Durante el año 2024 la represión en Cuba y el cierre del espacio cívico continuaron siendo los principales rasgos de la relación del Estado cubano con la sociedad civil de la isla. Sin embargo, las autoridades no lograron acallar la voz de la ciudadanía que se ha expresado en decenas de protestas públicas a lo largo del país. A pesar del cada vez más restrictivo entorno para la defensa de los derechos humanos en el país, Justicia 11J continuó documentando y exponiendo ante la opinión pública y en foros internacionales las prácticas violatorias del régimen.
A casi 3 años y medio del estallido social de julio de 2021, de acuerdo con la información de la que disponemos, en Cuba hay, al menos, 879 personas privadas de libertad por razones políticas (57 de ellas son mujeres), y 551 de estos casos tienen relación con el 11J.
Recientemente publicamos el tercer informe anual “Otro año sin justicia (2024)”, que recorre diversos acontecimientos de relevancia para la sociedad civil y la ciudadanía cubanas. Además, en él se provee una mirada contrastada entre el fortalecimiento de las relaciones del Estado cubano con diversos actores internacionales, mientras al interior del país se acentúan las violaciones de derechos humanos, en especial, las relacionadas con la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica.
La labor de investigación de Justicia 11J nos permitió actualizar en el citado informe la cifra global de detenciones ocurridas en relación con las protestas de julio de 2021, cuyo número se elevó a 1586 arrestos, de los cuales al menos 694 personas recibieron sanciones de diverso tipo.
Estas cifras, y otras que revelaremos a continuación, demuestran que la represión estatal en Cuba es sistémica, estructural y transversal a toda la sociedad.
Sin embargo, pese a las brutales represalias por las protestas del 11J, las manifestaciones públicas de descontento han continuado año tras año. El 2024 ha sido particularmente activo, con al menos 268 protestas en espacios públicos registradas por esta organización, y momentos de gran contestación ciudadana como los meses de marzo, octubre y noviembre. A modo de comparación, cabe destacar que en el año 2023 documentamos 87 eventos de este tipo y en 2022, al menos 202 manifestaciones.
Las protestas de este año fueron principalmente grupales (117), seguidas por las masivas (16) y también se registraron manifestaciones de otra tipología. En estos eventos, predominaron los cacerolazos (87) y la colocación de letreros antigubernamentales (64).
Al menos 109 detenciones ocurrieron en este contexto, según lo que hemos podido registrar, pero advertimos que los arrestos totales relacionados con protestas podrían ser más que los logramos documentar.
«Las personas no protestan solamente porque no pueden acceder a comida y medicinas, o porque no tienen agua o electricidad, sino que salen a las calles porque están abiertamente en contra del régimen del Partido Comunista, de las personas en el poder, y de la falta de participación ciudadana real que impulse los cambios necesarios para que Cuba sea un país de libertades, de oportunidades, y donde se viva con dignidad», dijo nuestra directora, Camila Rodríguez, en declaraciones a ADN Cuba.
Además de la represión a protestas públicas en las calles, el régimen del Partido Comunista de Cuba acentuó su vigilancia y castigo a activistas, defensores de DDHH y ciudadanía en general por expresarse en redes sociales. Los procesos judiciales abiertos por la supuesta publicación de memes críticos, y el acoso a personas que convocaron a acciones cívicas pacíficas, son muestra de los absurdos niveles a los que ha llegado este año la intolerancia estatal ante el disenso.
Por otra parte, entre las acciones de incidencia ante organismos internacionales que realizamos en 2024, destacamos la presentación de nuestra directora Camila Rodríguez durante la audiencia temática “Violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional”, como parte del 190º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada el pasado 11 de julio.
También, destacamos la participación de Justicia 11J, del 14 al 18 de octubre, en una serie de reuniones públicas y privadas, en el marco de la celebración del 89 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
De conjunto con nuestro programa hermano Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) y la Coordinación de Género, Diversidad y Alianzas Estratégicas de Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C., llevamos ante la CEDAW la información que hemos sistematizado sobre mujeres familiares de personas privadas de libertad y mujeres privadas de libertad en Cuba.
Finalmente, el Comité, en sus observaciones finales sobre el noveno informe periódico de Cuba, expresó preocupación por «las respuestas extremas (…) a las personas que participan en las protestas callejeras» durante la crisis actual. También por el nuevo Código Penal, cuyas disposiciones «podrían suponer graves amenazas para las organizaciones de derechos humanos (…)».
Además, instó al régimen cubano a permitir la creación de asociaciones independientes de mujeres, incluidas las ONG, y pidió que se abstenga de utilizar el Código Penal para restringir la labor legítima de las mujeres activistas y las organizaciones independientes, así como que no se les detenga y encarcele arbitrariamente.
También señaló su preocupación por las «amenazas, ataques, violencia de género, estigmatización, acoso, intimidación (…), criminalización, casos de represalias, arrestos y detenciones arbitrarias y campañas de difamación dirigidas contra las defensoras de los derechos humanos, incluidas las periodistas (…), las mujeres que protestan contra las condiciones económicas actuales» y las defensoras de derechos LGBTI+.
Otros señalamientos, en particular sobre la situación de las mujeres privadas de libertad, puede encontrarlos en nuestro programa hermano Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
La labor de incidencia ante organizaciones y gobiernos democráticos se fundamenta sobre diversas investigaciones que desarrollamos. Este año, además de “Otro año sin justicia (2024)”, hemos publicado dos documentos reveladores sobre el alcance de la represión en Cuba: el informe “Violencia contra familiares de personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba”; y un avance de nuestra investigación en curso “Exilios forzados tras el 11J (2024)”.
En el primero de estos dos informes, analizamos 250 eventos represivos cometidos contra 80 familiares de personas privadas de libertad por razones políticas, lo que nos permitió identificar la prevalencia de incidentes de violencia y el comportamiento de la Seguridad del Estado como agente principal de la victimización, entre otros patrones.
Sobre los exilios tras el 11J, pudimos documentar, hasta mediados de noviembre de 2024, que al menos 107 personas que fueron detenidas en relación con protestas han salido del país en los últimos años. En 2024 ha sido particularmente notoria la colaboración de los regímenes de La Habana y Managua para reprimir más allá de la isla, con la prohibición de entrar a Nicaragua para numerosos activistas y exprisioneros políticos cubanos, como fue el caso de Yoel Acosta Gámez.
Por esta razón, en nuestro informe al respecto, recomendamos a la comunidad internacional exigir a Cuba y Nicaragua el cese de la discriminación de viajeros cubanos por motivos políticos y el respeto a lo refrendado en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: «toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales».
Otro saldo doloroso que deja el 2024 es la muerte de tres manifestantes del 11J que cumplían su condena. En total, tenemos registro verificado de al menos cuatro personas sentenciadas por el estallido social de 2021 que perdieron la vida mientras purgaban sus penas: Luis Barrios, Yosandri Mulet, Giraldo Díaz y Manuel de Jesús Guillén, la víctima más reciente. Todas estas muertes son atribuibles al régimen de Cuba, bien sea por comisión directa, o por negligencia y abandono en el cumplimiento de sus obligaciones de salvaguardar la vida de los reclusos.
En el año 2025, Justicia 11J continuará documentando las acciones de protesta pública y libertad de expresión en Cuba, así como la respuesta estatal al ejercicio de los derechos ciudadanos. Asimismo, acompañaremos a las familias de las personas privadas de libertad por atreverse a disentir en un país donde la democracia y las libertades civiles están proscritas por el Partido Comunista de Cuba.
