Entre los rasgos de la violencia estatal contra la ciudadanía en Cuba está su carácter discriminatorio por motivos sexuales y de género. Generalmente los agentes del Estado, en específico los oficiales y funcionarios del Ministerio del interior (Minint), exhiben actitudes homófobas y transfóbicas mientras realizan su trabajo represivo contra la comunidad LGBTIQ+ y otras voces que critican las políticas oficiales.
Los “Principios básicos para el tratamiento de los reclusos”, un instrumento universal adoptado y proclamado en 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, prohíbe la “discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otros factores”.
También el “Manual sobre reclusos con condiciones especiales”, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala que “los instrumentos de los derechos humanos obligan a los Estados a proteger a todos los reclusos bajo su supervisión y cuidado”. En ese sentido, “considerando la gran cantidad de reportes relacionados con la discriminación, humillación, abuso y violación sexual de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en instalaciones de los recintos penitenciarios, las autoridades penitenciarias necesitan desarrollar políticas y estrategias que aseguren la máxima protección posible de dichos grupos (…)”.
Sin embargo, la realidad que se vive en Cuba está alejada de estos ideales. Como botón de muestra, es ilustrativo el testimonio de José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MORN), quien antes de ser desterrado en 2022 compartió prisión política con la mujer trans Brenda Díaz y con Yuri Almenares, dos casos sobre los que ampliaremos.
Díaz Silva dijo al Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, que a Brenda “le prohibieron actitudes femeninas y le decomisaron sus pertenencias de mujer. También le caían a golpes por su sexualidad. Recibió torturas y golpizas (…)”. En relación con el disidente Yuri Almenares, expresó que “le dieron golpizas y lo mandaron a celda de castigo por ser homosexual”.
A propósito del Mes del orgullo LGBTIQ+ visibilizamos a algunas personas que pertenecen a esa comunidad, privadas de su libertad en Cuba por motivos políticos.
– Brenda Díaz (30 años) es una mujer trans detenida por participar en las protestas de julio de 2021 en Güira de Melena, Artemisa. Fue trasladada a la unidad policial conocida como el “Técnico de cuatro caminos”, donde estuvo en la misma celda que su hermano aproximadamente una semana. Luego fue trasladada al campamento Reloj Club de Boyeros y más tarde a una prisión en Melena del Sur.
Le imputaron cargos de “desórdenes públicos”, “sabotaje de carácter continuado”, “atentado”, “daños”, y “robo con fuerza”, pero finalmente le retiraron tres de esos supuestos delitos. Su juicio fue el 7 de marzo de 2022 y un mes después le dictaron la sentencia de 14 años de privación de libertad. En abril de 2023 aumentaron su sanción en 7 meses de cárcel.
En la prisión Cuba-Panamá vive con VIH, gastritis crónica y cálculos en los riñones. Ha sido llevada a celda de castigo, la han esposado con “shakiras” y le han negado su derecho a llamadas telefónicas. En mayo de 2023 se declaró en huelga de hambre junto a otros prisioneros en la cárcel de Quivicán.
– Yuri Almenares González (43 años) es un opositor y activista por los derechos humanos, detenido el 16 de junio de 2020. Tras más de dos años en prisión preventiva fue sentenciado a 7 años de privación de libertad por el supuesto delito de desacato a la figura del gobernante Miguel Díaz-Canel. Lo condenaron por varias publicaciones en sus redes sociales, en las que criticaba la crisis de Cuba y el deficiente trabajo de los dirigentes.
Ha denunciado acoso y torturas en su contra desde la prisión Combinado del Este, en La Habana: reclusión en celdas de castigo, hostigamiento por parte de otros presos y golpizas de oficiales. Entre agosto y septiembre del 2023 se declaró en huelga de hambre.
– Yasiel Martínez Carrasco (27 años) fue detenido el 27 de julio de 2021 por participar en las protestas del 11J. Tras su arresto estuvo en desaparición forzada y la policía no dio información de su paradero por más de 50 días. Lo recluyeron en San José, en la llamada “Prisión del Sida”, donde lo golpearon brutalmente. Luego lo trasladaron a la Prisión de Quivicán. En todo ese tiempo no pudo hablar con un abogado ni ver a sus familiares.
Es el único hijo de una madre enferma, a quien ayudaba a sostenerse trabajando en una carpintería. Nunca tuvo problemas con la justicia, pero la Fiscalía solicitó imponerle una sanción conjunta de 16 años por “desórdenes públicos”, “sabotaje” y “robo con fuerza” (absuelto). Lo sancionaron a 8 años. En mayo de 2023 se declaró en huelga de hambre junto a otros prisioneros en la prisión de Quivicán.
– Cruz Santa Misa Gómez (33 años) estuvo en la protesta que sucedió en Saratoga, en la ciudad de Camagüey, el 11 de julio de 2021. El fiscal municipal pidió imponerle una sanción conjunta de 8 años de prisión por “desórdenes públicos”, “atentado” y “ultraje sexual”. El último delito le fue imputado por quitarse el pullover que llevaba puesto como un acto de protesta el 11J. Fue condenada a 7 años.
En marzo de 2024 fue trasladada desde la prisión provincial de mujeres de Camagüey (Granja 5) hacia el campamento de trabajo forzado El Anoncillo.
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Se puede encontrar más información de eventos relacionados con estas personas en la base de datos del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (filtrar la categoría Víctima). También están disponibles para consulta los boletines e informes de Justicia 11J.
