El régimen cubano encarcela nuevamente a dos figuras clave de la disidencia: José Daniel Ferrer y Félix Navarro
El Estado cubano ha revocado la libertad condicional de José Daniel Ferrer García y Félix Navarro Rodríguez, referentes históricos del activismo opositor pacífico en la isla. Ambos fueron nuevamente privados de libertad tras operativos policiales realizados en sus viviendas, como parte de una embestida represiva que utiliza la figura de la revocación como castigo político.
Félix y José Daniel fueron excarcelados en enero de 2025, en el marco de un proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios anticipados. Sin embargo, una nota difundida esta mañana por el Tribunal Supremo Popular, firmada por su vicepresidenta, Maricela Sosa Ravelo, los señala por presuntos “incumplimientos” durante su período de prueba. Las razones expuestas evidencian, más bien, la arbitrariedad del sistema judicial cubano, que criminaliza el disenso y castiga la persistencia en la denuncia pública.
A Félix Navarro (72 años), líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, se le acusa de haber salido de su municipio sin permiso judicial en siete ocasiones, una restricción que en la práctica impone un control territorial para aislar y silenciar a las voces disidentes. En el caso de José Daniel Ferrer, presidente de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), la revocación se justifica porque no asistió a una citación judicial, aunque su negativa fue un acto de denuncia frente a un proceso que él mismo considera ilegítimo. En su comunicado, el Tribunal reconoce —aunque sin decirlo abiertamente— que ambos son perseguidos también por su activismo en redes sociales y por mantener vínculos con actores internacionales.
Esta maniobra evidencia el carácter selectivo, político y represivo del aparato judicial cubano, que otorga beneficios penitenciarios a conveniencia del régimen y los retira para castigar la persistencia en el activismo.
De acuerdo con nuestro subregistro, desde su excarcelación en enero, Félix Navarro y su familia han sido víctimas de al menos una veintena de acciones represivas: detenciones arbitrarias, amenazas con revocación, imposición de actas de advertencia, censura digital y la reiterada negación de visitas familiares a su hija, la presa política Saylí Navarro, como castigo por la vestimenta blanca de su madre. En paralelo, José Daniel Ferrer ha sido sometido a una vigilancia permanente que incluye drones, cámaras, cortes de internet, detenciones de colaboradores, hostigamiento con personas vulnerables manipuladas por la Seguridad del Estado, y hasta intentos de sabotaje doméstico sugeridos por oficiales. Además, ha denunciado secuelas físicas de golpizas sufridas en prisión, que también han afectado a su esposa, la doctora Nelva Ortega.
Este patrón represivo evidencia que la revocación de la libertad condicional no responde a supuestos “incumplimientos legales”, sino a una voluntad deliberada del Estado cubano de castigar la persistencia en el activismo, criminalizar la labor humanitaria, silenciar la denuncia pública y desarticular, mediante la persecución sistemática, el tejido familiar y social de quienes se han convertido en símbolos de resistencia pacífica en Cuba.
A este panorama se suma el caso de Jaime Alcide Firdó, manifestante del 11J, reencarcelado el 1 de abril, apenas 72 días después de haber sido liberado bajo libertad condicional el 19 de enero. Su revocación fue precedida por una citación verbal, sin orden escrita ni explicación clara. Días antes, había sido presionado por un oficial de la Seguridad del Estado para colaborar con el régimen; al negarse, fue amenazado con volver a prisión. Desde entonces, Jaime ha estado incomunicado, sin acceso a medicamentos, aislado en una celda de castigo, y en un delicado estado de salud. Padece hipertensión, hemorroides y una preocupante pérdida de peso. A su madre se le ha negado información sobre su situación y solo recientemente el Tribunal Popular de La Habana aceptó la denuncia presentada por la familia.
Frente a estos hechos, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que señale con firmeza las arbitrariedades del proceso de excarcelación promovido por el régimen cubano a inicios de 2025. Lo que fue presentado como un gesto de buena voluntad ante actores internacionales, constituye en verdad una estrategia manipuladora para ganar legitimidad sin modificar la estructura represiva del sistema. Las recientes revocaciones demuestran que no hubo compromiso real con los derechos humanos, sino una puesta en escena que permitió al régimen reprimir con más fuerza una vez pasada la presión diplomática.
