Llamado urgente a la solidaridad, en relación con la reciente deportación a Cuba del manifestante del 11J Marco Antonio Alfonso Breto

Desde el pasado sábado se encuentra en Villa Marista, centro de detención de la Seguridad del Estado en La Habana, el joven perseguido político Marco Antonio Alfonso Breto, luego de su deportación a Cuba desde Bahamas. 

Marco Antonio había salido del país en marzo de 2023. Luego de una travesía por mar, fue interceptado y llevado a las Bahamas, donde estuvo —fugitivo, encarcelado y recluido en centros de detención para migrantes— por varios meses a la espera de un juicio que le otorgase la condición de refugiado. Sin embargo, durante el proceso no se tomó en cuenta el miedo creíble, con base en el peligro real al que estaría expuesto el joven de 22 años de no obtener esta medida de protección, que finalmente le fue negada. 

En enero de 2022, Marco Antonio fue juzgado en Cuba por su participación en las protestas de julio de 2021 en la barriada de La Güinera (Arroyo Naranjo, La Habana). En mayo del mismo año fue sancionado, de manera definitiva, tras una segunda sentencia de apelación —y luego de una intensa campaña para lograr la libertad de los niños y jóvenes encarcelados tras las protestas— a 5 años de trabajo correccional con internamiento por el delito de sedición, que le ha sido aplicado al menos a 180 personas tras el 11J por participar en esas o posteriores manifestaciones. 

Alfonso Breto huyó del país por vías irregulares, durante un permiso temporal para visitar su hogar, mientras cumplía su sentencia. El Código Penal cubano recoge este incidente como evasión de presos o detenidos (artículo 206) y como salida ilegal del territorio nacional (artículos 283 o 284). De acuerdo con Alain Espinosa, abogado del equipo legal de la organización no gubernamental Cubalex, Alfonso Breto pudiese enfrentar un nuevo juicio, y recibir una sanción conjunta equivalente a la sanción restante por su participación en las protestas de 2021, más la que devenga, por los delitos anteriormente mencionados (artículo 86.2). Ambos nuevos delitos contemplan varias figuras y marcos sancionadores —en un caso pudiese llegar hasta los 8 años de privación de libertad—, por lo que la posible sanción estaría determinada por las características de los hechos que estime la Fiscalía.  

Marco Antonio, quien fue detenido en Cuba con 19 años de edad y sufre de epilepsia, ha sido víctima de tortura en centros de detención cubanos. También en Bahamas sufrió golpizas brutales, de acuerdo con palabras de su madre, publicadas en el diario CiberCuba.

Ante la negativa de protección internacional para el joven, y su reciente llegada a Cuba, hacemos un llamado urgente a organizaciones internacionales, medios de prensa, funcionarios de cuerpos diplomáticos en el país, a que se interesen por la seguridad y la integridad de Alfonso Breto, quien no solo puede enfrentar una nueva sanción, sino también ser víctima de represalias por parte de la Seguridad del Estado y oficiales de prisiones. 

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró, a lo largo de 2023, un total de 1 223 incidentes represivos contra presos políticos. La mayor parte de los incidentes se clasifican como eventos de hostigamiento y represión (804), incluidos torturas y malos tratos, y negación de la oportuna atención médica (327). En especial, Villa Marista, el centro donde se encuentra el joven detenido, cuenta con un historial de realizar torturas y malos tratos durante décadas. En 2023, ocurrieron allí 23 incidentes de hostigamiento y represión.

Marco Antonio no es el único manifestante del 11J que, ante la represión y la persecución política, ha huido del país por vías irregulares y con riesgo de pérdida de la vida. A finales de enero de 2023, emitimos nuestras preocupaciones sobre estas huidas condicionadas, tras el naufragio de la embarcación donde salía del país Yamily Triana Vázquez, hermana de Yarelys Mesa, quien cumple 7 años de privación de libertad por el delito de robo con fuerza en el contexto del 11J en Cárdenas. En noviembre de 2022, Mariana Fernández León y Yaneris Redondo León —juzgadas y sancionadas por su participación en las protestas— lograron escapar en balsa hacia Estados Unidos mientras se encontraban bajo fianza. 

De acuerdo con nuestros registros, al menos 79 manifestantes de julio de 2021 —liberados, excarcelados o en fuga— se han exiliado por distintas vías, entre regulares e irregulares.