No hay justicia para los invisibles: Juan Dennis Rodríguez y las protestas del #11JCuba
Por Darcy Borrero Batista
El domingo 11 de julio, Juan Dennis Rodríguez Gómez (31 años) tomó su celular y salió de Las Guásimas, Arroyo Naranjo, donde dejó a su esposa y al bebé de ambos con la promesa de volver, pero aún no ha vuelto. Juan Dennis salió a comprar una lavadora y fue detenido en medio de una de las protestas inéditas en 62 años de socialismo en Cuba. El joven estudiante de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) continúa preso —y en espera del resultado de apelación— tras un juicio sumario colectivo que compartió con otros 11 acusados.
Como un domingo habitual, el 11-J, él pasó por la casa de su mamá y le dijo: “voy a buscar unas cosas”. Entonces se dirigió a una tienda de Moneda Libremente Convertible (MLC), pero había mucha cola y salió de allí. En lo que caminaba por las calles de Centro Habana, a más de 15 kilómetros de su casa, vio que había una gran cantidad de gente concentrada, unos gritando ‘Viva la Revolución’, otros diciendo ‘Patria y Vida’, mientras terceros clamaban ‘queremos cambios’. Él se sumó a la manifestación porque, según dijo en el juicio sumario colectivo que posteriormente se le haría por “desorden público”, hay cosas que él cree que no están bien ni son justas, como las mismas tiendas MLC en las que buscaba, entre otros productos, una lavadora.
Esto lo relata el 22 de julio su esposa Juana Rizo —quien luego de una semana sin ver a Juan Dennis ni hablarle porque la policía ocupó el móvil de él—, presenció el juicio donde lo condenaron a 12 meses de privación de libertad. En el momento de los hechos que fueron repasados ante el tribunal, la esposa de Juan Dennis estaba en casa con el bebé, que solo toma pecho y un almuerzo al día: “Está operado de ano imperforado (ausencia o desplazamiento del orificio anal)”, dice Juana, la joven madre estudiante de Medicina. Manda audios por Whatsapp en los que la ecuanimidad disputa espacio con la indignación por lo sucedido.
Incomunicados: celulares “bajo investigación”, cortes de Internet y cero visitas
Lo que documentó Juan Dennis desde su móvil sigue siendo una incógnita mientras su teléfono permanezca en manos de la policía. Sin embargo, las cámaras de otras personas sí lo captaron a él, bajo la garra de un “civil” que le apretaba el cuello. Y aunque las imágenes de Juan Dennis Rodríguez Gómez siendo coaccionado se han hecho virales, su nombre ha tenido visibilidad mínima, como otros tantos de un listado de más de 700 personas reportadas como desaparecidas o detenidas desde el 11 de julio. Entre ellas, además, hay al menos 24 menores, entre 15 y 18 años, y solo 12 de ellos están en libertad. Siete permanecen en detención, el más joven de ellos es Christopher Lleonart Santana (14 años) y le sigue en edad la adolescente Glenda de la Caridad Marrero Cartaya (15 años).
Las circunstancias en las que fueron detenidas estas personas varían y coquetean con el azar. Solo algunas han podido contarlo porque gran parte de ellas han estado incomunicadas. La adolescente excarcelada Gabriela Zequeira cuenta que cuando se la llevó la policía, ella regresaba de la peluquería y se quedó mirando la mayor manifestación que ha visto en Cuba. En el caso de Juan Dennis, su esposa recuerda que él dijo en el juicio sumario: (…) “Y después cuando íbamos caminando rumbo al Capitolio, vinieron unas personas vestidas de civil y me cogieron por el cuello, sin previo aviso, me esposaron, me montaron en la patrulla y me llevaron para la estación de Zanja”.
Ella reitera que no pudieron verse desde el 11 de julio hasta el día del juicio. “Dijeron que no hay visitas por la Covid-19. Las llamadas son cada dos semanas”. Revela que el mismo día de la detención le mandaron un mensaje de aviso. “Pero después ese número daba apagado. No sé si fue que le dejaron avisar o fue otro detenido el que le hizo el favor”, detalla. Sobrevino a partir de ahí una pesadilla para esta familia habanera, sin comunicación ni acceso a información porque, además, el Internet fue cortado.
“Fuimos al otro día a Zanja porque ese mensaje fue a las 5 casi y no podía dejar al niño solo. Estábamos solo mi mamá y yo. Cuando llegamos a Zanja como al mediodía porque fuimos a las estaciones que no eran, ya no estaba ahí. Y me dijeron ‘ve a ver si está en el centro de detención de Aldabó’ y el otro preguntó ‘¿seguro? ¿No estará en Villa Marista (prisión notoria donde se suelen procesar casos de la Seguridad del Estado)’. Y nada, al final estaba en Aldabó. Pero no nos avisaron del traslado. No le dejaron llamarme. Por eso creo que ese mensaje lo mandó escondido posiblemente”, dice Juana.
“La hora exacta de detención no sé. J estaba en la calle Neptuno”, relata. Ahí fue visto por última vez y las cámaras captaron su rostro mientras la policía le apretaba el cuello. En las imágenes se le ve el nasobuco. Ella enfatiza —probablemente evitando un cargo adicional por “propagación de epidemia”— que él tenía nasobuco, “lo que se cayó cuando lo apresaron. Incluso llevaba una careta, lo que se ‘perdió’”, sostiene.
El juicio sumario de los 12 y el ocultamiento de información
Antes del juicio, “no nos querían decir el número de causa para uno poder buscar un abogado. Nos dijeron que teníamos que esperar siete días. Y que los siete días no eran a partir de la detención el domingo 11 sino desde el día que llegó a Cien y Aldabó (lunes 12). Cuando fuimos el próximo lunes (19), a las 10 am casi 11 nos dijeron el número de denuncia y la causa: ‘desorden público’. Y que podíamos buscar un abogado; que iba a ser un juicio sumario (con o sin abogado). Informaron que solo les iban a poner abogado de oficio a las personas que no tuvieran dinero”.
La joven madre insiste en que preguntó por la fecha del juicio, temiendo que llegara el momento y no tuvieran abogado, pero no le dijeron. “Y en efecto, el juicio fue al día siguiente, el martes 20”, revela. “A mi abogada también la pelotearon. Yo llamé a una Teniente Coronel que me dio su número y ella supuestamente me ayudó en el sentido de que me dio las tarjetas, el dinero, y las demás pertenencias de mi marido, excepto el teléfono, porque ellos lo estaban investigando. Como tengo un bebé se apiadaron de mí y me dieron las cosas para que pudiera comprar lo que necesita el bebé”.
“Ya con la abogada al lado, a las dos de la tarde del lunes 19, habían cerrado el bufete y aunque dije que tenía el bebé me respondieron que no podían atenderme, que le dijera a la abogada que averiguara por su cuenta. Yo lo que quería saber era el número de expediente, en qué tribunal se procesaría el caso. Y ellos lo sabían bien porque de 100 y Aldabó los llevaron directo para el juicio, pero estaban ocultando la información a las familias y a los mismos abogados”.
Ante la falta de opciones y ya con el Internet restablecido en la isla luego de que fuera cortado por Etecsa, Juana cuenta que buscó en Google los números de los Tribunales: “primero el de Centro Habana, y en ese, cuando la abogada se identifica nos dicen que el caso era de Centro Habana pero se iba a hacer en Diez de Octubre, y cuando preguntamos cuándo, nos dicen ‘mañana’. No me querían precisar tampoco la hora. Ellos querían ‘envolver’ eso bien. De doce personas, solo dos tuvieron abogados. Y uno de los acusados dijo en el juicio que le habían asegurado que tendrían abogado de oficio. Pero no fue así, obvio”, detalla.
“Nunca nos explicaron que el juicio sumario lo que significa es que podía ser en presencia o no del abogado. ¿Cómo va a estar el fiscal atacando a esas personas que ni pueden defenderse ellas mismas? ¿Solo tienen el derecho a última palabra pero qué hacen con eso si no son abogados? No se pueden defender con base”, razona la joven.
Juana recuerda entre los acusados a Anyelo Troya y Carlos Acosta, liberados desde el sábado, y Armando Sardiñas (20 años), quien “está preso con sanción de 10 meses a un año de privación de libertad”. Troya es uno de los realizadores del videoclip de ‘Patria y Vida’ (banda sonora de las protestas), y el rostro visible de una campaña mediática por la excarcelación de los presos del 11-J.
Yaquelin Salas, esposa del acusado Dashiel Alfonso, igualmente juzgado junto a Juan Dennis, ofreció su testimonio a Cubanet. Sus declaraciones coinciden con las de Juana Rizo. Ambas fueron las únicas con abogados presentes defendiendo a sus esposos. Alfonso fue condenado bajo el número de causa 452/21.
Relata Juana que el Fiscal se desviaba mucho del asunto. “Preguntaba por convicciones ideológicas, qué significaba para ellos ‘Patria y Vida’, por qué protestaban. Los abogados decían que se estaba desviando del tema, que lo estaban politizando. Y la jueza preguntaba quién tenía hijos y en qué trabajaban. Fue un juicio político vengativo. No tenían pruebas de que los acusados estuvieran en el lugar de la manifestación, dentro como tal”.
“Algunos decían que no estaban: ‘fui a buscar cigarros, iba para mi trabajo, iba para mi casa, fui a botar la basura’, porque había gente que vivía cerquita de donde los cogieron. ¿Y en qué se basan las autoridades? ¿En qué se basa el Fiscal? ¿En que les revisaron el teléfono ilegalmente a miles de personas? ¿Con qué orden lo hicieron? Si tenían patrón de seguridad los móviles, los hackearon. Y a pesar de eso mucha gente negaba haber filmado videos. El Fiscal se basaba en ‘pruebas documentales’, que son investigaciones de la policía y del jefe del sector. Entonces a mi esposo le hacen las averiguaciones por La Güinera aunque él está viviendo conmigo en Las Guásimas. Y le sacaron antecedentes policiales por lesiones aun cuando se trataba de un problema antiguo entre mi esposo y su hermano, quien incluso había retirado en aquel momento la denuncia. Y dijo que nunca le había tocado un pelo a su hermano. A otro acusado le dijeron que tenía arma blanca. Trabajaron muy mal porque ni siquiera tenían denunciantes serios que pudieran dar fe de haber visto a los acusados en las protestas”, revela.
“Le dije al Fiscal que iba a denunciarlo. Le pregunté su nombre y me lo dio. Cuando le pedí el apellido me dijo que para qué yo lo quería, que bastante con que me daba su nombre. Le respondí que iba a denunciarlo porque yo no estaba de acuerdo con su desempeño. Y antes de irme le dije ‘Yoandris’… y me contestó con sus apellidos: Fulano de Tal, de 100 y Aldabó. Me dijo que yo estaba en derecho de denunciar pero me advirtió: ‘tenga cuidado con lo que usted habla, porque si dice algo que es mentira… Y yo no voy a decir ninguna mentira, el juicio está grabado”…
En medio del juicio que Juan Dennis compartió con otras 11 personas, entre ellas el fotógrafo Anyelo Troya, con medida de Libertad provisional desde el 24 de julio de 2021 hasta la apelación, Juana presenció cómo llamaron a declarar a dos denunciantes por parte de la Fiscalía. Uno era un policía que “ni siquiera conoce a ninguno de los detenidos ni los apresó ni sabe en qué condiciones fueron apresados, si tenían el nasobuco puesto o no, si estaban gritando Patria y Vida o Viva la Revolución, o simplemente diciendo ‘quiero cambios económicos’”.
Juana recuerda un diálogo que, a partir de lo que la jueza preguntó a los denunciantes, se desarrolló de esta forma:
—¿Usted conoce a alguno de los acusados aquí?
—NO
—¿Apresó a alguno?
—NO. Yo no los apresé, no los conozco.
—¿Se detuvo a algún ciudadano que solo estuviera pasando por ahí o parado de espectador?
—Sí, en ese momento no se sabía quién estaba o no involucrado. Incluso al espectador se lo llevaron. No, no conozco a los detenidos aquí presentes ni los detuve yo.
“¿Qué están queriendo decir? Por qué no trajeron a cada vestido de civil que sin identificarse cogió a cada detenido y le metió una llave?”, se pregunta la esposa de Juan Dennis y joven madre de John. Y ejemplifica: “Hubo un acusado que se enfrentó a un hombre de civil (que no se identificó en ningún momento como policía) porque estaba asfixiando a una mujer. ‘Pensé que la estaba maltratando porque era un hombre contra una mujer, algo injusto’, dijo el acusado”.
Entonces —relata Juana— el fiscal cínicamente preguntó:
—¿Y usted sabe por qué ese agente le estaba haciendo esa medida a la mujer? Quizás esa mujer había hecho ‘algo’ y por eso se merecía en ese momento esa medida.
El acusado dijo:
—¿Usted me está queriendo decir que tengo que permitir que maten a una mujer delante de mí?
Juana pregunta, tajante, mientras se escucha el llanto de su bebé: “¿Qué puedes esperar de un fiscal inhumano que dice eso?”.
Para la joven madre ese fue solo el clímax de una secuencia en la que luego de que su marido se declarara en contra de las tiendas MLC, el fiscal le preguntó: “¿usted me dice que iba a comprar una lavadora en MLC?. Y Juan Dennis le respondió ‘sí, pero no porque yo cobre en MLC, sino porque mis hermanos que tienen un salario bajo en Estados Unidos tienen que mandarme dinero a mí. Y yo no quiero depender de ellos, yo quiero con mi salario poder comprar lo que necesito’”.
Pero eso, al parecer, no es lo suficiente legítimo para las autoridades cubanas, que han condenado a penas de cárcel de entre ocho y 12 meses, por hechos relacionados con las protestas iniciadas el 11 de julio, al menos a 20 personas. Uno de ellos es Juan Dennis, cuya abogada presentó el miércoles 28 un recurso de apelación. Entretanto, el estudiante de informática por curso para trabajadores, continúa preso en Valle Grande, sentenciado a un año de privación de libertad. Su esposa y el bebé, de solo siete meses, se han quedado solos en Las Guásimas, Arroyo Naranjo. Ella no siempre tiene con quién dejar al bebé operado para realizar los trámites burocráticos relacionados con la detención de J.
“Él no tiró piedras ni hizo desacato ni nada así”, dijo su esposa. “Aquí hay demasiada censura, no me han mostrado nada, ni hoja de sentencia ni nada. El juicio no se hizo con el debido proceso porque no hay pruebas de nada. Lo que busco más bien es que pidan su libertad y digan solo que fue apresado en la protesta, no nada relacionado con su pensamiento ni nada así que no lo involucren en ningún movimiento ni nada de eso porque realmente él no quiere meterse con política”, destacó la joven el lunes 26 de julio, día en que se conmemoró oficialmente la ‘Rebeldía Nacional’.
¿Quién hace campaña por los invisibles?
Aunque líderes de opinión han pedido durante las últimas semanas Amnistía o Sobreseimiento (Suspensión por parte de un juez o de un tribunal de un procedimiento judicial, por falta de pruebas o por otra causa), hasta el momento la Fiscalía General de la República asegura que “en Cuba no hay desaparecidos ni torturados, las listas que circulan por las redes sociales son tan falsas como las decenas de videos y fotos mendaces que tratan de desacreditar a la Revolución y minar su apoyo internacional”.
Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de Cuba, dijo el domingo 25 que la Fiscalía garantiza el principio de legalidad y actuará severamente en los casos más graves en los cuales “se demuestre que las personas juzgadas organizaron, promovieron o financiaron los hechos que ante todo violaron la tranquilidad ciudadana y vulneraron la seguridad jurídica”.
La reconocida jurista Laritza Diversent explica que “los manifestantes no cometieron ningún delito, basado en que ejercieron un derecho (a manifestarse) que está reconocido en la Constitución, lo que condiciona que haya una ley que cumpla lo establecido. Pero eso de momento no existe”.
Además —declara—, se está aplicando la legislación penal de manera selectiva. “No todas las personas que participaron en las protestas del 11-J están siendo procesadas en estos momentos. Hay discriminacion por motivo de la opinión política, por ejemplo los miembros de brigadas de respuesta rápida ni los policías que usaron la violencia, incluso la fuerza mediante armas de fuego, no han sido procesados ni juzgados por estos hechos. Tampoco el presidente, que convocó y llamó a la violencia. Por lo tanto hay una discriminación por razones políticas y nunca se debe apoyar algo así”.
“Desde Cubalex, lo que cabe es levantar las investigaciones que están en fase preparatoria y sobreseimiento libre de estas en los casos que ya la Fiscalía los tenga antes de presentarlos a los tribunales. Para quienes ya han sido juzgados, pedimos una anulación de la sentencia, ya sea mediante recurso de apelación que se logre absolver a todas estas personas, pero en caso contrario las personas que no han podido presentar recurso de apelación, pedimos que haya un procedimiento de oficio de los mismos tribunales para hacer una revisión de esas causas que se abrieron, retrotrayéndolas a la primera fase y entonces ordenar el archivo de las actuaciones de sobreseimiento libre y total de los manifestantes”, destaca.
La abogada insiste en que estas son recomendaciones de Cubalex a las instituciones del Estado para resolver el problema actual que incluye un trato discriminatorio que ningún Estado debería permitir: hasta por la televisión han aparecido personas del ámbito militar que reconocen haber estado en las protestas y sin embargo no están siendo procesadas como parte de la población que estuvo allí, recuerda y explica que están mostrando algunos heridos del lado de la autoridad, mientras otros heridos de la ciudadanía no están siendo presentados en esas plataformas mediáticas estatales. Y (ese trato discriminatorio) está perjudicando especialmente a las personas privadas de libertad porque puede influenciar a fiscales y jueces que están ejerciendo la acción penal en contra de los manifestantes de manera dura”.
El miércoles 28 de julio “pedimos un cambio de medida para que lo suelten”, dijo Juana. Mientras, Juan Dennis, el joven padre, esposo y estudiante de informática, continúa sin acceso a su teléfono ni a Internet. Nacido el 17 de noviembre de 1989, si cumple su condena prevista, pasará su cumpleaños 32 en prisión y no estará, tampoco, para el primer cumpleaños de su bebé. La madre expresa un temor enquistado a base de adoctrinamiento y pide que no se publiquen sus datos: “Podría buscarme un problema por eso… No quiero que después vengan a decir que J está financiado por la CIA o algo así… No quisiera dejar a mi niño solo”.
“Bienvenida a Cuba: no hay justicia”, sentencia Juana. “El día del juicio por poco me llevan por desacato por querer despedirme de él. Me dijeron ‘no se complique’”. Sin embargo, Juana advierte que muchos de los casos de personas que esperan su sentencia final en prisión domiciliaria, han sido relevantes por su visibilidad y la presión que familiares, amigos y ciudadanía han hecho en redes sociales.
Para que se imparta justicia, Diversent, desde Cubalex, pide además que el presidente Diaz-Canel se disculpe públicamente por haber llamado a la violencia mediante un discurso de odio cuando dijo: “la orden de combate está dada”. La disculpa “es fundamental para respetar por haber quebrantado todos los estándares internacionales. A través de ese llamado él promovió el odio, la violencia y la hostilidad entre cubanos. Debería disculparse”.
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El domingo 1 de agosto, tres semanas después de la detención de Juan Dennis en uno de los epicentros de las protestas nacionales, vuelvo a escribirle a su esposa. Me envía un mensaje: “Tengo Covid-19”. Precisa que está ingresada. “No estoy ‘vacunada’. Y tenía falta de aire y fiebre”. Le pregunto por el bebé y contesta: “Él hasta ahora dio negativo”. El lunes 2 de agosto me comenta: “Tengo los senos muy congestionados y tos y pérdida del gusto y olfato”. La última vez que habló por teléfono con Juan Dennis le contó de los síntomas. “Me dijo que me llevara el bebé conmigo, que le dolía mucho que yo estuviera pasando por esto y él estuviera allí adentro”.
Texto publicado originalmente en Yuca Byte.
