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Uso de la Privación Arbitraria de Libertad por Motivos Políticos en América Latina y el Caribe

20 de febrero de 2024

Las organizaciones de sociedad civil abajo firmantes, reunidas en Ciudad de México, expresamos nuestra profunda preocupación ante el incremento del uso de la privación arbitraria de libertad por motivos políticos en contra de liderazgos pertenecientes a pueblos indígenas, periodistas, estudiantes y activistas, y personas percibidas como opositoras, liderazgos políticos y sociales y personas defensoras de derechos humanos en la región.

Hemos documentado un aumento en la privación arbitraria de libertad por motivos políticos, y con ello el cierre del espacio cívico, afectando gravemente la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Identificamos graves violaciones al debido proceso y las garantías judiciales, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso tortura, en el marco de esta forma grave de privación arbitraria de libertad.

Tal es el caso de operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos y el territorio en Guatemala; personas que se oponen a la industria extractivista y a las políticas represivas del gobierno en El Salvador, o estudiantes y personas participantes de protestas ciudadanas como ha sucedido en Colombia y más recientemente en Perú, al igual que Nicaragua, Venezuela y Cuba, en donde cualquier persona puede ser sometida a privación arbitraria de libertad por el sólo ejercicio o defensa de sus derechos humanos y de la democracia.

Instamos a las instituciones encargadas de velar por la protección y garantía de los derechos humanos en el ámbito internacional a tomar medidas efectivas para abordar esta preocupante situación de las personas objeto de represión, sus familiares y las personas que ejercen sus defensas, siendo estas también objeto de ataques por su labor. Instamos a los mecanismos internacionales de protección regional y universal a intensificar sus esfuerzos para adoptar estrategias de atención inmediata y eficaz en el procesamiento de los casos en América Latina y el Caribe.

Hacemos un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que desarrolle estándares que amplíen la protección de las personas privadas arbitrariamente de libertad por motivos políticos, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Extendemos esta petición a los procedimientos especiales de Naciones Unidas, incluyendo al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA).

Exigimos a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus órganos políticos, que adopten medidas concretas para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y poner fin a la represión política. Exigimos la liberación inmediata de todas las personas que se encuentran bajo esta forma de privación arbitraria de libertad y que nunca más se recurra a esta forma grave de violación de derechos humanos.

Invitamos a dichos actores a impulsar la colaboración, intercambiando información, monitoreo, coordinación de acciones conjuntas y estableciendo estrategias, para poner fin a la privación arbitraria de libertad por motivos políticos.

Solo a través de la colaboración y la acción coordinada entre la comunidad internacional y la sociedad civil podremos detener el retroceso de los derechos humanos en nuestra región y en particular el uso sistemático de la privación arbitraria de libertad por motivos políticos como mecanismo para la represión.

Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC), CRISTOSAL

Centro por los Derechos Civiles y Políticos (CCPR) CUBALEX

Justicia 11J

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Colombia (CSPP Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua (UDJ)

Robert F. Kennedy Human Rights (RFK-Human Rights) Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)

Unidad   de   Protección   a   Defensoras   y   Defensores   de   Derechos   Humanos Guatemala (UDEFEGUA)

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

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