Varios de estos casos los siguen organizaciones no gubernamentales como Justicia 11J y Cubalex, también fueron analizados ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU
Por Darcy Borrero Batista
“Acabamos de recoger a nuestro hijo Jonathan Torres Farrat, de la noche a la mañana le pusieron una fianza”. Estas fueron las palabras de Bárbara Farrat y de su esposo Orlando Ramírez una vez que supieron de la excarcelación del menor Jonathan (17 años), quien llevaba cerca de un año privado de libertad. Durante ese periodo se perdió la última parte del embarazo de su novia y el nacimiento de su primer hijo.
A propósito del reencuentro, compartieron en redes sociales imágenes en las que aparecen juntos en su casa en el barrio de Toyo, en el municipio habanero Diez de Octubre. “Con mis niños”, escribió Bárbara Farrat en su cuenta personal de Facebook, mediante la cual se ha mantenido realizando directas en forma de denuncias desde que le arrebataron a su hijo porque este participó el 11 de julio de 2021 en las protestas en su barrio.
La foto de esta familia reunida, a casi un año de las protestas, ha sido recibida como un fruto del activismo constante de su madre y de otras personas que dentro y fuera de Cuba se sumaron a la defensa de los menores de edad que se transformaron en presos políticos a raíz de las acusaciones que recayeron sobre ellos. Particularmente, sobre los que fueron procesados, juzgados y condenados por el delito de sedición, uno de los que el Código Penal de 1987 —vigente hasta la reciente aprobación del de 2022— enmarca en la sección de Delitos contra la Seguridad Interior del Estado.
Fue el delito del que acusaron también a jóvenes como Marlon Brando Díaz Oliva (20 años); Marcos Antonio Alfonso Breto (19 años); Yensy Jorge Machado González (18 años); Frank Daniel Roy Sotolongo (19 años); Emiyoslán Román Rodríguez (18 años); Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso, (18 años); Juan Yanier Antomarchi Nuñez (18 años) y Dariel Cruz García, de 20 años. Todos ellos fueron excarcelados tras haber pasado casi un año en prisión y haber recibido condenas, en primera instancia, entre 7, 8, 9, 15 y hasta 18 años de privación de libertad.
Sin embargo, se desconoce en la mayoría de los casos cuál ha sido el recurso legal para excarcelarlos, por lo que los abogados de Cubalex han sugerido cautela en tanto estos jóvenes podrían volver a ser privados de libertad. A Emiyoslán Román, por ejemplo, le han modificado la medida cautelar, el delito de sedición se mantiene y lo que cambia es que la nueva sentencia, a partir de la casación, la espera en casa, no en la cárcel. De los demás, todavía se desconocen los detalles de la salida de prisión.
¿Cómo los presenta la Fiscalía?
Marlon Brando Díaz Oliva, de 20 años, tenía una petición fiscal de 15 años de privación de libertad. Su condena inicial era de 18 años de cárcel. Este joven nacido en La Habana es profesor, como ha hecho constar la Fiscalía en documentos legales; de otro lado, este órgano lo acusó de sedición y da por hecho que “con el propósito de alterar el orden social socialista consagrado en la Constitución de la República de Cuba, prestos a crear actos violentos, desórdenes y disturbios”, Díaz Oliva y otros jóvenes manifestantes se unieron a una concentración de personas que transitaban desde el lugar conocido por “el basurero” en la propia localidad con el objetivo de llegar hasta la Estación de la PNR. Sin embargo, los manifestantes no se acercaron a más de tres cuadras de esa estación.
Yensy Jorge Machado González, de 18 años, tenía una petición fiscal de 15 años de privación de libertad, y fue condenado en primera instancia a 7 años. La Fiscalía declara que este nacido en La Habana y residente en el barrio La Güinera, no participa en las actividades convocadas por las organizaciones sociales y de masas en su comunidad.
Frank Daniel Roy Sotolongo, de 19 años, tenía una petición fiscal de 15 años de privación de libertad. La condena inicial fue de 9 años de cárcel. Reside igualmente en La Guinera, Arroyo Naranjo. Aunque la Fiscalía expone que en su comunidad no participa en las actividades convocadas por organizaciones políticas y de masas —y que fuera de ese entorno se ha involucrado en hechos de indisciplina sociales ha resultado sospechoso en la comisión de hechos delictivos, por lo que ha sido persona de interés policial—, reconoce que no le constan antecedentes penales.
Emiyoslán Román Rodríguez, de 18 años, tenía una petición fiscal de 15 años de privación de libertad y la condena inicial fue de 7 años. En su comunidad —dice la Fiscalía—, Román Rodríguez no participa en las actividades convocadas por las organizaciones políticas y de masas. No obstante, no le constan antecedentes penales.
Marcos Antonio Alfonso Breto de 19 años, estaba bajo la petición fiscal de 15 años de privación de libertad y recibió una condena inicial: 9 años de encarcelamiento. Según la Fiscalía, Alfonso Breto, también residente en el barrio La Güinera, del municipio Arroyo Naranjo, no participa en las actividades convocadas por las organizaciones sociales y de masas. Tampoco le constan antecedentes penales.
Contexto de las excarcelaciones
Varios de estos casos han sido seguidos por organizaciones no gubernamentales cubanas como Justicia 11J, Grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos y Cubalex, que trabaja para instaurar la democracia, el Estado de Derecho y las garantías de respeto de los derechos humanos en Cuba.
Igualmente, la situación de los jóvenes y de los menores de edad en detención ha sido presentada y debatida ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que recientemente sesionó en Ginebra; en tanto el Comité Contra la Tortura emitió su informe periódico con recomendaciones al Estado. Significa que durante las últimas dos semanas el estado cubano ha estado sujeto a revisiones muy serias que desde hace varios años no se realizaban.
Los menores —así como los jóvenes— privados de libertad son un asunto clave sobre el que cada uno de estos grupos de expertos internacionales demandaron información precisa y desglosada. El Comité de los derechos del Niño (CRC), de la ONU, no ha emitido aún sus recomendaciones a Cuba, pero fue claro en sus demandas de datos y de acciones. Dijo a la delegación estatal que, en primer lugar, el tiempo de los niños, niñas y adolescentes no es el tiempo de los adultos. Mucho menos si se trata de tiempo en prisión.
Texto publicado originalmente en Diario de Las Américas.
