Durante el mes de junio, Justicia 11J registró 122 eventos represivos ocurridos en 38 centros penitenciarios y de detención en todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud. Estos incidentes afectaron de manera directa, al menos, a 86 personas privadas de libertad, de ellas 12 mujeres. En algunos casos los perjudicados fueron las poblaciones penales en general, de diferentes prisiones.
Como se ha referido en informes anteriores, continúan los serios problemas de salud, falta de atención e insumos médicos, y persisten las condiciones infrahumanas en las prisiones, comportamientos clasificados como torturas y malos tratos y violaciones de los derechos básicos de los reclusos.
Estas acciones represivas y deplorables condiciones, así como la imposibilidad de encontrar soluciones por vías legales e institucionales, fueron la principal causa de que al menos once reclusos, tanto políticos como presos comunes, se declararan en huelga de hambre en el mes de junio para exigir sus derechos. Justicia 11J registró los siguientes casos: Jacquelin Heredia, Carlos Alberto Álvarez, Bringa Llanes (apellidos), Danisbel Labrada, Fernando Michel Bárzaga, Ixen Rodríguez, Pedro Luis Valdés, Yanley López, Norge Fernández, Germán Lemes y Heriberto Rodríguez.
La Seguridad del Estado, en contubernio con las autoridades penitenciarias, continuó usando los traslados de prisiones como método de castigo. Durante el mes de junio se documentaron diez casos en que esta práctica fue utilizada contra reclusos que exigieron sus derechos o cuyos familiares realizan denuncias en las redes; también es empleada para evitar que se relacionen con otros presos políticos, como forma de desestabilización emocional y para internar en prisiones a personas bajo investigación por delitos políticos. Esta última es una situación que puede extenderse durante meses sin que a los detenidos se les formulen cargos oficialmente.
En el mes también ocurrieron dos traslados que los familiares consideraron positivos (los de los opositores Wenceslao Chirino y Carlos Manuel Pupo), fueron liberados los manifestantes de Caimanera Yandris Pelier y Felipe Octavio Correa y extinguió su condena el activista Adrián Miguel Góngora.
Se registró nuevamente la práctica de llevar a presos políticos a destacamentos en los penales donde están reclusos condenados por crímenes de sangre, algunos de los cuales colaboran con las autoridades y son usados para intimidar. En los centros penitenciarios de Combinado del Este (La Habana) y Mar Verde (Santiago de Cuba) se registraron denuncias de reclusos comunes que acosan a los presos políticos por orden de los oficiales carcelarios y desde la prisión Kilo 8 en Camagüey, se obtuvo el testimonio de uno de estos convictos que expuso cómo las autoridades penitenciarias los obligaban a realizar este tipo de trabajo sucio.
También fue denunciada la corrupción de oficiales en la prisión de Quivicán (Mayabeque), quienes lucran con la situación de los prisioneros cobrando dinero por permitirles llamar por teléfono, salir a tomar el sol o por servir un poco más de la exigua ración de alimentos que reciben. En la prisión de Guamajal (Villa Clara) se reportó que los guardias roban los medicamentos que llevan los familiares.
La suspensión de las llamadas telefónicas es otra de las prácticas empleadas discrecionalmente por las autoridades penitenciarias a modo de castigo, al igual que asignar un oficial que esté al lado del recluso vigilándolo mientras se comunica, para que le corte la llamada en caso de que realice alguna denuncia, como ha sucedido con Maykel Puig en la prisión de Quivicán y José Rodríguez en Guamajal.
Entre las denuncias más frecuentes se encuentran las golpizas y el uso de técnicas de torturas de violencia extrema, empleando dispositivos de reducción de movilidad. Durante el mes, reportes de este tipo llegaron desde las prisiones de Guamajal, Agüica (Matanzas), Prisión Provincial de Holguín, Ariza (Cienfuegos) y Paso de Cuba (Guantánamo). Un elemento constante en todos los casos documentados es la impunidad de los funcionarios del Estado, tanto al interior del propio sistema penitenciario como de los fiscales militares que deberían velar por la integridad de los reclusos.
El mal trabajo o actuación alevosa de las autoridades judiciales y carcelarias también se evidencia en el incumplimiento de los términos estipulados por la propia ley cubana para que los reclusos progresen a regímenes de menor severidad. Así sucedió con los manifestantes del 11J Jesús David Rodríguez y Ediyersi Santana, y fue la causa por la que se declaró en huelga de hambre el prisionero político del 11J Yanley López.
Otro patrón represivo corroborado este mes fue el uso de las celdas de castigo, donde suelen encerrar a los reclusos arbitrariamente por más tiempo del estipulado en las Reglas Mandela, y en condiciones vejatorias e infrahumanas, privándolos de ropa y colchones, con mala iluminación y falta de agua. Esta es una práctica común cuando un prisionero se declara en huelga de hambre. Entre las personas privadas de libertad que se encontraban en celda de castigo, registramos los casos de los opositores Mario Alberto Hernández (desde febrero) y José Daniel Ferrer, a quien permitieron verlo durante el mes de junio, luego de una amplia campaña internacional solicitando fe de vida. También en junio hubo pronunciamientos de organizaciones internacionales por los presos políticos Loreto Hernández y Donaida Pérez, Lázaro Yuri Valle y las personas de la tercera edad privadas de libertad por motivos políticos.
Se volvió a registrar en prisiones de Camagüey (Granja 5 y Kilo 9) la negación de asistencia religiosa a los prisioneros políticos Ienelis Delgado y Ediyersi Santana. Al manifestante del 11J Ángel Jesús Véliz le fue negada la posibilidad de salir del país por la vía del parole humanitario, mientras que a otros reclusos la Seguridad del Estado los presiona para que se exilien.
Las arbitrariedades de las autoridades penitenciarias también se extienden a los familiares de los prisioneros, a quienes obligan a esperar al sol y de pie antes de las visitas, los hacen trasladarse hacia los centros penitenciarios y luego les impiden ver a los reclusos, los hostigan por reclamar los derechos de sus familiares presos y le decomisan o impiden entregar los alimentos y medicinas que llevan.
Todo esto se produce en un contexto de severa crisis económica y sanitaria en el país, la cual se torna mucho más extrema al interior de las prisiones. Durante el mes de junio, época en que aumenta el calor y proliferan diferentes tipos de enfermedades contagiosas, fueron reportados brotes de dengue, chinche y diarreas en las prisiones de Kilo 8 (Camagüey), Combinado del Este y Mar Verde. A esto se suman las pésimas condiciones constructivas de las cárceles, el hacinamiento de la población penal, la escasa y mala alimentación generalizada y serios problemas con el abasto de agua.
Asimismo, persiste la escasez generalizada de medicamentos y la negación de atención médica, que se agrava por arbitrariedades y atropellos de las autoridades penales. Por ejemplo, en la Prisión Provincial de Pinar del Río (Kilo 5½) el jefe de servicios médicos ordenó suspender el tratamiento de antibióticos orientado a los reclusos. En la prisión El Típico de Manzanillo (Granma), el preso Maykel Dávila se intentó suicidar, pues no le permitían a su familia pasarle el medicamento que necesita para sus padecimientos psiquiátricos, el cual no le suministran en la prisión. Inmediatamente luego de cortarse las venas, el recluso fue esposado, llevado a una celda de castigo y dejado en ese lugar hasta que se desmayó debido a la pérdida de sangre. En total en el mes se registraron 33 denuncias sobre negligencias médicas, falta de atención y medicamentos dentro de prisiones.Ante el cúmulo de violaciones e impunidad, además de las huelgas de hambre, los reclusos han optado por formas de protesta como la autolesión, el uso de ropa blanca y afeitarse las cejas, siendo luego víctimas de más castigos por parte de las autoridades.
A continuación, se mencionan por orden alfabético algunos reclusos con situaciones delicadas de salud, reportadas durante el mes de junio:
- Adrián Mendoza Labrada: Persona que vive con VIH. Se encuentra recluido desde hace un año en una celda de la prisión Kilo 8 con pésimas condiciones de habitabilidad, sin luz, muy estrecha, que se moja, con mosquitos, sin agua. No recibe los tratamientos retrovirales que necesita, los guardias no acuden cuando los llama y lo ofenden llamándolo “sidoso” y “homosexual”. Si se queja es esposado, golpeado y le retiran el derecho a llamadas.
- Alexander Díaz Rodríguez: Paciente de cáncer. Se encuentra en la sala de penados del hospital de Pinar del Río, donde ha tenido que ser transfundido y ha perdido mucho peso. Su madre denuncia que ha sido lanzado con las esposas conocidas como “shakiras” desde lo alto de escaleras, como forma de tortura. También refiere que le impiden verlo y no acceden a entregarle el resumen de historia clínica.
- Amalio Álvarez González: Prisionero político del 11J y paciente de alcoholismo. Amenaza con autolesionarse nuevamente. Familiares denuncian que en el Combinado del Este no le dan los medicamentos necesarios.
- Carlos Alberto Álvarez Rojas: Preocupación por las secuelas luego de 23 días en huelga de hambre.
- Carlos Manuel Pupo Rodríguez: Ingresado desde el 4 de junio en estado de salud delicado.
- Carlos Raúl Perdomo Cancio: Su salud continúa deteriorándose. Tiene afectado un pulmón, le han colocado varillas en la pierna y platino en el cráneo. Padece problemas de visión. Se encuentra en el Combinado del Este.
- Daniel Moreno de la Peña: Se encuentra muy delgado, desnutrido y tiene lesiones en la piel producto de la escabiosis, para la cual no le suministran medicamentos en el Combinado del Este.
- Dayron Martín Rodríguez: Paciente de psiquiatría. Recluido en el Combinado del Este. Lleva varias semanas sin ser atendido por la psiquiatra y no recibe los múltiples medicamentos que necesita. También padece gastritis. Dayron ha atentado contra su vida varias veces y “escucha” voces que lo incitan a hacerlo.
- Duniesky Ruiz Cañizares: Se encuentra muy delgado y orinando sangre luego de una huelga de hambre que realizó. Las autoridades del penal de Quivicán no lo llevan a ver al médico, le han limitado las llamadas telefónicas y solo se las permiten con un guardia custodiando.
- Iván Colón Suárez: Continúa padeciendo enfermedades en la prisión. Recientemente sufrió dengue y catarro durante 21 días. Sufre dolor en un pulmón. Su hijastra denuncia que teme que pueda intentar quitarse la vida nuevamente.
- Jorge Yenier Ortiz Aguilera : Sufre de ataques epilépticos y las autoridades penitenciarias le niegan la asistencia médica. Además, le han suspendido las llamadas telefónicas por 15 días para que no pueda comunicarse con sus familiares y ha recibido amenazas por parte del jefe de la unidad y varios oficiales de la prisión Las Mangas, en Granma.
- Lázaro Yuri Valle Roca: Ha perdido casi totalmente la visión y presenta problemas respiratorios graves sin recibir asistencia médica adecuada en el Combinado del Este.
- Leandro Cerezo Sirut: Su madre denuncia que se encuentra desnutrido, no habla, no escucha, tiene movimientos de brazos involuntarios. Camina despacio, apenas puede comer, y no puede valerse por sí mismo. Cerezo, de 37 años, se encuentra prisionero desde 2007, en la cárcel Kilo 8, condenado a cadena perpetua por intentar secuestrar un avión para salir del país.
- Loreto Hernández García: Trasladado a la sala de penados del hospital de Santa Clara, tras una recaída en su salud. Los médicos ya han dictaminado que el estado de salud de Loreto es incompatible con el sistema penitenciario cubano, pero la Seguridad del Estado impide que le otorguen la licencia extrapenal.
- Luis Robles Elizástigui: Lleva un mes con una crisis de hemorroides sin recibir atención médica en el Combinado del Este.
- Maikel Puig Bergolla: Ha perdido mucho peso, se le está cayendo el cabello de las cejas, presenta lesiones en la piel, le han diagnosticado trastorno de sueño y está siendo atendido por un psiquiatra en la prisión de Quivicán, luego de insistentes denuncias de su esposa Saily Núñez.
- Roberto Ángel Piloto Rodríguez: Lleva semanas aislado en la prisión Nieves Morejón de Sancti Spíritus. Padece problemas renales, está orinando sangre y no recibe medicamentos ni asistencia médica.
- Roberto “Pito” Pérez: Tiene marcapasos instalado. Desde diciembre ha sido remitido por médicos al cardiocentro de Villa Clara, pero lo mantienen en la prisión de Agüica y ni siquiera lo llevan a los turnos médicos.
- Sulmira Martínez Pérez: Se encuentra “muy mal psicológicamente” según su madre. Ha sido remitida con especialistas porque ha expresado intenciones suicidas. Le dijo a su madre llorando que ya no podía más.
- Taimir García Mariño: Su grave situación de salud continúa empeorando y no recibe los medicamentos ni tratamientos que necesita para las enfermedades que ha desarrollado en la cárcel Granja 5. Tampoco hay instrumental quirúrgico para realizar la operación de la vesícula que requiere.
- Tania Echavarría Menéndez: Comenzó a padecer diabetes y no recibe atención médica en la prisión La Bellotex en Matanzas.
- Yosvany Rosell García Caso: Trasladado a la Prisión Provincial de Holguín, a pesar de encontrarse deshidratado, con fiebre y en mal estado de salud luego de la huelga de hambre de 21 días que realizó.
- Yunior García Vizcay: Las autoridades del Combinado del Este no le suministran los medicamentos orientados por el doctor y cuando se queja a los guardias de los dolores de cabeza estos le dicen que está mintiendo.
- Yussuan Villalba Sierra: Recluido en el Combinado del Este. Padece una afectación grave en los riñones, tiene mucho dolor y le están apareciendo manchas en el cuerpo.
- Yurién Rogelio Méndez Herrera: Continúa sin recibir atención médica en el Combinado del Este para la gastritis que está padeciendo. Ha perdido mucho peso.
Justicia 11J realiza esta sistematización con informaciones públicas vistas en medios independientes, redes sociales y con denuncias recibidas de manera directa de familiares, fundamentalmente de personas privadas de su libertad por razones políticas. La relación de eventos que consideramos es únicamente un subregistro de incidentes violatorios de derechos o represivos al interior de las prisiones, que se presenta con la intención de fiscalizar de manera sistemática el cumplimiento de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, además del propio Reglamento Nacional de Prisiones y la Ley de Ejecución Penal. Forma parte de nuestros esfuerzos para que las organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos #MirenLasPrisionesDeCuba.
