Colaboración para reprimir: Nicaragua niega entrada al activista, periodista y manifestante cubano Yoel Acosta
El activista por los derechos humanos Yoel Acosta Gámez, exiliado en Uruguay, denunció este fin de semana que Nicaragua le negó la entrada junto con su esposa Alisanna Lores Furones, a pesar de que en el país centroamericano está vigente una exención de visa para los ciudadanos cubanos.
En Justicia 11J hemos recibido esta noticia con profunda preocupación y la denunciamos como otro ejemplo de que el castigo a los cubanos que disienten los puede alcanzar más allá de las fronteras de la isla. No es el primer caso de la colaboración para reprimir entre los regímenes autoritarios de Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, el designado por el general Raúl Castro para ocupar la presidencia.
Según declaró Acosta al medio independiente CubaNet, del que era colaborador, tenían sus boletos desde hace tres meses para viajar con Copa Airlines, con el objetivo de continuar hasta México y pedir asilo político en la frontera con los Estados Unidos. Pero el 19 de julio recibió un correo electrónico “desde Migración de Nicaragua donde se nos notificaba la negación de entrar al país”, dijo.
Yoel Acosta denunció que “el régimen de Nicaragua nos denegó la entrada (…) puesto de acuerdo con el régimen comunista cubano”.
En Cuba, mientras Yoel Acosta era residente en el municipio de Baracoa (provincia de Guantánamo), sufrió represalias en relación con los escenarios de protestas de julio y noviembre de 2021 (conocidos como 11J y 15N, respectivamente), así como durante las manifestaciones de 2022, cuando fue multado en relación con la aparición de carteles antigubernamentales.
Agentes del Estado le impusieron multas, lo detuvieron de forma arbitraria y lo interrogaron en múltiples ocasiones, entre otras acciones represivas, para disuadirlo de su activismo pacífico y su trabajo como colaborador de medios independientes como CubaNet, Diario de Cuba, ADN Cuba y Palenque Visión.
El acoso de la policía política y la represión, que incluyó golpizas y amenazas de condenarlo a prisión por el supuesto delito de “atentado” e “incitación a delinquir”, empujaron al defensor de derechos humanos a exiliarse en junio de 2023 en Guyana, desde donde se trasladó a Uruguay. Luego de transitar por países del cono sur, Yoel ha realizado llamados al exilio cubano por ayuda para subsistir junto a su esposa, tras ver limitadas sus oportunidades de trabajar y ganar su propio sustento.
Ahora, su vida se ha visto nuevamente afectada por el largo brazo de la Seguridad del Estado castrista: “Perdimos el boleto de avión, perdimos todo lo que habíamos adquirido, habíamos vendido todo para poder realizar este viaje y nos quedamos sin absolutamente nada”, dijo Acosta a CubaNet.
De acuerdo con Cubalex, Acosta Gámez confirmó mediante fuentes de Migración que “su nombre aparece en una lista de personas reguladas por los gobiernos de Cuba y Nicaragua, y por ese motivo se le niega la entrada”.
La ONG internacional ARTICLE 19, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), y el centro de información legal Cubalex, son algunas de las organizaciones que han denunciado la acción represiva contra Yoel Acosta y su familia.
Otras víctimas de la colaboración para reprimir entre los regímenes de Cuba y Nicaragua
Lamentablemente, lo sucedido a Acosta Gámez no es una situación aislada. Como parte de nuestro seguimiento al entorno represivo del país desde el estallido social de julio de 2021, hemos observado patrones represivos contra exprisioneros políticos, manifestantes y comunicadores independientes que han debido abandonar el país, por presiones de la Seguridad del Estado.
En enero de 2022, Nicaragua negó la entrada a los reporteros y activistas cubanos Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, luego de que estos fueron conducidos por la Seguridad del Estado hasta el aeropuerto cubano. En el caso de Esteban, directamente desde la prisión donde se encontraba pendiente a juicio por participar en una protesta pública, violando el propio ordenamiento jurídico nacional.
Este proceder se repitió en septiembre de 2022, cuando al activista antirracista y por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ Raúl Soublett, entonces pareja del opositor Valdés Cocho, y a Dayami Valdés, madre de este, les fue negada también la entrada a Nicaragua, luego de que fueran forzados por la Seguridad del Estado a abandonar Cuba.
En mayo de 2024, la Dama de Blanco y miembro del Partido Cuba Independiente y Democrática (CID) Niurka de la Caridad Ortega, madre del preso político cubano Eugenio Sierra Ortega, fue retenida junto con su esposo en Colombia, ante la prohibición de Nicaragua de dejarlos ingresar en su territorio.
El régimen de Managua también vetó la entrada, en junio de 2024, al opositor cubano Bárbaro de Céspedes, ex preso político; mientras que en el aeropuerto internacional de La Habana la Seguridad del Estado impidió que el manifestante del 11J Armando de Jesús Sardiñas Figueredo abordara un vuelo con destino al país centroamericano.
Los nombres mencionados no son los únicos puestos en situación similar, sino algunos de los casos recogidos por nuestra organización como parte de su monitoreo de acciones represivas contra presos políticos, manifestantes y su entorno.
En relación con los desafíos de la expatriación forzada de activistas, periodistas y cubanos disidentes en general, es importante señalar que se trata de una estrategia multinacional, que implica la cooperación de regímenes autoritarios aliados del cubano, cuyas autoridades han colaborado con La Habana para impedir el libre tránsito de personas forzadas al exilio.
Rechazamos esta colaboración para reprimir a la ciudadanía y exigimos que se eliminen las regulaciones que limitan el libre tránsito de comunicadores independientes, activistas y otras personas víctimas de la represión en Cuba, empujados al destierro o al exilio sin mínimas garantías de realizar una migración regular y segura.
Pedimos a organizaciones defensoras de DD. HH. y a gobiernos democráticos que:
