Artículo publicado originalmente en El Estornudo por el periodista Darío Alejandro Alemán. Al 27 de marzo se contabilizan 18 personas detenidas en Cuba por las protestas de marzo. Consulta nuestra base de datos actualizada.
En el perfil de Facebook de Camila Rodríguez (1991), lo primero que resalta es una frase tomada, y ligeramente modificada, del dramaturgo latino Publio Terencio Afro. «Nada sobre cárcel me es ajeno», dice, y se adelantan un par de datos biográficos: Camila Rodríguez es licenciada en Filología por la Universidad de La Habana; es, además, una activista que ha dedicado los últimos años a la causa de los presos políticos del régimen cubano a través de la organización Justicia 11J.
El 11 de julio de 2021, fue una más entre miles de cubanas y cubanos que tomaron las calles para exigir pacíficamente libertad, en lo que se conoce como las protestas del 11J. Las manifestaciones fueron reprimidas con violencia por las fuerzas policiales del régimen, que dejaron un saldo de centenares de detenidos, decenas de heridos —algunos por disparos injustificados de la policía— y al menos un muerto. Ni siquiera pasada una semana de estos hechos, Camila Rodríguez entró en comunicación con mujeres periodistas y activistas dentro y fuera de la isla, y entre ellas crearon un documento de Excel público en el que comenzaron a documentar toda la información posible sobre las víctimas de la represión durante las protestas.
Esta iniciativa ciudadana, bautizada como Justicia 11J, se ha mantenido activa, recopilando y verificando información sobre la situación de muchos de aquellos detenidos —hoy presos políticos— y de otros tantos correspondientes a diversas protestas pacíficas ocurridas desde entonces en Cuba. Además, ha acompañado a madres y padres en la lucha por la liberación de sus hijos prisioneros y gestionado ayudas económicas y materiales para ellos.
El 31 de enero de 2022, Camila Rodríguez fue detenida junto a las activistas Carolina Barrero y Daniel Rojo a las afueras del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, mientras acompañaban a los familiares de decenas de presos políticos del 11J que serían juzgados en dicha sede judicial. Al arresto temporal le siguió la hostilidad de la Seguridad del Estado, que la mantuvo retenida en su vivienda durante casi un mes, con policías vigilando cada entrada, en una especie de régimen de prisión domiciliar ilegal. A eso se sumaron amenazas que le hicieron llegar a través de familiares, los cortes de Internet, los interrogatorios.
Luego, la Seguridad del Estado quiso comprobar cuánto la habían quebrado sus represalias. La citaron, fingieron ser amables con ella, y le propusieron ayudarla a emigrar. Incluso le ofrecieron la posibilidad de crear una organización de «lo que quisiera», siempre que pusiera fin al trabajo de Justicia 11J. Camila Rodríguez dijo que no a cada una de aquellas ofertas. Por ese gesto la sometieron a otros ocho meses de acoso constante. Lo mismo sucedió con sus compañeras de Justicia 11J que todavía radicaban en la isla.
En diciembre de 2022 se vio obligada a salir al exilio, algo que fue denunciado por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19. Para entonces, la hostilidad de la Seguridad del Estado impedía sus labores como activista e interfería en su vida social y privada. Pocas semanas atrás también lo habían hecho, por las mismas razones, Kirenia Yalit Núñez, María Matienzo y Cinthya de la Cantera, todas activistas de la organización.
Al salir del país, Camila Rodríguez escribió en sus redes sociales:
«Yo pisaré esas calles nuevamente, como nuevamente estoy en redes pidiendo #LibertadParaLosPresosPolíticos. Salí de Cuba convencida de que no hay otro camino que el de cumplir la responsabilidad de devolver a su hogar a todos aquellos que fueron detenidos […] Mi silencio aparente, mi distancia aparente, mi discreción, han sido por estos meses mi mejor manera de acompañar. No hubiese sido posible nuestro trabajo bajo el fuego de la Seguridad del Estado, o dedicando nuestras fuerzas y horas a hacerle frente a operativos policiales».
Y aclaró: «Nos hemos asegurado de que podremos continuar acompañando a las familias, en el terreno, aun cuando nuestro equipo principal permanece fuera del país».
Ella cumplió su palabra. Cuando le propuse esta entrevista, me comentó que apenas tenía tiempo para responder a las preguntas. Recientemente habían ocurrido protestas populares en diversas localidades de la isla (Santiago de Cuba, El Cobre, Bayamo y Santa Marta), durante las cuales las fuerzas represivas del régimen arrestaron supuestamente a decenas de personas. Justicia 11J, constituida ahora como una organización formal, trabajaba sin descanso para identificarlas y exponer sus casos.
Pocos días después, aprovechando un momento de descanso, pudimos conversar…
DAA: ¿Cómo fueron aquellos largos meses de 2022 en que, de manera constante, sufriste el hostigamiento de la Seguridad del Estado por tu activismo en favor de la liberación de los presos políticos cubanos?
CR: La parte más difícil fue aquel período (del 19 de marzo al 13 de abril) en que estuve bajo un fuerte cerco policial. Primero estuve sitiada en la casa de alquiler donde vivía, y de la que fui desalojada. Luego, en casa de mi madre, en la periferia de La Habana, donde el apoyo de la comunidad de activistas y familiares era muy complicado. La Seguridad del Estado sabía eso, y también que allá no tenía las condiciones para cuidar a mis cuatro gatos. Ellos eran conscientes de lo mucho que me afectaron obligándome a vivir ahí.
El cerco, como decía, fue bien fuerte. Sinceramente, no recuerdo haber visto jamás tanto despliegue de personas y medios de transporte para sitiar a una única persona. Quizás temían que las madres de los presos políticos fueran hasta allá y se les formara una protesta.
Debido a las crisis de migraña que padezco hace más de una década, tuve necesidad de salir al hospital en una ocasión, pero se me negó salir de casa. O me quedaba quieta, con todo y dolor, o me llevaban detenida. Estaba muy enfurecida y lo denuncié en redes. Al otro día me permitieron ir a consulta, aunque bajo sus condiciones. Debía ir en una patrulla. Pero me negué. Entonces me dejaron ir caminando. Pero ellos me siguieron con una patrulla y varios agentes de la Seguridad del Estado en motos; unos delante y otros detrás de mí. Lo peor fue que dentro de la consulta también estuve «escoltada». El primer teniente «Ernesto» no me dejó entrar sola a la consulta. Luego, el médico que me atendió me dijo por las claras que él era médico militar y que sus ideas políticas eran contrarias a las mías. Todo eso tipifica como técnicas de tortura.
Y tengo entendido que ese hostigamiento también afectó a tu familia…
Sí. Durante ese mes súper intenso, mi hermana fue citada a un interrogatorio y visitaron a mi hermano en su puesto de trabajo. Todo eso para que yo decidiera: o colaboraba con la Seguridad del Estado, o me iba del país, o iría presa. Me podían armar un caso penal por, supuestamente, financiar un cartel que apareció en Párraga pidiendo la libertad de los presos políticos; cosa que no hice. Además, decían que tenían el testimonio incriminatorio de una madre a la que habían puesto en careos con otra. Lo que querían era que dejara Justicia 11J y fundara otra organización, a la cual sí le iban a permitir todo tipo de actividades siempre que tuviera despachos semanales con ellos y revisáramos juntos su agenda.
¿Y cómo eran los interrogatorios?
Fueron muchos, a veces precedidos de llamadas intimidatorias. También hubo varias personas implicadas. En mi segundo interrogatorio —el primero ocurrió tras ser arrestada el 31 de enero de 2022—, que fue en una casa de protocolo en Playa, habían cuatro personas: la teniente coronel Kenia Morales, la psicóloga «Mónica», el primer teniente «Ernesto» y el mayor «Luisito» (cuyo nombre real es Ariel Arnau Grillet). Todos ellos solo para mí.
Siempre insistían en que no me dejarían formar otras Damas de Blanco. Decían que Berta Soler solo hay una, y esa no era yo. Al parecer, la confianza que había ganado con las familias de los presos políticos les hizo pensar que yo quería formar una organización de madres, pero esa nunca fue mi intención. Creo que así proyectaban sus miedos.
¿Cómo fue aceptar la necesidad del exilio?
Yo estuve negándome por semanas, que parecían años, a la posibilidad de rendirme. Después de mucho pensar y batallar conmigo misma, porque ya me veía en la cárcel, y había preparado a mi familia para eso, decidí que iba a salir del país.
Por supuesto, para que esta posibilidad se mantuviese, debía dejar de tener contacto con todas las familias de presos políticos de manera presencial y virtual, no podía seguir publicando en redes sociales, tenía que dejar mi trabajo, el liderazgo. Tenía que convertirme en nadie. En un interrogatorio realizado en la casa de protocolo, les dije a los represores que eso era lo que iba a hacer. Pero no podía cumplir con eso; así que, imagínate, estuve un buen tiempo trabajando de manera anónima y comunicándome solo con los familiares de mi mayor confianza.
Ese anonimato, la desaparición casi absoluta de la vida pública, me afectaba. Mi trabajo lo hacía detrás de un número que no decía Camila, sino Justicia 11J. Así respondía a la prensa, así me comunicaba con personas que necesitaban el apoyo de la organización, así hice toda la documentación de la ola de protestas de 2022 en Cuba. Actué de esta forma hasta que, finalmente, pude salir del país. Ocurrió el mismo día en que entró en vigor el nuevo Código Penal, con el que también fui amenazada.
Mientras intentaba conseguir una vía para salir de Cuba, con frecuencia me llamaba la Seguridad del Estado, pero yo no respondía. En ocasiones se pararon en la puerta de mi casa y tocaron a la puerta; pero nunca abrí. Era para intimidar. Yo estaba segura de que ellos no tenían manera de probar que yo, a escondidas, continuaba trabajando. Unos días después de que Daniela Rojo saliera, me llamaron. Esa vez respondí. Me ofrecieron la posibilidad de que yo saliera por Serbia (que entonces no exigía requisito de visado a los cubanos), pero me negué. Si ya había «cedido» ante ellos con mi salida del país, no dejaría que me sacaran a su manera. Me planté en que yo me iría, pero cuando y como yo lo decidiera.
¿Cómo fueron los inicios de Justicia 11J, aquellos tiempos en que era apenas un Excel?
En efecto, Justicia 11J comenzó trabajando y dando visibilidad a un documento Excel, que se iba actualizando en tiempo real. Lo hicimos para crear un registro, pero también para que la gente viera cómo aumentaba constantemente el número de detenidos. Pasado un mes de las protestas fue que pudimos tener una cuenta institucional en redes sociales. Aquellos eran métodos muy rudimentarios.
Todas las muchachas que fundamos el grupo «temporal» —eso pensábamos que sería— comenzamos trabajando de manera voluntaria, sin estructura legal que nos respaldara para poder acceder a fondos y hacer nuestra labor más formalmente. Pero era muy difícil sostenernos de ese modo. Cada una fue reincorporándose a sus rutinas, a sus trabajos, porque no podíamos mantener ese ritmo, siempre reaccionando al contexto. Justicia 11J exigía mucho tiempo y era, prácticamente, como adoptar una nueva vida.
Yo fui la última que salió del equipo. María Matienzo, Kirenia Yalit Núñez y Cynthia de la Cantera lo habían hecho unos meses antes, por viejas presiones de la Seguridad del Estado para que dejaran sus trabajos como periodistas y activistas. Cuando salí del país, sin embargo, las cosas tomaron otro rumbo. Justo entonces vino nuestro reconocimiento y, ya en México, pude institucionalizar la organización.
¿Cómo fue este proceso de legalización e institucionalización de Justicia 11J?
Justicia 11J comenzó a formar parte de una estructura legalmente establecida en agosto de 2023, cuando creé en México una asociación civil que lleva por nombre Iniciativa para la Investigación y la Incidencia (Iniciativa AC). Al existir esta estructura, Justicia 11J comenzó a ser uno de los programas de la organización. Y este programa lo desarrollamos junto a otro, que se hizo público también en agosto del pasado año: el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
Justicia 11J se convirtió en un programa de una estructura mayor, que es la Iniciativa AC; en parte por la necesidad de trabajar otras áreas temáticas que la organización no abarca de por sí. Ahora llevamos a la par el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, y próximamente presentaremos nuestro nuevo programa, que va a estar dando seguimiento a los cubanos migrantes en México.
Queremos procurar el trato digno a los cubanos migrantes en este país. En muchas ocasiones han salido de Cuba en calidad de exiliados, en la misma calidad que salí yo del país, y llegan a acá sin información, después de haber vivido travesías traumáticas. Queremos ver cómo apoyamos en ese sentido, y seguir creciendo y denunciando al régimen por todos nuestros derechos violados.
¿Qué trabajos específicos realizan en Iniciativa AC y Justicia 11J?
Desde Iniciativa AC realizamos investigaciones sobre grupos en situación de vulnerabilidad, para generar acciones de incidencia y brindar asistencia en el ámbito de los derechos humanos. Prestamos atención a migrantes, personas privadas de libertad y reprimidas por el ejercicio de sus derechos.
Respecto a Justicia 11J, nada ha cambiado en relación con los propósitos fundacionales, sino que más bien se han ampliado los escenarios a los que prestamos atención: comenzamos documentando la represión a las protestas de julio de 2021, las detenciones y los procesos administrativos y penales asociados a ellas. Y, luego, cuando la ola de protestas en el 2022, monitoreamos también las consecuencias de la participación en estas manifestaciones. Además, comenzamos a desarrollar entonces una cronología de protestas, así como bases de datos relacionadas con víctimas y represores que ya teníamos.
Recientemente, hemos comenzado a dar seguimiento a la situación actual de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, y no solo de quienes están en prisión por participar en protestas o haber manifestado públicamente la voluntad de participar en ellas. Como primer paso en esa dirección, publicamos la relación de mujeres privadas de libertad por razones políticas.
Sintéticamente, nuestra misión es esta: «Trabajamos con las víctimas de la violencia del Estado y sus familias para documentar el cierre del espacio cívico y reconstruir la memoria en una Cuba libre y justa».
¿Reconoce la Iniciativa AC algún precedente en estas labores?
Creo que la organización cubana que pudiese señalar como precedente del trabajo de los programas que mencioné es la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). También Archivo Cuba es, sin dudas, un referente fundamental y un modelo que quisiera emular en cuanto a metodologías de trabajo y rigurosidad de las investigaciones.
Justicia 11J ha ganado reconocimiento legal y mediático desde que se instaló en México, pero, por otro lado, ya no puede trabajar de una manera tan directa con los familiares de los presos políticos, como cuando estabas en Cuba. ¿Qué tanto ha afectado esa distancia?
Es complicado, porque están limitadas las posibilidades de crear lazos de acercamiento y confianza con las víctimas, sus familias y los activistas, que son, en definitiva, la fuente principal de información. Pero es algo que se puede sortear, como ha demostrado el trabajo de organizaciones cubanas en el exilio como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Cubalex.
El reto fundamental consiste en trabajar para construir una red de aliados dentro de Cuba, que pueda enviar informaciones o ayudar en los continuos procesos de actualización y verificación, para así no perder presencia en la isla.
Ahora, una reflexión: la operatividad de una organización en el exilio puede ser mayor que la de una que está dentro de la isla y vive de manera sostenida el asedio de la Seguridad del Estado. Puedo afirmar que yo misma y la organización somos más operativas desde donde estamos. En Cuba trabajé por varios meses de manera anónima, escondida, con las comunicaciones vigiladas, sin poder reunirme con las familias ni ningún activista, y con el constante temor de que se metieran en mi casa y me llevaran mis medios de trabajo. Realmente, ahora, desde la distancia, me pregunto cómo se pudo sostener en esas circunstancias y por tanto tiempo un trabajo como el de Justicia 11J.
Justicia 11J ha trabajado intensamente esta última semana, tras las protestas ocurridas en varias localidades del país los días 17, 18 y 19 de marzo. Aunque esta información se encuentra en constante actualización, quisiera saber cuál es, hasta ahora, el saldo verificable en detenidos.
Justicia 11J ha recibido información, desde el domingo 17, de decenas de detenidos en los escenarios de las protestas. Sin embargo, solo hemos podido identificar a cinco víctimas: dos en Bayamo, dos en El Cobre y una en Matanzas. De ellas, al menos tres han sido liberadas, de las cuales dos tuvieron que pagar multas. El supuesto delito de la persona liberada en Bayamo, luego de pagar multa, fue «desórdenes públicos». Tras ser puesto en libertad, se le ordenó regresar a su provincia de residencia.
Lamentablemente, es mucho el miedo a denunciar de las familias, y es escasa la información disponible sobre las personas detenidas. Todo parece indicar que las víctimas serán liberadas con multas, pero es algo que temo afirmar. Ahora mismo decenas de personas podrían estar en prisión.
En octubre de 2022 hubo varias protestas en la isla que, como las de este 17M, fueron motivadas en gran medida por los apagones. ¿Justicia 11J ha encontrado alguna relación entre el actuar de las fuerzas represoras del régimen en aquella ocasión y en esta?
En ambos escenarios de protestas —como en anteriores— hemos observado el despliegue marcado de fuerzas represivas del Ministerio del Interior (MININT) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) en distintas provincias y localidades del país, incluso en aquellas donde no han sucedido protestas —o al menos no las hemos podido documentar. También hemos visto detenciones arbitrarias y detenciones arbitrarias con violencia, que dan lugar a desapariciones forzadas de corta duración, así como cortes focalizados de internet o disminución de la velocidad de la conexión en las comunidades de las protestas.
Esto último es preocupante, sobre todo por lo que pudiese significar para quien no conoce el entorno represivo cubano. Los cortes focalizados y la disminución de la velocidad de internet pueden exportar una idea de normalidad en el país, cuando cualquier cosa pudiera estar sucediendo durante y después de las protestas en las comunidades que salieron a las calles. Se pierde la observación en tiempo real y, con ello, se dificultan las denuncias y el trabajo de documentación.
Las autoridades cubanas han tratado de vaciar de contenido político las protestas del 17M; han vendido la idea de que fueron coyunturales y que de ninguna manera cuestionan al gobierno, sino que se limitan a reclamos básicos como servicio eléctrico y comida. Pero en los videos publicados por los manifestantes se escuchan también frases a coro de «Libertad» y «Patria y Vida».
Yo creo que el régimen nunca va a admitir que las protestas tienen causas más allá de las que señala como coyunturales y muy ligadas a la situación económica del país. Y en las protestas mismas están las claves de interpretación: las consignas no han sido solamente para pedir corriente y comida, sino que han pedido abiertamente la dimisión del presidente, el fin del comunismo, la libertad (que es admitir que existe la opresión), y se ha usado como himno una canción y símbolo contestatario como «Patria y Vida».
Obviamente, el pueblo está cansado de tantas crisis «coyunturales», y está muy claro de que la razón es la ineficacia de un sistema («el comunismo») al que se aferran un grupito de hombres con mucho dinero, que no sufren en sus casas todo lo que el pueblo. Eso es profundamente político. La consigna «No más muela», para mí, expresa la desconfianza en los funcionarios, pero también en ese sistema que ha prometido durante décadas mejoras para la vida de los ciudadanos sin llegar a concretarlas nunca.
Si nos fijamos, sí hay una admisión del carácter político por parte del régimen, pero en un sentido totalmente opuesto al que deseamos. Es cuando alegan que las manifestaciones son financiadas o alentadas por los Estados Unidos, y eso lleva nuevamente a la deslegitimación del sentido prístino de las protestas, tanto, o más, que cuando menciona que las protestas responden solo a las necesidades económicas.
Estos hechos se van a seguir repitiendo, porque todas las soluciones propuestas por el régimen no durarán más de tres días, o no dejarán de ser promesas vacías, de ser «muela». Y yo creo que es necesario que sigan. Para mí, en posición de líder de una organización de derechos humanos, y que además socorre de alguna manera a víctimas de la represión que estas protestas implican, es un poco difícil admitirlo públicamente.
Pero creo que es la única vía para, al menos, intentar que se acabe la dictadura: conservo la esperanza de que alguna vez quienes están en el poder agarren sus maletas con millones de dólares para nunca regresar, cuando vean otro 11 de julio. Si esto no llegase a pasar, al menos la comunidad internacional tendrá más razones para ponerse del lado del pueblo, que pide literalmente a gritos, y a riesgo de sangre y prisión, el fin de la era de los Castro, que no se acabó con Díaz Canel.
