El sábado 30 de noviembre de 2024 la familia del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas (29 años) fue informada por oficiales del Ministerio del Interior (Minint) sobre su muerte. El joven activista cumplía una condena de 6 años por su participación en las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021, conocidas como “el 11J”.
Su fallecimiento confirma las alertas emitidas por esta organización y otras, en relación con el grave peligro que corren los presos políticos en Cuba. Pese a la versión oficial que menciona un supuesto “suicidio”, la madre de Manuel de Jesús Guillén, Dania María Esplugas, ha denunciado que fue víctima de un crimen a manos de funcionarios del Estado cubano. Las imágenes de su cuerpo sin vida, a las que hemos tenido acceso, muestran signos de tortura.
Guillén, quien era promotor de Cuba Decide y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), se encontraba recluido en la prisión de máximo rigor Combinado del Este (La Habana). Allí, según denuncia su familia, recibió una golpiza de guardias de la prisión que le habría provocado la muerte. Otras fuentes han informado que la agresión habría ocurrido en una celda de castigo, luego de haber sido capturado tras un intento de fuga.
El preso político había estado recluido junto a reclusos comunes con delitos violentos. En abril de 2024 el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) recibió información de que Guillén se vio afectado por las pésimas condiciones penitenciaras que incluyen plagas de chinches y ratas y mala alimentación. Los carceleros le negaron en ese entonces asistencia médica y los medicamentos para la escabiosis y problemas de la piel que padecía. Estaba extremadamente delgado.
A partir de los datos disponibles en Justicia 11J y el CDPC, actualizamos la información sobre manifestantes del 11J fallecidos mientras cumplían sus sanciones, y las circunstancias en que ocurrieron los hechos. En total, tenemos registro de al menos 4 personas, todas jóvenes, que fueron condenadas por el estallido social y perdieron la vida mientras purgaban sus penas.
Todas estas muertes son atribuibles al régimen de Cuba, bien sea por comisión directa, o por negligencia y abandono en el cumplimiento de sus obligaciones de salvaguardar la vida de los reclusos.
Luis Barrios Díaz
Sentenciado a 6 años, Luis Barrios Díaz falleció el 19 de noviembre de 2023 en el hospital Salvador Allende (conocido como “La Covadonga”), en La Habana, por complicaciones respiratorias luego de una intervención quirúrgica de urgencia.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), presentaba problemas respiratorios desde agosto, por lo que fue ingresado en la enfermería del penal 1580 y luego trasladado al hospital Salvador Allende debido a la gravedad de su situación. Sin embargo, las autoridades penitenciarias, y contrario a las recomendaciones de los médicos, decidieron regresarlo a la prisión, alegando que no tenían combustible para garantizar una vigilancia permanente al prisionero.
Esta decisión provocó que empeorara aún más su condición de salud y ante el inminente desenlace fatal, las autoridades penitenciarias tramitaron con una celeridad inusual su licencia extrapenal, con el objetivo de desligarse de la responsabilidad, informó el OCDH.
Yosandri Mulet Almarales
Fue condenado a 10 años bajo el cargo de “sedición”, por manifestarse el 11 y 12 de julio de 2021 en el barrio La Güinera (La Habana). Yosandri Mulet falleció pocos días después de lanzarse de un puente el 22 de agosto de 2024, durante un pase del campo de trabajos donde estaba recluido. Ya había sido reportado en junio de 2022 en estado crítico, luego de que intentara suicidarse en la prisión Combinado del Este.
Idalmis Salazar González, tía política de Mulet, dijo a Martí Noticias que el manifestante “no quería estar preso” y “estaba muy alterado, dejó la merienda y otras cosas que debía llevarse” para el campamento de trabajo Toledo, en el municipio de Marianao. Según sus familiares, Yosandri Mulet padecía trastornos mentales.
El activista Marcel Valdés dijo que la familia del preso político conoció el lunes 26 de agosto la noticia de su muerte, pero que no está claro cuántos días estuvo en el hospital Julio Trigo, donde fue llevado aparentemente con vida, pues autoridades militares tomaron el lugar.
Idalmis Salazar declaró a Martí Noticias que en el hospital “había gran cantidad de agentes de la Seguridad del Estado”. En opinión del familiar, “estaban esperando que llegara la licencia extrapenal para informar su muerte, pero ya él estaba muerto”.
Geraldo Díaz Alonso
Condenado a 14 años, Geraldo Díaz murió de un infarto el 17 de octubre de 2024, a la edad de 35 años, en la prisión de Canaleta (Matanzas). Antes había tenido varios desmayos y comenzó a padecer de la presión arterial. Según su familia solo una vez en meses lo llevaron a un hospital, pero enseguida lo devolvieron a su celda. La semana anterior a su muerte volvió a sufrir otro desmayo, y en esa ocasión las autoridades carcelarias no le dieron ninguna asistencia médica.
El día de su muerte estaba trabajando en la prisión. Cuando comenzó a sentirse mal sus compañeros “lo llevaron para la enfermería, cuando estaba llegando al puesto médico tuvo el primer paro cardíaco, comenzaron a reanimarlo y también llamaron a una ambulancia. Pasó una hora más o menos, al cabo de ese tiempo y cuando parecía rebasar ese paro, tuvo un segundo paro cardíaco. Este no lo pudo rebasar”, declaró a Diario de Cuba la madre de sus dos hijos, Mercedes Sánchez.
Reiteramos nuestra solicitud de investigaciones independientes y confiables sobre estas muertes. Exigimos la liberación inmediata e incondicional para todos los presos políticos de Cuba y pedimos a la comunidad internacional que presione al régimen de La Habana para que permita el acceso a sus centros penitenciarios, donde ocurren múltiples violaciones de derechos humanos.
