy.
Yanaisy es otra de las madres que han preferido denunciar en busca de justicia y que, en consonancia, han participado activamente en la Jornada Cívica por el Cambio (14-27 de noviembre). Tanto ella como Yudy no solo han apoyado las iniciativas propuestas por Archipiélago para el 15N, sino que han ideado sus propias maneras de unirse en protesta por la libertad de sus hijos. En la tarde del 22 de noviembre inició, junto a Yudinela, un ayuno voluntario de 24 horas, convocado por Bárbara Farrat Guillén, quien también debió permanecer dentro de su hogar bajo vigilancia policial por varios días consecutivos previos a la marcha.[2]
En la mañana del 15, para Bárbara era importante salir de su vivienda no solo para secundar la protesta pública convocada por Archipiélago como parte de la Jornada Cívica por el Cambio, sino también para buscar alimentos que llevaría a su hijo durante su próxima visita a la Prisión de Jóvenes de Occidente —donde también permanecen bajo medida cautelar de prisión provisional Rowland y Brandon.
Bárbara es la madre de Jonathan Torres Farrat y ha sido conocida por sus denuncias constantes de las arbitrariedades que han rodeado el caso de su hijo en redes sociales. Con 17 años, Jonathan padece de hipertensión arterial por hipertrofia del ventrículo izquierdo y durante su presidio ha sufrido de otitis. Ante la negativa de los oficiales de los distintos centros de reclusión por los que ha transitado a que su hijo reciba los medicamentos para su tratamiento, como forma de protesta, Bárbara ha manifestado su intención de interrumpir su propio tratamiento de VIH.
A Jonathan, aún sin petición fiscal y a quien acusan de tirar una piedra durante las protestas en Toyo, le han negado en seis ocasiones un cambio de medida cautelar desde su detención el 13 de agosto, en su propia vivienda. Tampoco le autorizaron un pase para inscribir a su bebé recién nacido el 27 de octubre, actualmente al cuidado de Bárbara.
Rowland, Brandon y Jonathan son solo tres de los al menos 14 niños que continúan detenidos por las protestas del 11 de julio. De acuerdo con los subregistros de Justicia 11J y Cubalex, 45 menores de 18 años han sido detenidos desde entonces y 11 de ellos enfrentan cargos por el delito de sedición. Algunos estuvieron en desaparición forzada y sujetos a malos tratos, como fue el caso de Christopher Lleonart Santana (14 años), quien estuvo privado de tratamiento médico para su padecimiento psiquiátrico, o de Gabriela Zequeira (17 años), quien denunció las torturas sexuales sufridas durante su reclusión en la Prisión de Mujeres de Occidente; ambos ahora en libertad. Gabriela es una de las tres niñas que fueron sometidas a procesos judiciales sumarios en los días posteriores al estallido y, luego de las presiones en las redes sociales y en medios de prensa internacionales, excarceladas con cambio de medida.
El día 20 de noviembre, mediante un breve comunicado en Twitter, la representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en América Latina expresó su preocupación por los reportes de detención de niños y niñas en Cuba e hizo un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionen información sobre ellos. También cuestionó la existencia de normativas jurídicas —como la cubana—, a partir de la cual menores de edad son considerados como responsables ante la ley.
Efectivamente, aunque estas actuaciones se adecúan al marco jurídico cubano, que establece la edad mínima para la responsabilidad penal en 16 años, constituyen una violación de la Convención de los Derechos del Niño —firmada y ratificada por Cuba—, entendiendo al niño como “todo ser humano menor de 18 años de edad”.
En virtud de esta definición, la Convención exige a los Estados que “ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente” o “sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, que se asegure la presunción de inocencia, el acceso a la información sobre sus cargos y que la causa sea dirimida sin demora por tribunales imparciales; además de la presencia de los padres durante los interrogatorios y la comunicación frecuente con familiares.
La reclusión de los menores en las condiciones de las cárceles cubanas conlleva la violación de otros derechos de los niños. Asimismo, se han denunciado violaciones de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, que determinan, por ejemplo, que los menores no deben permanecer en detención junto a adultos que ya han sido juzgados. Se les debe proveer de los artículos indispensables para el aseo personal, así como vestimenta y ropa de cama limpia, una alimentación de buena calidad y el acceso regular a servicios médicos; la violación de estos derechos supone una sobrecarga económica para las familias. Se ha denunciado, además, que los niños han sido forzados a trabajar, sin remuneración y sin derecho a escoger el tipo de trabajo que desean realizar.
Las Naciones Unidas reconocen en diferentes convenciones, protocolos y resoluciones que las mujeres y los niños son particularmente afectados en situaciones de conflictos; incluso en aquellos no armados (perturbaciones internas, lucha civil prolongada y de baja intensidad, conflictos políticos, violencia étnica y comunitaria, estados de emergencia y represión de los levantamientos en masa), que pueden dar lugar a graves violaciones de derechos humanos, como son las desapariciones forzadas.[3]
Asimismo, recomiendan que se utilice una definición amplia y completa de “víctima”, que no distinga entre directas e indirectas, reconociendo como tal a los familiares de los desaparecidos.[4] Se deposita, además, especial énfasis en las reparaciones, sobre todo en el caso de las torturas y violencias sexuales, y se reconoce el papel de las mujeres “en el contexto de la sociedad civil organizada como defensoras de los derechos humanos, como miembros de los movimientos de resistencia y como agentes activos en los procesos de consolidación de la paz”.
La protesta, para las madres de estos niños detenidos, se ha convertido en la única vía para exigir el respeto de los derechos de sus hijos y los suyos en calidad de tutoras. Tal y como plantean recomendaciones internacionales con perspectiva de género, en situaciones de conflicto “las mujeres no son espectadoras ni meras víctimas u objetivos”,[5] sino que suelen asumir roles de liderazgo, ya sea como cabezas de familia, conciliadoras y/o líderes políticas, no sin enfrentar silenciamiento y marginación en sus luchas.
Desde las prisiones, mujeres activistas como Lisandra Góngora, Mailene Noguera, María Cristina Garrido y las hermanas Lisdani y Lisdiany Rodríguez, casi todas madres, acusadas de diferentes delitos por participar en las manifestaciones del 11 de julio, han transmitido mensajes de firmeza en sus posturas en contra del Gobierno. Estos gestos han sido castigados con torturas físicas y aislamiento en celdas de castigo.
Existe, además, una tradición histórica y transnacional ampliamente documentada de mujeres, sobre todo madres, que se articulan en la búsqueda de verdad y justicia para sus familiares. Aunque los movimientos más conocidos, como las Madres de Plaza de Mayo y otros que han seguido este modelo,[6] se han gestado generalmente en torno a las víctimas de desapariciones forzadas, hay otros también de especial relevancia con un activismo en favor del acceso a la justicia para los presos políticos: el Movimiento Democrático de Mujeres, surgido en España en 1965; el movimiento de las Madres del 22 de enero (años 80) y la Asociación de Madres de Abril (2018) en Nicaragua; y en Cuba, el Comité de Madres Leonor Pérez (años 90), precedente de las actuales Damas de Blanco (2003); una agrupación de mujeres que, mientras aboga por los derechos y visibiliza las violaciones de los derechos de sus familiares en detención, reclama también el derecho a su propia existencia y expone un registro propio de violaciones políticas con sesgo de género.
Precisamente debido a los estigmas sociales asociados al presidio político, considerando en particular la responsabilidad de las madres en la crianza de sus hijos, es imprescindible acompañar a estas mujeres en sus demandas de justicia. Tanto la separación forzosa de los menores como el posible rechazo de la comunidad y de la familia pueden tener graves repercusiones y derivar en traumas psicológicos y emocionales a las madres; en su mayoría de escasos recursos económicos, prácticamente nula formación política y un incipiente conocimiento de sus derechos, garantizados, más allá de las instituciones locales, por un régimen de derecho internacional. El empoderamiento de este tipo de iniciativas requiere de tiempo y compromiso.
Liberar a los presos: discursos e iniciativas cívicas
Las primeras semanas después del estallido del 11J los reclamos en las redes sociales por las personas desaparecidas y detenidas ocuparon un espacio predominante. Incluso se generaron microcampañas para la liberación de personas de algunos gremios, y otros casos que resultaron mediáticamente atractivos. Este espacio pasaría a ser ocupado desde septiembre a noviembre casi exclusivamente por la propuesta de la Marcha Cívica por el Cambio, que capitalizó una parte considerable de los esfuerzos comunicativos y de movilización de diversos grupos de la sociedad civil.
En una lectura crítica del saldo del 15N, el jurista Eloy Viera Cañive y el politólogo Armando Chaguaceda señalaronrecientemente:
“A Archipiélago, como movimiento, le faltó incidencia y estrategias comunicativas efectivas para implicar a los familiares de los más de 600 presos políticos cubanos. Archipiélago no logró que quienes tenían la mayor capacidad y autoridad —por razones humanas y no necesariamente políticas— para marchar, marcharan. Más allá de la familia de Andy García en Santa Clara, no trascendieron muestras de apoyo público de quienes debieron haber sido ganados en primera instancia”.
Esta mirada, sin embargo, ofrece un acercamiento parcializado a la realidad de lo acontecido con las familias de los manifestantes del 11J en el contexto de la Jornada Cívica por el Cambio, cercano a opiniones sesgadas lanzadas en las redes sociales con tono enjuiciador: “el pueblo abandonó a Archipiélago”, “las madres son las primeras que deberían salir”, “dónde están los familiares de los presos políticos”.
En el marco específico de la Jornada Cívica por el Cambio, Bárbara, Yudinela, Yanaisy y otras familiares de jóvenes en detención (las madres de Luis Armando Cruz Aguilera, Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, Yordan Manuel Escobar Machín, Ángel Jesús Veliz Marcano, o la hermana de Dixan Gaínza Moré, entre otras), que respondieron a la convocatoria de Archipiélago, no recibieron muestras de solidaridad desde la plataforma, a pesar de que la iniciativa decía velar por sus derechos y estar en sintonía con sus demandas, y de que ellas también asumieran los riesgos de la convocatoria y la amenaza de la policía política y los aparatos represivos de la Seguridad del Estado. En su lugar, sus acciones —en el marco de la Jornada y antes— han sido respaldadas y acompañadas por la prensa independiente, con escaso seguimiento de la prensa internacional, y por activistas e iniciativas de la sociedad civil[7] cuyos alcances son insuficientes para responder a las necesidades contextuales.
Lo cierto es que a Archipiélago no solo le faltó incidencia comunicativa para implicar a los familiares de los presos, sino que la gestión de la plataforma con relación a los presos políticos, al menos hasta el 15 de noviembre, no trascendió lo meramente nominativo. A pesar de que su libertad era una de las demandas centrales de la Marcha Cívica por el Cambio y de las acciones individuales de algunos de sus moderadores, que son expresos del 11J (Daniela Rojo, Leonardo Fernández Otaño, Raúl Prado, Iris Mariño, Javier L. Mora y el mismo Yunior García Aguilera), no existe una línea que dé cuenta de la gestión grupal por la liberación de los presos políticos o la visibilización de sus casos.
Ya sea por la necesidad de concentrar esfuerzos individuales y grupales en la supervivencia al linchamiento mediático y al hostigamiento a los organizadores y firmantes de la Marcha, así como en acciones de defensa de la plataforma, en las comunicaciones oficiales de Archipiélago los más de 600 manifestantes del 11J que continúan en detención no han pasado de ser una población anónima, sin rostro y sin historia de vida.
Hasta hoy, solo es posible contar una acción grupal dedicada al acercamiento con los familiares de los presos políticos con el objetivo de visibilizar sus experiencias: la celebración del espacio de debate El Ágora, correspondiente a la tarde del 10 de septiembre en el que fue presentado un mensaje de voz —previamente grabado— de la madre de Jonathan, Bárbara Farrat, en el que expresaba su voluntad de participar en movilizaciones para reclamar públicamente la libertad de su hijo.
Audio de Bárbara.
De este modo, la causa de los presos no solo dejó muy pronto de formar parte de la agenda de la plataforma, sino también de otros actores y espacios de incidencia en extremo necesarios como aliados en la campaña por su liberación, incluida la prensa extranjera. Incluso, los propios medios estatales de difusión dejaron de sentirse presionados para responder a la sociedad civil sobre los procesos judiciales (sumarios y ordinarios) que han seguido desarrollándose en el país desde que informaran, por última vez, el 18 de agosto, que habían sido juzgadas 67 personas en procedimientos sumarios, una vez que desplazaron el foco de su atención hacia una nueva área de interés y relevancia nacional.
Por otro lado, las contradicciones discursivas con respecto a los manifestantes de julio por parte de la plataforma Archipiélago se han sucedido, con un alto costo, simbólico y real, desde el momento en que se formalizaron las ideas de la realización de la Marcha Cívica por el Cambio y de la creación de la propia plataforma Archipiélago, días después del intento fallido de Yunior García y Silvio Rodríguez de impulsar una amnistía para los manifestantes “que no fueron violentos”.
Aun cuando se proclamaba en defensa de “todos los derechos de todos los cubanos” y por “la libertad de los presos políticos”, la convocatoria activó polarizaciones con el establecimiento de contraposiciones a partir de criterios como “organizado/correcto” para la protesta de noviembre, frente a los de “espontáneo/incorrecto” de las manifestaciones de abril en San Isidro y en la calle Obispo, y de julio en todo el país. La notificación a instancias del Gobierno de la realización de la Marcha podía insinuar que se intentaba rectificar o enmendar un supuesto proceder —errado— de la propia sociedad civil, relacionado con una ausencia de criterio organizacional de la protesta.
Otras comunicaciones de Archipiélago, consciente o inconscientemente, han contribuido a reforzar el discurso oficialista que ha presentado como “disturbios” las protestas de julio, acercándose así a los esquemas criminalizadores históricos fundamentados en la moral socialista,[8] más que a un carácter libertario. Una muestra es el “Decálogo de conducta cívica”, firmado en conjunto con el Consejo para la Transición Democrática, que priorizaba difundir “la importancia que tiene para la vida civilizada el respeto a la integridad de los bienes públicos del país” y calificaba los actos de defensa propia ante la represión policial como no “positivos”, no “respetuosos” e incluso, como “una provocación de los impotentes”.
Aunque sin tal pretensión, estas comunicaciones reforzaban la imagen de vandalismo y marginalización con que el Estado,a través de sus medios de propaganda, se ha referido al estallido; la misma que ha permeado la construcción, por parte de la Fiscalía, de los perfiles criminales de los manifestantes, como se evidencia en el ya mencionado EFP No. 143/2021:
El acusado ROWLAND JESÚS CASTILLO CASTRO es natural de La Habana, hijo de Yudinela Caridad y Ángel Rolando, con No de CI [RESERVADO], 17 años de edad, vecino de [RESERVADO], municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se encuentra cursando el segundo año del curso atleta de la Escuela Provincial de Educación Física Manuel Fajardo Rivero, mantiene muy pocas relaciones sociales en el barrio, se le ha visto reunirse con individuos que por la manera de vestir desordenada y de comportarse guaposa y grosera, con un lenguaje vulgar denotan hacer elementos antisocial [sic] y se le conoce problemas de riñas y de alteraciones del orden fuera del lugar de residencia. No le constan antecedentes penales.
Si bien la propuesta de Archipiélago ha demostrado su valía en una sociedad que aspira a la pluralidad y al empoderamiento de la sociedad civil, la convocatoria a una pretendida manifestación “legal”, a menos de tres meses de una que había sido ya deslegitimada y criminalizada,[9] no solo se podía entender entonces como antítesis del estallido del 11J, sino que, en lugar de alejar los sentidos depositados por las instancias del poder en torno a estas protestas, los reafirmó, descalificando a los manifestantes.
Ahora que Yunior García Aguilera, impulsor principal de la Marcha, está sosteniendo conversaciones con autoridades del Estado español y ante un posible escenario de intercambio de presos que se pudiera gestionar desde el exterior de Cuba —solución a la que ha recurrido el régimen una y otra vez para resolver conflictos políticos que se tornan diplomáticos—, no serían beneficiadas ninguna de las personas vinculadas a momentos violentos de las protestas. Incluso organizaciones internacionales de defensa de derechos civiles, como Amnistía Internacional, nunca reconocerían a Rowland, Brandon y Jonathan como “presos de conciencia”; en tanto constituye un requisito fundamental que los presos no hayan “abogado por la violencia”.
La gestión de la liberación de las personas detenidas en circunstancias violentas queda entonces en manos de la sociedad civil cubana; empezando, necesariamente, por pasar por encima de concepciones elitistas y racistas que configuran la base misma del poder, ese que instrumentaliza a las personas racializadas y a las más empobrecidas para sus actos de repudio, sus Brigadas de Respuesta Rápida y sus dispositivos de vigilancia barrial.
En tal escenario, Archipiélago y las articulaciones creadas en torno a la plataforma pueden aportar apoyos imprescindibles para la causa de la liberación de los manifestantes de julio; así como de las personas que continúan detenidas y ya han sido condenadas en juicios sumarios por su participación en el 15N, y del resto de los presos políticos. Pero la propia plataforma debería asumir críticamente que no puede aspirar a liberar a los presos reforzando la narrativa que los criminalizó en primer lugar.
Una más coherente evaluación de beneficios y costos de las acciones, así como del carácter probado y profundamente represivo del régimen, serviría a responder mejor al panorama desolador que enfrentan hoy los cubanos. Un escenario interno marcado por la desmovilización de actores de la sociedad civil y una estela de víctimas de una gran variedad de acciones represivas desplegadas en torno a moderadores y organizadores de Archipiélago, firmantes y simpatizantes con la Marcha y las otras actividades pensadas como parte de la Jornada Cívica por el Cambio, activistas, periodistas, defensores de DD. HH., opositores políticos, manifestantes excarcelados de julio y familiares de detenidos.
Una estrategia posible sería la de impulsar una iniciativa legislativa popular que puje por la liberación de los presos políticos en acompañamiento a sus familiares, como ha planteado el jurista Eloy Viera. La consolidación de esta propuesta implicaría colaboración mancomunada de un gran conjunto de actores de la sociedad civil, en virtud de lograr las diez mil firmas necesarias para viabilizarla, así como para conseguir un texto que responda a las necesidades de las víctimas y al contexto nacional marcado por la represión, incluso de las acciones que recurren al marco institucional.
El acceso a la información relativa al número de personas detenidas en relación con las protestas de orden político en el país y a los registros de carácter público de los centros penitenciarios y los tribunales provinciales, sería el inicio de una ruta mínima que conduzca al archivo definitivo de todos los expedientes abiertos y las actuaciones con sentencia firme, al sobreseimiento libre y total de todos los procesos que estén en manos de la Fiscalía o los tribunales, e indulto para las personas condenadas por delitos politizados, incluso antes del 11 de julio. Asimismo, esta propuesta de ley debería prever escenarios futuros para la búsqueda de justicia reparativa y garantías de no repetición, que llevarían al enjuiciamiento y sanción de los responsables de incitar y ejercer la violencia, el uso de la fuerza y las armas de fuego, así como la práctica de desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el contexto de las protestas políticas en el país y las oleadas represivas que las rodean.
En paralelo, y aprovechando el capital político de una comunidad cubana exiliada en acelerado crecimiento, se podrían impulsar demandas de sanciones individuales por parte de organismos internacionales desde un enfoque multilateral con el propósito de revertir la sensación de impunidad de las familias ante los funcionarios —incluidos jueces y fiscales—, así como a las instituciones que ejecutan la represión del ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y asociación, ya sea por vías militares o penales, siguiendo los mandatos del Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Estado.
Cada vez es más necesaria la incidencia positiva en la sociedad civil, no solo con motivo de lograr la liberación inmediata de quienes viven en reclusión por demostrados motivos políticos, sino de generar empatías que destierren concepciones polarizadas que nos llevan a la inacción. Antes de volver a aspirar a la movilización popular en los espacios públicos, es prioritario reposicionar a las personas presas y sus familias —sobre todo a los menores y sus madres—, así como el carácter de las condenas y de los procesos de judicialización, en el centro de las conversaciones nacionales. Los presos políticos en Cuba no son solo un problema de agendas políticas y focos mediáticos; son la cristalización de la apatía nacional.
Notas:
[1] El testimonio de los oficiales de la PNR Carlos Rafael Mengana García y Yarisel Camacho Gutiérrez, tripulantes de la patrulla 388, fue trasmitido en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana (https://www.youtube.com/watch?v=tlkeJcDN56w).
[2] La reclusión domiciliaria forzada y arbitraria, es decir, sin que medie una orden judicial, es un procedimiento común a través del cual el Estado cubano ejerce la violencia política con sesgo de género y de la que han sido víctimas en el último año la historiadora del arte Carolina Barrero; la escritora Katherine Bisquet; la artista Camila Lobón; las periodistas independientes Iliana Hernández, Luz Escobar y Camila Acosta; y la artista del Movimiento San Isidro Yenisleydis Borroto (Áfrik Reina) —madre soltera de un niño de 3 años y víctima también de desalojos sistemáticos—, quienes defienden opiniones políticas en espacios cubanos e internacionales que han puesto en riesgo la monolítica narrativa nacional.
[3] Recomendación general núm. 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos (2013), en https://www.refworld.org.es/publisher,CEDAW,,,52d9026f4,0.html.
[4] Observación general sobre las mujeres afectadas por las desapariciones forzadas, aprobada por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su 98º período de sesiones (31 de octubre a 9 de noviembre de 2012), en https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC/A-HRC-WGEID-98-2_sp.pdf.
[5] Recomendación general núm. 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos (2013), en https://www.refworld.org.es/publisher,CEDAW,,,52d9026f4,0.html.
[6] Centro Internacional para la Justicia Transicional (2015). “Las desaparecidas y las invisibles: Repercusiones de la desaparición forzada en las mujeres”. https://www.hhri.org/es/publication/las-desaparecidas-y-las-invisibles-repercusiones-de-la-desaparicion-forzada-en-las-mujeres/
[7] Campañas como Donde tú caes yo te levanto (Movimiento San Isidro) y Te presto mi voz, no solo han ayudado a visibilizar casos, sino que han acompañado económicamente, sobre todo en función de permitir la comunicación entre los familiares y las personas que permanecen en reclusión y la confección de módulos de aseo y alimentación para llevar a las prisiones. Asimismo, organizaciones como Inteligencia Ciudadana, Cubalex, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders han acompañado legalmente a las familias, extendiéndose en otros casos la ayuda hacia el acompañamiento emocional y espiritual, a lo que se ha dedicado la Conferencia Cubana de Religiosas-os (Concur). Por otra parte, la visibilización y denuncia de casos en grupos de Facebook como Desaparecidos #SOSCuba y Madres y familiares del 11J ha sido significativa en momentos previos, y poco a poco va retomando protagonismo en redes.
[8] Las personas criminalizadas a raíz de las protestas del 11J responden a una tradición histórica en la Cuba comunista de los Castro, con antecedentes teóricos en la República y la colonia. Podemos remitirnos a los ocho prototipos presentados por Thelvia Marín en su libro Condenados: del presidio a la vida, en un estudio sociológico de la población penal del Presidio Modelo de la Isla de Pinos. En el prólogo, Julio Riverend los resume en “un abigarrado y exhaustivo desfile de toda clase de delincuentes: los ladrones y estafadores, los homosexuales, los mercadonegreros, los asesinos, los contrarrevolucionarios, todos ellos conectados unos por otros por alguna vía, ya que su propia vida y fuerza son exhaustivamente contrarias a la revolución socialista”. Se enmarca en una tradición penalista lombrosiana en la que se insertó Fernando Ortiz con su tesis racista del “atavismo negro” y la definición de la “mala vida”, retomada por el gobierno “revolucionario” que entiende lo lumpen y las llamadas conductas “antisociales” como delito, males heredados de una sociedad capitalista. Entre estas conductas se mencionan la práctica de religiones de origen africano (mayombe, santería, vodú haitiano, abakuá), el consumo de alcohol y marihuana o los tatuajes.
[9] Según los registros del grupo de trabajo Justicia 11J, en colaboración con la ONG Cubalex, al menos 547 personas han estado acusadas o han sido condenadas por el delito de desórdenes públicos, 49 han enfrentado cargos por difamación de las instituciones y organizaciones, de los héroes y mártires, y 3 por ultraje a los símbolos de la patria, por proferir insultos o en relación con el uso de la bandera. Otras 122 personas están acusadas del delito contra la Seguridad del Estado de sedición, 302 de desacato, 298 de atentado y 64 de resistencia, por responder a las agresiones de la policía. En relación con la vandalización de tiendas en MLC, 30 personas están acusadas del delito contra la Seguridad del Estado de sabotaje y procesadas por la fiscalía militar, al ser estos establecimientos propiedad del Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), organismo central del sistema empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Texto publicado originalmente en Hypermedia Magazine.
