Primeras reacciones de Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ante la revisión de Cuba en el EPU
Este 15 de noviembre sucedió la revisión de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como parte del Cuarto Ciclo del Exámen Periódico Universal (EPU). Durante la sesión, 144 delegaciones emitieron recomendaciones al régimen en materia de derechos humanos.
A partir de nuestra observación de la transmisión en vivo de la sesión, compartimos algunas reacciones iniciales, a la espera de que se publique el próximo viernes 17 el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, a partir del cual podremos realizar análisis más carteros del proceso.
Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas agradecen las recomendaciones de los Estados que estuvieron basadas en el compromiso con la salvaguardia de los derechos de todas las personas, y en el entendimiento real del contexto cubano, histórico y actual. En especial, aquellas que expresaron preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos, desde el final del Ciclo anterior (2018), y también, desde que el propio mandatario Miguel Díaz-Canel ordenara en televisión nacional el 11 de julio de 2021 la represión de una protesta que, hasta entonces, había sido completamente pacífica.
Fue relevante la mención a temas como el respeto de los derechos de mujeres, niños y jóvenes, personas con discapacidad, comunidades afrocubanas y LGBTIQ. También, la necesidad de la inclusión en la legislación nacional de una normativa específica sobre violencia basada en el género, así como la tipificación del feminicidio en el Código Penal y la estandarización de la justicia en menores y los derechos de la infancia en sintonía con protocolos internacionales.
En el contexto de la actual invasión de Rusia a Ucrania, en la que civiles cubanos, varios de ellos muy jóvenes, han sido reclutados por el Estado agresor, con riesgo para su vida, consideramos relevante la emisión de recomendaciones para prevenir y condenar la trata de personas.
En particular, y en relación con las temáticas a las que Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas dan especial seguimiento, vemos con beneplácito las recomendaciones de más de 60 países, en materias de[1]:
-Garantías de la libertad de expresión y asociación, derecho de asociación y reunión pacíficas, expresados por Lesoto, Liechtenstein, Lituania, Nueva Zelanda, Polonia, Armenia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Bulgaria.
-Creación de una institución independiente para la promoción y la defensa de los derechos humanos, de acuerdo con los Principios de París, señalados por Jordania, Luxemburgo, México, Mongolia, Namibia, Nepal, Portugal, Serbia, Costa Rica, Croacia, Indonesia.
-Ratificación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, solicitada por Japón, Lesoto, Nueva Zelanda, Madagascar, Islas Marshall, Mongolia, Noruega, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Uruguay, Zambia, Chile, Croacia, Estonia, Etiopía, Finlandia, Francia, Alemania, Italia.
-Adhesión a los Estatutos de Roma: Liechtenstein.
-Moratoria a la pena de muerte, con vistas a su próxima abolición, o bien, la abolición de esta figura en el actual Código, pedida por Liechtenstein, Lituania, Noruega, Paraguay, España, Suiza, Uruguay, Argentina, Armenia, Australia, Cabo Verde, Chile, Cote d’Ivoire, Estonia, Francia, Ghana, Islandia, Italia.
-Garantía de entorno seguro para el ejercicio de la sociedad civil; cese de la persecución y el hostigamiento contra activistas, periodistas, artistas, defensores de derechos humanos, o a todas aquellas personas que se expresen críticamenre contra el gobierno; cese de la discriminación política, expresada por Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, México, Países Bajos, Noruega, Perú, Rumanía, Suiza, Estados Unidos, Costa Rica, República Checa, Ecuador, Francia, Grecia, Italia.
-Libertad de los presos políticos o de todas las personas en prisión por el ejercicio de derechos, incluidos menores de edad, solicitada por Lituania, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Ucrania, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Irlanda.
–Acceso a prisiones, situación de las personas privadas de su libertad (en algunos casos incluidos presos políticos), mencionados por Mozambique, Eslovaquia, Suecia, Angola, Brasil, Burundi, Guinea Ecuatorial.
-Libertad de movimiento o circulación, referida por Países Bajos, Polonia, Estados Unidos, Estonia.
-Adhesión a instrumentos internacionales de derechos humanos; trabajo de relatorías, mandatos y procedimientos especiales en Cuba, solicitados por Japón, Paraguay, Suecia, Uruguay, Vanuatu, Zimbabwe, República Checa, Gambia, Alemania.
-Firma de los Protocolos del Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), pedida por Liechtenstein, Niger, Eslovaquia, España, Ucrania, Argentina, Costa Rica, Croacia, Estonia, Francia, Ghana.
-Derogación de o enmiendas al Código Penal, recomendado por Rumanía, España, Reino Unido, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Alemania, Irlanda, Montenegro.
-Acceso a juicios justos, debido proceso, independencia en la impartición de justicia (incluida la de menores), pedido por Eslovaquia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, República Checa, Francia, Mali.
En relación con las declaraciones del Estado cubano, Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas manifestamos nuestra preocupación con el continuo acoso y deslegitimación, por el Estado cubano, del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y activistas, periodistas independientes y defensores de derechos humanos, así como el intento de las autoridades de desacreditar los datos recabados únicamente con esfuerzos ciudadanos, en un entorno de casi total oscurantismo sobre informaciones de interés público.
Manifestamos especial preocupación por la mención oficial de dos personas sentenciadas con 16 o 17 años de edad, con sanciones de internamiento, por su participación en las protestas del 11 de julio. Hasta la fecha, consta en los registros de Justicia 11J únicamente el caso de un menor (con fecha de nacimiento no definida), cuya sanción presumimos le fue dictada con 16 años.
En relación también con las protestas del 11J, consideramos relativamente bajo el 33.3% de modificaciones de sanciones declaradas por la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa, durante su intervención. Sostenemos, como varias de las delegaciones recomendantes, que la protesta pública pacífica es un derecho por el que ninguna persona debió haber sido en principio sancionada por ejercerlo. Recordamos que en los escenarios de protestas documentados la violencia fue iniciada por agentes estatales y paraestatales.
Sobre la situación de las prisiones en particular, nos alarman las cifras mencionadas por Luis Emilio Cadaval San Martín, jefe del Cuerpo de investigación penal especializado en delitos comunes del Ministerio del Interior, en relación con el personal de asistencia médica. Al ser Cuba el país con la tasa más alta de población penitenciaria per cápita a nivel mundial, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son insuficientes los 700 médicos, 46 enfermeros y 26 estomatólogos para la adecuada atención de personas privadas de libertad en los cerca de 300 centros de reclusión localizados en el país.
A este respecto, señalamos que la falta o negación de la atención médica es el segundo tipo de incidentes reportados mensualmente por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, desde marzo del presente año.
Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas han visto reflejadas sus propias recomendaciones al Estado, en las recomendaciones de varios de los países antes mencionados. Aunque estos países han sido constantes en la denuncia de la situación de los derechos humanos en la Isla, consideramos relevante que nuevamente hayan sido mencionados la situación de las personas privadas de libertad, los penales del país, los presos políticos, y la falta de derechos como los de manifestación y reunión pacíficas, así como la solicitud de moratoria a pena de muerte, en vistas de que este delito pueda ser eliminado de manera definitiva del Código Penal.
Sin embargo, insistimos en la necesidad de continuar fortaleciendo alianzas y nuevos posicionamientos, sobre todo desde gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, para hacer recomendaciones de acción específica que aborden las agendas prioritarias de la ciudadanía y la sociedad civil cubanas.
En el nuevo contexto represivo cubano, tras las más grandes protestas en la historia de Cuba, y de la entrada en vigor de un nuevo Código Penal especialmente punitivo, era sumamente necesaria la mención explícita a los presos políticos del país, y a la situación en la que viven y mueren en las prisiones, bajo única responsabilidad del Estado cubano y sus funcionarios.
Como reflexión, respecto al nuevo ordenamiento jurídico nacional, consideramos importante que las organizaciones de la sociedad civil cubanas podamos comunicar de manera efectiva una lectura crítica sobre las normativas recientemente aprobadas por el Estado cubano y que fueron celebradas por muchos de los Estados participantes. Insistimos en que el Código de las Familias, los programas para el adelanto de las mujeres y contra el racismo, el Código Penal y la Constitución del 2019 son instrumentos que aún recogen limitaciones considerables al ejercicio de los derechos humanos.
Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas daremos especial seguimiento a la respuesta del Estado cubano a las recomendaciones de los Estados.
[1] Enfatizamos que estas reacciones se basan en la observación de la sesión, para conclusiones definitivas recomendamos la lectura y el análisis del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal . Las áreas temáticas aparecen reflejadas de manera general.
