En la Isla, quienes tienen discapacidades y padecimientos psiquiátricos (al menos 17 casos documenta Justicia 11J) deben cumplir condena en centros que no se ajustan a sus necesidades.
Por Darcy Borrero Batista
Gilberto Castillo Castillo, Edelmer Góngora Morales, Dayron Martín Rodríguez, Walnier Luis Aguilar Rivera y Felipe Correa Martínez comparten la funesta circunstancia del presidio político, aun cuando sus padecimientos de salud mental los ubican en lo más gris de un espectro de vulnerabilidad que incluye al menos a 315 personas detenidas entre 2021 y 2023 debido a su participación en protestas públicas en Cuba.
Solo en relación con el estallido social del 11J, la cifra de personas con vulnerabilidad que recoge el grupo de trabajo Justicia 11J asciende a 200. Se incluye en esta categoría a exprisioneros políticos, activistas sociales, religiosos, pacientes diagnosticados con enfermedades crónicas, con padecimientos psiquiátricos o con discapacidad, así como personas LGBTI+.
De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 2007, la discapacidad en general se refiere a aquellas personas que tienen “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Asimismo, se determina que la discapacidad psicosocial es aquella que padecen personas con “diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión”.
Igualmente, resulta relevante el concepto jurídico inimputabilidad, que conlleva la ausencia de capacidad para conocer el alcance de los propios actos, “por falta de suficiente desarrollo intelectual (insuficiente para los fines de la capacidad de entender y de querer) y por graves anomalías psíquicas”.
En el caso específico de los padecimientos psiquiátricos y las discapacidades, Justicia 11J documenta en relación con el estallido de 2021 al menos 17 casos.
Gilberto
El 22 de diciembre, Mariana Castillo recibió una llamada telefónica desde la prisión Combinado del Este en la que le informaron que su hijo de 21 años, Gilberto Castillo Castillo, había obtenido el “beneficio” de pasar a trabajo correccional con internamiento. El joven padece discapacidad intelectual y nunca debió estar preso, pero el régimen lo condenó a seis años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el municipio de Güira de Melena, Artemisa, como publicó DIARIO DE CUBA.
Ya había cumplido un año y medio de sanción por los delitos de atentado, desorden público y sabotaje. “Gilberto me decía ‘mami, yo no sé por qué no me han dado campamento'”, contó a este medio la madre.
La modalidad penitenciaria de trabajo correccional con internamiento, conocida popularmente como “campamento”, consiste en enviar a los reos a sitios penitenciarios de estudio o de trabajo en los que terminan de cumplir su sanción, con posibilidades adicionales como visitas más frecuentes e incluso pases. También es un beneficio que se le otorga a reclusos que han cumplido la mayor parte de su sentencia, o a los que les restan un aproximado de cinco años para concluir.
Gilberto Castillo Castillo fue detenido en la madrugada del 12 de julio de 2021 por su presencia en las masivas protestas antigubernamentales que ocurrieron en toda Cuba. En el momento de su detención tenía 20 años de edad y un expediente médico que demostraba su discapacidad intelectual.
El joven preso estudió en una escuela para niños con trastornos de aprendizaje, en la cual no superó el primer grado. Firma los documentos legales con su huella digital, pues no sabe leer ni escribir. En los interrogatorios iniciales a los que fue sometido tras su llegada al centro de detención Reloj Club, ubicado en Boyeros, no supo siquiera decir su dirección particular. Además de esto, padece enfermedades adicionales como asma, que se le han agudizado en prisión.
Tras el arresto de Gilberto Castillo —que su madre describe como injustificadamente violento—, Mariana Castillo se personó en Reloj Club con el expediente médico del joven. Semanas después, cuando fue trasladado hacia la prisión de menores conocida como El Guatao, los oficiales penitenciarios afirmaron que esos documentos no existían ya. La madre denunció ante los medios que en el Hospital William Soler, donde atendía a su hijo desde pequeño, le negaron también el acceso al historial médico.
Gilberto Castillo Castillo se encuentra aún en la prisión Combinado del Este, de La Habana, a donde fue trasladado tras cumplir 21 años y llegar a la mayoría de edad en junio pasado.
“Sus compañeros de prisión me lo elogian”, dijo su madre. “Me dicen, ‘mamá, su hijo no habla ni se mete con nadie. Su hijo no habla’. Y es que él es así. Todo el que lo conoce en Güira sabe que mi hijo no habla. Ni a mí me habla casi nunca porque mi niño tiene retraso”.
En los videos que se usaron para condenarlo en marzo pasado se ve a Gilberto Castillo llevarse las manos a la cabeza luego de haber lanzado una piedra, como hacían decenas de manifestantes, a la tienda en pesos convertibles El Encanto.
El abogado que defendió su caso recalcó que, según las pruebas realizadas al muchacho, Gilberto Castillo mostraba el cociente intelectual de una persona de entre siete y 12 años. Por tal motivo, pidió para él libertad inmediata, la cuál fue negada. Sin embargo, los jueces del régimen condenaron al joven a seis años de prisión.
Gilberto Castillo Castillo es una de las 33 personas juzgadas en Güira de Melena por participar en las protestas del 11J. Junto a Yanley López Basulto y Lázaro Yeison Cecé Álvarez, en el momento de su detención tenía menos de 21 años.
“Gilbertico tiene que estar libre. Él no está preparado para estar preso y no sabe por qué hizo lo que hizo“, denunció su madre.
Edelmer
Edelmer Góngora Morales, quien tiene una discapacidad severa, estuvo entre los cubanos que fueron detenidos por la Policía en relación con las protestas del 11 de julio en Holguín.
“En Holguín, muchos conocen a Edelmer Góngora Morales como ‘El Pollo’. Hasta el 11J se dedicaba a vender viandas y vegetales en su carretilla en la loma del barrio La Quinta. Cuando estalló la revuelta popular, Edelmer, a quien le habían confiscado otra carretilla el año pasado, se unió a ella pacíficamente. Cuatro días después, el 15, fue arrestado en su casa. Ni la familia ni el abogado contratado por ella han podido verlo”, narró la periodista Ivette Pacheco, fundadora de Justicia 11J.
Leyva señaló que el joven padece exostosis múltiple, también denominada osteocondromatosis hereditaria. Es una enfermedad poco frecuente que provoca el crecimiento de tumores en los extremos de los huesos.
“Ha sido operado tres veces, camina con dificultad y tiene dolores frecuentes. Le han dictado prisión provisional y es acusado de desobediencia, atentado, y propagación de epidemia. Atentado, ¿a una persona con semejante discapacidad, que no puede lanzar ni una piedra, aunque quiera, por la deformación en sus manos?”, cuestionó la periodista en su publicación.
“Edelmer vive con su padre, quien también padece exostosis y tuvo un derrame cerebral; y su madre, quien lucha contra una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y depresión, entre otros problemas de salud. Es el único sustento de su hogar y es sumamente laborioso pese a su discapacidad”, alertó.
Dayron
DIARIO DE CUBA reportó que la madre de Dayron Martín Rodríguez sufrió un preinfarto cuando supo que a su hijo lo condenaban a 30 años de cárcel por participar el 12 de julio de 2021 en la protesta de La Güinera, uno de los barrios más castigados tras el estallido social en Cuba. De 790 personas procesadas penalmente por participar en las manifestaciones de 2021 contra el régimen cubano, 96 son de La Güinera y fueron acusadas de “sedición”.
Como también reseña Cubanet, en ese humilde barrio habanero los vecinos salieron a manifestarse el 12 de julio, y fueron violentamente reprimidos por la Policía, incluso con armas de fuego. De La Güinera es la única víctima mortal reconocida por las autoridades: Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, quien recibió un disparo de un policía.
Coral Martín Rodríguez contó a la prensa independiente, desde Ecuador, que su hermano Dayron la llamó desde la cárcel tras el juicio colectivo que tuvo lugar en diciembre pasado, y le contó la sentencia que le comunicaron en ese momento de modo oral. “Mi mamá se puso muy mal, soltó el teléfono, se desmayó… Y tuve que seguir hablando con él, que me decía: ‘¿qué le pasó a mi mamá, qué le pasó a mi mamá…?'”, relata la joven, quien tuvo que darle ánimos a su hermano en los tres minutos que duró la llamada y luego reanimar a su madre.
“Cuando ella volvió en sí, empezó a llorar mucho, y en ese momento le dio un dolor fuerte en el pecho. (…) La llevé a urgencias y allí me dijeron que había tenido un preinfarto del disgusto tan grande que había tenido”. Coral resalta que su madre está deprimida desde el encarcelamiento de Dayron.
El miércoles 16 de marzo de 2022 el régimen dio a conocer las sentencias para los manifestantes de Toyo y La Güinera, en La Habana. Dayron Martín Rodríguez aparece relacionado como el preso político cubano número 340 en el listado de detenidos —en relación con el 11J— que mantiene Justicia 11J y es una de las dos personas inicialmente condenadas a 30 años de privación de libertad por sedición. Antes del 11J la cifra de prisioneros políticos no llegaba a 200.
“La vida de nosotros la acabaron”, dijo Coral en un video publicado en su cuenta de Facebook, en el cual también aparece su madre, muy afectada tras conocerse la sentencia firme. Para la familia, la condena es muy injusta; aún no terminan de asimilar la situación, pero reafirman que no dejarán de luchar por la liberación de Dayron. “No estamos de acuerdo con la condena y no vamos a parar”.
“Somos su esperanza”, dijo Esmeralda Rodríguez, la madre de Dayron. “Aunque yo me esté muriendo por dentro vamos a seguir luchando por mi hijo, y por todos los presos políticos, porque los cubanos tienen mucho miedo, por eso no ha pasado más nada, tienen mucho miedo, y prefieren morirse en Cuba con miedo”, agregó.
Dayron tiene 37 años. Su último cumpleaños lo pasó en prisión, como podría pasar el resto de su vida tras la dura condena impuesta por el régimen. En la sentencia, a la que tuvo acceso Justicia 11J, se tuvo en cuenta su “reincidencia”, ya que supuestamente tenía antecedentes penales por un delito anterior de malversación por el que fue condenado a ocho años. En cambio, no se valoró que Dayron tiene problemas psiquiátricos, algo que los jueces sí tuvieron en cuenta para la sanción anterior.
Mi hermano “padece de los nervios”, explicó Coral, “hasta el punto que intentó quitarse la vida”.
“Mi mamá tuvo que mudarse un tiempo a su casa con la esposa de él, porque no se le podía dejar solo y la esposa tenía que trabajar… Estaba que no quería vivir, no tenía motivos para vivir. A raíz de eso, lo llevamos al médico y es cuando le diagnostican su problema psiquiátrico, y que tenía que tomar medicamentos, y estuvo un tiempo ingresado (en el Sanatorio San Juan de Dios, de La Habana) hasta que mejoró”, aunque seguía asistiendo a terapias regularmente y con medicación, detalló Coral y enfatizó que, tras ser encarcelado por el 11J, no ha recibido la atención adecuada para su padecimiento.
“Al principio, cuando cayó preso, no le daban la medicina, tuvimos que fajarnos, porque sin esa medicina él se deprime“. Añade que incluso una vez le dieron el medicamento equivocado.
En el resumen de la historia clínica de Dayron Martín Rodríguez, obtenido por su esposa en el Sanatorio San Juan de Dios, de La Habana, con el fin de presentarlo en el proceso judicial, consta su ingreso en 2014 con un diagnóstico de “doble depresión”; se indica que Dayron padece “distimia”, un trastorno depresivo persistente, sumado a un “episodio depresivo de funcionamiento psicótico” y adicción al alcohol. El informe psicológico, fechado el 23 de julio de 2021 y firmado por autoridades de la entidad pública cubana, señala que Dayron padece “una depresión severa, con autoacusaciones, impulsos suicidas, incapacidad de tomar decisiones que lo guíen a metas positivas”.
“El sistema carcelario no es compatible con la condición clínica y psiquiátrica de este paciente”, dijo a DIARIO DE CUBA categóricamente el psiquiatra Emilio Arteaga Pérez, tras analizar el resumen médico. “Alguien que tiene antecedentes de salud mental como él, y que tiene un diagnóstico de alcoholismo, con episodios depresivos, depresiones que por su naturaleza han llegado a tener una profundidad importante, tuvo un episodio psicótico, y fue necesario su ingreso en Psiquiatría. Alguien con todos estos elementos tiene una vulnerabilidad mucho mayor que la media general”, señaló el facultativo.
“Un sistema carcelario como el que tenemos, que no garantiza la salud en lo más básico (…), imagínate en algo tan delicado como salud mental, y estamos hablando de alguien que tiene un registro, que ha pasado por un trastorno mental depresivo importante. No, no es compatible el sistema carcelario con él, no lo es, y el riesgo de suicidio existe, es alto“, advirtió el especialista.
La familia se movilizó para conseguir este informe clínico y que fuera presentado en el juicio, pero se desestimó a la hora de sancionar al joven. En cambio, sí se tuvo en cuenta en la condena anterior, de 2016. Dayron estaba de licencia extrapenal en el momento en que fue detenido, el 13 de julio.
Walnier Luis
Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político del 11J Walnier Luis Aguilar Rivera —cuya historia ha llegado también a la prestigiosa BBC—, denunció los constantes engaños de que es víctima por parte de las autoridades carcelarias, luego de presentar una queja ante la Dirección General de Prisiones (DGC) al saber que el 8 de octubre de 2022 un guardia roció con gas los ojos de su hijo mientras el muchacho se encontraba esposado. Así lo dijo Aguilar Bravo en una directa en su perfil de Facebook.
Según el padre, al presentar la queja los funcionarios prometieron investigar y le dijeron que esas cosas “no podían suceder”. Pasados los días, la respuesta dada fue que su hijo se había negado a desnudarse, como supuestamente establece el procedimiento, al pedir ser llevado al médico por un dolor de cabeza que presentaba. Presuntamente para controlar a Aguilar Rivera un teniente nombrado Escalante le echó gas en los ojos.
“Eso es mentira, todo eso es mentira. Por eso firmé inconforme y se los dije en su cara, esa no es la verdad. Como en efecto, vengo de la visita con mi hijo y supe cómo fue todo. El teniente Escalante se dedica a eso, es un torturador, cogió a una persona, esposada igual que a mi hijo, y le dio un tonfazo por la cabeza y le partió la cabeza”, dijo Aguilar Bravo en su directa.
“A mi hijo lo aguantaron, llamaron a otros tres guardias para aguantarlo, después le echaron spray, esposado, después lo echaron escaleras abajo, esa es la verdad que ustedes no querían decirme ni que van a investigar, eso va a quedar impune”, denunció Aguilar Bravo.
“¿En manos de quién están nuestros hijos? Ahora mismo el peor delito en este país es pedir libertad. Mi hijo no está ahí porque le robó a nadie, ni porque estafó a nadie, ni porque violentó a nadie, solo está ahí por pedir libertad. ¿Por qué lo abusan así?”, cuestionó el padre de este preso político, visiblemente molesto.
Walnier Luis Aguilar Rivera, natural de La Habana, tenía solo 21 años de edad en el momento de ser detenido. Fue sancionado en primera instancia a 22 años de privación de libertad por el delito de sedición, el mismo por el que fueron procesados 96 vecinos de La Güinera. Su sanción fue disminuida a 12 años como resultado de un proceso de casación. Aguilar Rivera tiene un diagnóstico de deficiencia intelectual no atendido ni tratado adecuadamente durante la fase judicial ni durante la fase ejecutiva de la sentencia.
En julio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó una medida cautelar a Walnier Luis Aguilar Rivera, tras considerar que se encuentra actualmente privado de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
La medida cautelar está contenida en la Resolución 30/22 del 8 de julio de 2022, de la CIDH, que también incluye al preso político Ibrahim Domínguez Aguilar.
El documento advierte que las personas beneficiarias fueron privadas de libertad luego de participar en las protestas. Además, que las condiciones de detención serían consideradas “severas” y que sufrirían malos tratos y amenazas por parte de autoridades penitenciarias con el objetivo de que confiesen delitos o chantajes para “mantener la buena conducta” intramuros.
Aguilar Rivera tendría una condición de salud mental que le ha demandado tratamiento psiquiátrico y no estaría recibiendo la atención médica requerida, llegando a un estado “crítico”, habiendo manifestado intenciones de suicido, añadió la CIDH. Lamentó que no obtuvo “observaciones del Estado” cubano, pese a que fueron solicitadas.
Tras analizar la documentación recibida, la CIDH consideró en ese momento que los beneficiarios (Aguilar Rivera y Domínguez Aguilar) estarían en severas condiciones de detención y malos tratos, sin recibir la atención médica adecuada, pese a sus estados de salud delicados. También observó que familiares y abogados habrían presentado recursos ante las autoridades competentes para atender la situación de los propuestos beneficiarios, sin recibir respuesta.
Abel Lázaro
El preso político del 11J Abel Lázaro Machado Conde, paciente psiquiátrico que ha carecido de atención médica y acceso a los fármacos que necesita, intentó suicidarse en el penal de máxima seguridad de Quivicán. A pesar de su vulnerabilidad —denunció su madre, Beatriz Conde Mesa—, las autoridades del penal respondieron con maltrato físico y, tras el intento de suicidio, Machado Conde pasó toda la noche esposado de manos y pies con las chaquiras en un pasillo, lo que es considerado una forma de tortura.
“Cuando ellos lo zafaron de las chaquiras, que lo habían guindado toda la noche, por la mañana, a esa hora, fue que lo dejaron llamarme para que yo supiera. Cuando me habló así, yo me puse tan mal. Yo le digo: ‘¡Ay!, Abel, quién te zafó’, y me dice que salió otro muchacho más que lo cuida. Y me dice: ‘Él fue quien me zafó, mamá, él fue quien me zafó; ahí se levantó la compañía completa’. Yo le pregunté: ‘papi, ¿no te ha visto algún psiquiatra?’, y me dijo que no“, contó angustiada la madre.
Ya ella había denunciado el castigo al que fue sometido su hijo en una celda de aislamiento. El joven condenado a nueve años de cárcel por los delitos de “sabotaje” y “desórdenes públicos”, fue golpeado por el segundo jefe de la prisión, identificado como Yuliesky Montero.
La vida de Abel Lazaro ha corrido peligro debido al hostigamiento y los maltratos, que agravan sus padecimientos siquiátricos, situación que ha resultado en varios intentos de suicidio.
Justicia 11J, en su seguimiento a este caso, ha emitido alertas en función de preservar la integridad física de este joven con trastorno orgánico de la personalidad, que además padece de epilepsia y no ha sido atendido por psiquiatras en el penal. Sin embargo, en este caso, ni en los anteriores, el régimen ha dado soluciones alternativas a la cárcel.
Mario Josué
Solo el preso político Mario Josué Prieto Ricardo, también con padecimientos psiquiátricos, fue liberado bajo una licencia extrapenal otorgada por el régimen.
Su madre, Niurka Ricardo Hidalgo, contó a Martí Noticias los detalles: “Ayer fue mi cumpleaños, me llamaron (de la jefatura penitenciaria) y me dijeron que me querían hacer un regalo, yo pensé que me iban a dar cinco minutos con él, pero fuimos a la prisión y nos lo dieron. Estoy feliz, por una parte, triste por los otros que quedan. Todavía no me lo creo. Casi dos años de sufrimientos y de batalla, pero al final, gracias a Jehová, lo logramos”.
De todas formas, Mario Josué tuvo que pasar, como relata su madre, casi dos años en prisión, durante los cuales el joven, de 27 años y ciudadano de Cuba y España, intentó suicidarse en tres ocasiones, la última vez en el hospital donde estaba ingresado, según su familia.
“Él tiene principio de esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el cerebro y la médula espinal. Padece neuropatía retrobulbar (inflamación del nervio óptico) aparte del problema de los nervios que es lo peor que él tiene”, dijo la madre.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, envió al Gobierno español un informe jurídico sobre Prieto Ricardo. Solicitaba que se hicieran gestiones para la excarcelación del joven porque, consideró la organización, en ningún momento quedó probado el delito de sedición y no se respetó la garantía de que las personas deben ser juzgadas por un juez natural y no por tribunales o salas de excepción, así como tampoco se tuvieron en cuenta las circunstancias personales y de salud de Mario Josué.
En respuesta, el Gobierno español “aclaró” que no podía “prestar asistencia a Mario Josué Prieto”, quien había sido condenado a 12 años. El documento, al que tuvo acceso Europa Press, después de que el opositor Partido Popular (PP) español se interesara por este caso y por el apoyo que el Gobierno le estaba brindando después de la petición de ayuda de sus padres, indica que tanto la Embajada como el Consulado General en La Habana siguieron el caso y realizaron gestiones ante las autoridades cubanas “para aliviar su situación penitenciaria”.
La solución solo estaba en manos del régimen, cuya nueva Ley de Ejecución Penal —en vigor junto al Código Penal desde el 1 de diciembre de 2022— permite que el tribunal provincial de la localidad conceda la licencia extrapenal a reclusos con padecimientos de salud que impidan u obstaculicen el cumplimiento de la sanción u otros motivos justificados.
“Nosotros creemos que, aunque esto no compensa, ni repara, ni elimina la situación injusta de haber sido condenado y encarcelado por haber protestado pacíficamente, sí es algo positivo, porque ahora él podrá estar con sus padres, en su casa e intentar recuperarse de la grave situación de salud que padece. Nos alegramos, aunque claro, reiteramos que nunca debió haber estado preso”, comentó a Martí Noticias Yaxis Cires, director de Estrategia del OCDH.
Felipe
Felipe Correa Martínez es uno de los cubanos reprimidos en Caimanera, Guantánamo, por agentes de las tropas especiales conocidas como Boinas Negras durante una protesta a inicios de mayo de 2023.
Su madre, en declaraciones a Cubanet, dijo que se trata de un “muchacho enfermo”. Amnistía Internacional (AI) exigió al régimen cubano la libertad de los cinco detenidos en la protesta multitudinaria del pasado sábado 6 de mayo en Caimanera, mientras la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su base de datos de represores violentos a dos oficiales del Ministerio del Interior en Guantánamo identificados como responsables de la represión contra manifestantes pacíficos.
“La violencia estatal no debe ser la respuesta a las protestas. Hemos recibido información preocupante sobre la detención arbitraria de cinco jóvenes en el contexto de protestas en Caimanera y exigimos a Miguel Díaz-Canel su liberación inmediata”, declaró AI en Twitter.
Caridad Alarcón Martínez, hermana de los hermanos detenidos Felipe Correa Martínez y Luis Miguel Alarcón Martínez, dijo a Radio Martí que las autoridades citaron a su madre a la sede del Gobierno en la noche del domingo, la pusieron al teléfono con sus dos hijos y le prometieron la liberación de ambos.
“Mis dos hermanos hablaron con ella, porque ella estaba muy alterada, y mi mamá se tranquilizó. Le dijeron que posiblemente hoy (lunes) los soltaban”, contó la joven. Luis Miguel Alarcón, de 32 años, es bicitaxista, y su hermano Felipe tiene discapacidad mental, explicó Caridad Alarcón Martínez.
El reportero independiente Yeris Curbelo, de la guantanamera Palenque Visión, dijo a Radio Martí que los tres manifestantes que iniciaron la protesta tuvieron “expresiones y forma de proceder coherentes, no violentas”, y desmintió que estuviesen en estado de embriaguez como ha dicho el régimen.
Enfoques sobre prisión y discapacidad
Un Protocolo de Actuación para Personas con Discapacidad en Centros Penitenciarios realizado por Instituciones Penitenciarias en España junto a otras entidades estudiosas de la discapacidad como ONCE, CNSE, Fiapas, Cocemfe o FASOCIDE, da respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad que van prisión.
Este protocolo contiene algunas pautas para facilitar la comunicación con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como un cuestionario sencillo para poder detectar este tipo de discapacidad entre la población reclusa. “Algo muy importante, puesto que se calcula que el 70% de las personas con esta discapacidad en prisión, fue detectado una vez estando reclusa. Además, el protocolo garantiza la participación de profesionales de plena inclusión en las reuniones del Equipo Técnico de los diferentes centros penitenciarios cuando traten asuntos relacionados a los y las internas que estén atendidos dentro del Programa”.
Dicho análisis está en consonancia con los hallazgos de dos informes que revelan juicios que obvian el nivel intelectual del reo, acusados que no conocen a su abogado y un “laberinto” penitenciario que facilita “abusos y manipulaciones”, según “Prisión, el maltrato mental del sistema”, un artículo publicado por el diario El Mundo y que aborda la discapacidad en prisión como experiencia “doblemente traumática”.
La prisión —señala— es un lugar hostil para cualquiera que pase por ella. “Pero si además el interno tiene alguna discapacidad, la experiencia puede ser doblemente traumática. (…) Muchos se convierten en objeto de abusos y burlas por parte del resto de reclusos, no pueden acceder a ciertos lugares por falta de adaptación, o incluso sufren las consecuencias de no ser capaz de entender bien las órdenes y aplicarlas”.
Los abogados también se enfrentan a complicaciones cuando tienen que atender a una persona con discapacidad en prisión, fundamentalmente en lo que se refiere a la comunicación. “Si ya es difícil en situación de libertad, los problemas se acrecientan entre los muros de la prisión”, señala el documento.
Un aspecto fundamental para mejorar la integración de las personas con discapacidad en el entorno penitenciario es la “formación de los operadores jurídicos en derecho de la discapacidad, incluyendo a los responsables y trabajadores de los centros penitenciarios”, así como “la información a los reclusos con discapacidad y sus familias sobre sus derechos y recursos a su alcance. Y la concienciación del conjunto de la sociedad sobre lo que significa la discapacidad, principalmente en prisión”.
Un esfuerzo desde México, recogido en el informe Situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en centros penitenciarios de la República Mexicana, concluye que las personas con discapacidad psicosocial y los inimputables necesitan y requieren atención especializada acorde a sus características específicas, que limitan su capacidad de conducirse de manera independiente por lo que, tanto en la normatividad nacional e internacional, se ha reconocido que su atención implica necesariamente “proveer de las condiciones necesarias que favorezcan los ajustes normativos de operación e infraestructura que permitan alcanzar un nivel óptimo de funcionamiento y de disminución de sus limitaciones para su vida cotidiana, evitando su discriminación y vulnerabilidad”.
Las alternativas a la cárcel para estas personas son escasas en Cuba. A diferencia de las personas VIH+, para las que el régimen cubano mantiene un enfoque separatista en cárceles especializadas, quienes tienen discapacidades deben cumplir condenas en centros generales que, de acuerdo con las denuncias ciudadanas, no se ajustan a sus necesidades.
El joven Ermes Enrique Orta Bernal, manifestante del 11J que estuvo detenido un par de semanas en el Vivac (sede de la Seguridad del Estado) de Sancti Spíritus, en declaraciones exclusivas a Justicia 11J, señaló: “Ahí no había condiciones ni siquiera para nosotros, no podíamos estar ahí, cómo las va a haber para una persona con discapacidad. Había otros calabozos que sí tenían a lo mejor una taza sanitaria, pero en el que yo estaba no, no había taza ni ducha, era un tubo ahí. Cuando venía el agua echábamos en un pomo que nos llevaron y eso lo compartíamos”.
Texto publicado originalmente en Diario de Cuba.
