Cárcel por un meme de Díaz-Canel: “Desacato” y otros ejemplos de libertad de expresión intolerables para el régimen

El 19 de agosto fue sancionado a un año y 6 meses de privación de libertad bajo el cargo de “desacato agravado” Arony Yanko García Valdés, por presuntamente publicar en redes sociales un meme con la figura de dirigentes del régimen de Cuba, entre ellos Miguel Díaz-Canel.

Su caso se suma al de otros cubanos presos políticos solo por expresar en redes sociales críticas al sistema o por estar acusados de poner carteles contra los gobernantes en espacios públicos, entre otras formas de criminalización de la libertad de expresión.

Arony Yanko García (31 años), padre de tres niños y enfermero de profesión, se encontraba detenido desde el 3 de abril de 2024, cuando acudió a una citación policial y fue arrestado de inmediato y enviado a la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado. Luego fue recluido en el centro penitenciario La Pendiente y acusado de haber “puesto imágenes en Facebook que atentaban contra la moral de los líderes de la Revolución”, dijo su esposa Yunisley Suárez Rodríguez, en declaraciones a Diario de Cuba.

De acuerdo con el Código Penal vigente desde diciembre de 2022, bajo el delito de “Desacato” (Sección cuarta, artículo 185), se puede castigar privación de libertad de seis meses a un año, a “quien verbal o extra verbalmente, mediante escrito o gestos, en su presencia o de otra u otras personas, o a través de cualquier medio de comunicación, amenace, calumnie, difame, insulte, injurie, ultraje u ofenda en su dignidad o decoro, a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares (…)”.

Si la supuesta infracción se hace “respecto al Presidente o Vicepresidente de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los demás miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros, a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República o al Presidente del Consejo Electoral Nacional, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años”.

Tras ser sometido a 4 meses de cárcel sin realizársele un juicio, Arony Yanko García fue condenado por el Tribunal Municipal de Santa Clara, en base a “la palabra de un agente de la Seguridad, porque en el perfil de mi esposo había solamente fotos familiares”, según su esposa Yunisley Suárez.

Respecto al delito de “desacato”, Amnistía Internacional, en un análisis del nuevo Código Penal cubano rechaza “las leyes que prohíben el insulto o las expresiones de falta de respeto a jefes de Estado o figuras públicas, fuerzas armadas y otras instituciones públicas, o a banderas o símbolos”.

Con el pretexto del supuesto “desacato” o el “ultraje” a gobernantes o a símbolos nacionales, el régimen cubano ha encarcelado a disidentes como el artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, condenado a 5 años; y a Anniette González (3 años). Ambos activistas publicaron fotos en redes sociales envueltos en la bandera cubana.

El aparato represivo ha castigado particularmente a quien señale al gobernante Díaz-Canel por el agravamiento de la crisis cubana y que critique su liderazgo.

Así ocurrió con Gustavo Mena Artola, activista por el bienestar de los animales que fue condenado en noviembre de 2023 a dos años de trabajo forzado en una prisión, por “desacato a la figura del presidente”, tras publicar en redes contra el gobernante.

En marzo de 2024, Andy Jesús López Barreto, un joven soldado de 19 años que estaba a punto de concluir el Servicio Militar obligatorio, fue condenado a un año y seis meses de cárcel por escuchar y cantar en un espacio público el rap contestatario “Diazka”, cuyo estribillo se ha convertido en una de las consignas más conocidas contra Díaz-Canel.

Por otra parte, Víctor Manuel Hidalgo Cabrales lleva cinco meses recluido en una prisión de Las Tunas sin que le celebren juicio, acusado de “propaganda contra el orden constitucional” por una publicación en Facebook quejándose de los cortes eléctricos.

Otros cubanos también se encuentran en “prisión provisional” y bajo procesos penales, acusados de “Propaganda contra el orden constitucional” por el lanzamiento de proclamas, como los activistas José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García.

Bajo el mismo cargo han sido condenados este año Yasmany González y Jorge Luis Boada, a 4 y 9 años de prisión, respectivamente, por letreros antigubernamentales que aparecieron en muros de espacios públicos de La Habana.

Rechazamos estas condenas y procesos penales abiertos, entre otros casos, por ser violatorios del derecho a la libertad de expresión y por ser ejemplos de la sistemática persecución de cualquier forma de disenso en Cuba, por pequeña que parezca la acción disidente.

Exigimos al Estado cubano la libertad inmediata de los presos políticos. Pedimos a la comunidad internacional que se posicione contra el cada vez más cerrado espacio cívico en el país, cuyos métodos represivos perfeccionados durante décadas de dominación del Partido Comunista, han sido replicados por los regímenes aliados de Venezuela y Nicaragua.