Por Camila Rodríguez, para Latinoamérica 21.
Recientemente, diez presas políticas cubanas, encarceladas durante las manifestaciones de julio de 2021 en Cuba, firmaron con su sangre una carta que estaba dirigida al presidente de la república, Miguel Díaz Canel-Bermúdez. En el documento pedían que se respetara la voluntad del sumo pontífice (esta fue expresada por medio del cardenal Beniamino Stella en una visita que hizo a la isla entre el 23 de enero y el 10 de febrero) de lograr la libertad de los manifestantes de julio de 2021.
La publicación de este texto y su repercusión en el espacio digital cubano llevó a estas mujeres a un juicio disciplinario dentro de la prisión, proceso que, de repetirse, pudiera agravar sanciones que ya comprenden hasta los 14 años de privación de libertad, como es el caso de una de las firmantes, Lizandra Góngora, madre de cinco menores de edad. Además, en el centro penitenciario Mujeres de Occidente, donde redactaron y firmaron su grito de auxilio y libertad, se ha prohibido el uso del papel y la redacción de cartas a todas las reclusas de la prisión. Esto es algo que utilizan las autoridades penales para hacer que las presas se enfrenten entre sí al marcar a las protestantes como “responsables” del castigo generalizado.
Este hecho sintetiza la vivencia de la cárcel para las mujeres cubanas, quienes no solo soportan las condiciones infrahumanas de insalubridad, hacinamiento, hambre, desatención, maltratos físicos e irrespeto de sus derechos (así como el resto de las privadas de libertad en Latinoamérica), sino que también son víctimas de castigos severos por reclamar dichos derechos.
La violencia contra las mujeres en la política no es un hecho aislado en Cuba. Ni siquiera se puede decir que se trata (solo) de una práctica ampliamente tolerada por el Estado (según demuestra el monitoreo de iniciativas feministas como es el caso del Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo), pues es justamente el Estado cubano el principal perpetrador de la violencia contra las mujeres.
Cada domingo, al menos una decena de mujeres integrantes de las Damas de Blanco son impedidas de asistir a misa o a algún espacio de reclamo o socialización política, y son recluidas por horas en unidades policiales u obligadas a pagar multas de hasta un salario medio cubano. A ellas se han sumado (en las iglesias y calabozos) las mujeres que integran el recién creado movimiento Cuba de Luto, que, vestidas de negro, intentan reclamar en la vía pública la libertad de sus seres queridos, mayormente detenidos a raíz del 11J.
También recientemente han sido detenidas algunas mujeres cuyas protestas en espacios públicos buscan el cierre de las tiendas en monedas libremente convertibles (MLC) en la que el Estado no paga a sus trabajadores. Recordemos que estas tiendas están limitadas a una pequeña parte privilegiada de la población con acceso a monedas extranjeras.
Organizaciones independientes de derechos humanos, que hemos tenido la ayuda de distintos miembros de la sociedad civil, hemos podido contar que, luego del estallido social de julio de 2021 y debido a hechos de protesta pública, en Cuba han sido puestas tras las rejas al menos 284 mujeres: 223 en lo referente al 11J y 61 por protestas públicas (o en relación directa o indirecta con las manifestaciones de los últimos dos años).
Sin embargo, antes de estas protestas, al menos cuatro mujeres estaban privadas de libertad por razones políticas. Una de ellas, Aymara Nieto, estuvo por dos años en un centro penitenciario a más de 600 kilómetros de su esposo y de sus dos hijas. Su aprisionamiento se debió a que pertenece al grupo opositor Damas de Blanco (desde el 2003, este reclama pacíficamente en las calles por la libertad de esposos, hijos, padres, que también son prisioneros políticos del régimen cubano) y al grupo opositor Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).
En estos momentos, hay 69 mujeres detenidas por protestas públicas. El caso más reciente de privación de libertad de una mujer ocurrió el pasado 10 de enero, cuando el aparato represivo de la Seguridad del Estado sacó de su vivienda a una joven influencer de 21 años de edad y la dejó arbitrariamente, hasta el momento y sin medida cautelar, en el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana. La joven ha sido sometida a interrogatorios como forma de tortura. Su nombre es Sulmira Martínez Pérez, se hace llamar Salem y se le investiga por publicar en sus cuentas de Facebook su intención de salir a las calles.
En un contexto en el que las mujeres del mundo repensamos cómo hacer para continuar la lucha por la reivindicación de nuestros propios derechos y por la que resisten en condiciones más marcadas de vulnerabilidad, las mujeres cubanas que nos enfrentamos al totalitarismo cubano nos preguntamos hasta cuándo pedir cuentas a un Estado que no hace más que ratificar(nos) su control. A unas nos encarcela en las peores condiciones; a otras nos priva de servicios de internet o nos impide siquiera salir de nuestro hogar; a otras nos impide regresar al país y, a otras, nos obliga a salir de él.
Por eso, apelamos a la solidaridad internacional, y pedimos a agrupaciones de mujeres, madres y activistas latinoamericanas de derechos humanos, Gobiernos democráticos, organizaciones no gubernamentales, foros y alianzas regionales/internacionales de tipo intergubernamental que también levanten su voz por las mujeres de Cuba, pero, sobre todo, por las presas políticas, privadas ahora también del uso del papel.
Las mujeres cubanas que, en Cuba y fuera de Cuba, reclamamos la ausencia de derechos humanos, civiles, políticos, y de libertades de toda clase, así como el final de la gobernanza absoluta del Partido Comunista de Cuba, necesitamos llamados de atención que cuestionen la falta de condena pública y multilateral de encarcelamientos masivos, prolongados y permanentes de mujeres que salen a la calle en busca de pan y libertad.
*Enlace a la versión original: https://latinoamerica21.com/es/cuba-las-presas-de-la-dictadura/
