Con abusivos procesos penales el régimen cubano busca aniquilar las protestas y el espíritu cívico

Varias noticias de las últimas semanas, en relación con la continuidad y culminación de procesos penales realizados a raíz de protestas populares en Cuba, parecieran desalentadoras para quienes creemos en la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Con los juicios por las manifestaciones de Nuevitas (Camagüey) y Caimanera (Guantánamo), así como con los procesos abiertos a otros ciudadanos por expresarse en redes sociales, el régimen del Partido Comunista de Cuba (PCC) busca ahogar el espíritu cívico y las protestas, mientras no avanza en la resolución de las demandas materiales y políticas de la ciudadanía.

Las represalias por las protestas en Cuba van más allá de los arrestos, con frecuencia arbitrarios y violentos, en el lugar de los eventos. Desde el estallido social de julio de 2021 (11J), hemos visto que el Ministerio del Interior (Minint) y otros agentes del Estado cubano emprenden una cacería a posteriori de personas que identifican en videos de las protestas, persiguen a supuestos líderes, judicializan a los manifestantes más notorios, a quienes transmiten los hechos en redes sociales o a los que se pronuncian contra las represalias y a favor de manifestarse. Son patrones identificados también en escenarios de protesta en los años 2022, 2023 y lo que va del 2024.

Los procesos penales –que se extienden por un año o más– tienen en común las altas penas solicitadas por los fiscales y las duras sentencias impuestas por los tribunales para castigar el ejercicio de derechos supuestamente reconocidos en la Constitución.

Esto demuestra que en Cuba ni las leyes que las autoridades hacen a su medida para aparentar una legalidad más o menos aceptable ante algunos organismos internacionales, son límites al proceder arbitrario y abusivo del Minint y otras instancias de represión y control estatal.

Muestra de ello es el dilatado proceso contra 14 personas detenidas tras las protestas ocurridas en agosto de 2022 en el municipio Nuevitas, de la provincia Camagüey. El 27 de abril de 2024, a más de un año y medio de los hechos, un tribunal local notificó las sentencias firmes para 13 de los acusados (una persona fue absuelta), con penas de entre cuatro y 15 años de privación de libertad, según la información del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. 

La condena más alta fue impuesta a Mayelín Rodríguez Prado, conocida como “La Chamaca”, quien tenía 21 años en el momento de su arresto por transmitir las protestas. Recibió una sanción conjunta de 15 años tras ser acusada de “propaganda enemiga de carácter continuado” y “sedición”.

Como expresamos en ese momento, “que [se] impongan estas condenas tan absurdas a personas que solamente se expresaron y exigieron condiciones dignas de vida y, además, apuntaron a la responsabilidad estatal en esta crisis y en la falta de libertades en Cuba (…) muestra que el beneficio que el régimen ve al hacer estos procesos (…) es mayor que el costo político que hoy tiene que pagar” ante la comunidad internacional.

En otro proceso similar, el 15 de mayo de 2024 el tribunal del municipio Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, ratificó las peticiones fiscales de entre 4 y 9 años de cárcel para seis manifestantes de la localidad Caimanera, por una protesta antigubernamental pacífica ocurrida el 6 de mayo de 2023, en la que se gritó “libertad”.

Victoria Martínez, madre de los manifestantes Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, denunció que el juicio estuvo “amañado” y que la Fiscalía utilizó declaraciones de testigos que eran contradictorias con las ofrecidas hace un año.

Medios independientes reportaron “un fuerte operativo militar” en el juicio y la prohibición del uso de teléfonos celulares para documentar los hechos. También la Seguridad del Estado amenazó al comunicador independiente Yeris Curbelo Aguilera y le impidió que presenciara la vista oral, para evitar que informara sobre el juicio.

LOS JUICIOS POR VENIR

Como muestra de la intención del régimen del PCC de criminalizar incluso la idea de manifestarse, a inicios de junio conocimos con preocupación que Sulmira Martínez Pérez (22 años), encarcelada sin juicio durante cerca de año y medio, enfrenta una posible condena de 10 años de prisión por expresarse en redes contra el régimen cubano y abogar por la protesta.

Durante su encierro, Sulmira Martínez ha sido víctima de violaciones de derechos y fue expuesta en televisión nacional en una supuesta confesión, obtenida bajo coerción y sin asistencia legal, en la sede de la Seguridad del Estado en La Habana, “Villa Marista”.

El fiscal Edward Roberts Campbell pide una sanción conjunta de 10 años de privación de libertad, por la supuesta comisión de “desacato” y un presunto “delito contra el orden constitucional”, para la joven recluida en la Prisión de Mujeres de Occidente (El Guatao, La Habana). Norma Pérez, madre de la prisionera política, denunció que en la petición fiscal hay “mentiras” y manipulaciones.

En otro caso digno del guion de la película Minority Report (Steven Spielberg, 2002), el régimen mantiene preso al ciudadano Víctor Manuel Hidalgo Cabrales, desde que el pasado 19 de marzo lo detuvieron por expresarse en Facebook.

Hidalgo Cabrales manifestó en la red social su descontento por los prolongados cortes eléctricos en Las Tunas, en un contexto de protestas en otras provincias cubanas. Esto bastó para que se dictara contra él una medida cautelar de “prisión provisional” y lo acusaran de “delito contra el Orden Constitucional”, según documentos oficiales revisados por Justicia 11J.

Como él, una veintena de personas arrestadas arbitrariamente en marzo continúan detenidas y en riesgo de ser condenadas, de acuerdo con el subregistro elaborado por esta organización.

Estos procesos evidencian que la represión en Cuba no ha disminuido, sino que se ha reforzado en su objetivo “ejemplarizante” para frenar los crecientes deseos de participación cívica contestación al poder absoluto del Partido Comunista.

Justicia 11J exige al Estado cubano que respete el derecho de la ciudadanía a manifestarse y expresar públicamente su desacuerdo con la situación del país y la gestión de las autoridades, sin temor a represalias que incluyen largas penas de privación de libertad. El régimen debe abstenerse de reprimir el ejercicio de estos derechos humanos.

Pedimos a la comunidad internacional, particularmente a la Unión Europea y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que estén al tanto de los procesos penales por motivos políticos en Cuba y exijan al Estado que cese la criminalización de la protesta y el disenso.