El 7 de agosto de 2020 murió en Camagüey el opositor cubano Yosvany Aróstegui Armenteros, tras una huelga de hambre en prisión de más de 40 días. Tres años después de su fallecimiento, al menos 828 personas están detenidas por motivos políticos en la isla, de acuerdo a nuestros registros. Decenas de estas personas bajo custodia del Estado también han acudido en 2023 a prolongados ayunos para reclamar derechos, buscando escapar de unas condiciones carcelarias abusivas y de un sistema penal que no ofrece garantías de justicia.
Yosvany Aróstegui Armenteros –conocido como “El cochero” porque acudía a las protestas en un carro tirado por un caballo–, fue miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), organización disidente liderada por el opositor y varias veces prisionero político José Daniel Ferrer. Además, se relacionó con el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y con el grupo Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos.
Aróstegui era acosado por agentes y partidarios del régimen, debido a su participación en acciones como repartir octavillas de la Unpacu con su carromato. Antes de su último encierro ya había sido detenido en varias ocasiones por su activismo.
Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), fue arrestado el 8 de enero de 2015, acusado de un supuesto “atentado” y posteriormente recluido en la cárcel de Cerámica Roja (Camagüey). Su caballo, que usaba para llevar en un coche a sus compañeros disidentes a las protestas, también fue retenido en una finca estatal, durante más de un mes.
De acuerdo con denuncias familiares, en aquel momento el opositor sufrió maltratos al ser recluido en una celda de castigo varias semanas, donde le hacían pasar frío, no tenía casi iluminación y se mojaba. Tampoco tenía el acceso necesario a medicinas y alimentación adecuada. Aróstegui Armenteros era sometido a aislamiento pese a que fue diagnosticado con esquizofrenia y padecía diabetes.
Su nombre estuvo en una lista de presos políticos difundida tras la visita a Cuba del expresidente estadounidense Barack Obama, en 2016. El entonces gobernante de Cuba, el general Raúl Castro, había negado en conferencia de prensa la existencia de prisioneros por motivos políticos, y prometió liberarlos de inmediato si le demostraban la existencia de tales reclusos.
En 2019 Yosvany nuevamente fue detenido y juzgado por presuntos delitos comunes. Raidel Aróstegui Armenteros, hermano del activista, dijo en un audio divulgado por The Center for a Free Cuba (Centro para una Cuba Libre) que, al morir, Yosvany llevaba más de un año recluido y había sido acusado de “violación y robo, delitos de los que desde el primer momento se consideró inocente”.
El disidente enfrentó una petición fiscal de 28 años de cárcel. Mientras esperaba su juicio, a Yosvany Aróstegui le impusieron una prisión preventiva, “pero él siempre decía que lo iban a soltar porque no había cometido ningún delito”, agregó su hermano.
Finalmente, fue condenado a 15 años de privación de libertad. Durante su presidio realizó de forma intermitente varias huelgas de hambre, primero en la cárcel Cerámica Roja y luego en el penal camagüeyano de máxima seguridad Kilo 8. Su estado físico se deterioró por las protestas, al punto que uno de sus hermanos que lo visitaba lo encontró en una ocasión “en silla de ruedas muy flaco y muy deteriorado”.
Según el coordinador nacional de la Unpacu, José Daniel Ferrer, el prisionero defendió en todo momento que lo habían sentenciado bajo cargos “fabricados” por la Seguridad del Estado y que estaba dispuesto a morir “defendiendo su inocencia”.
El último de sus ayunos de protesta sería definitivo y fatal. Tras empeorar su estado por sostener una huelga durante semanas, Aróstegui Armenteros fue trasladado a la sala de penados del hospital Amalia Simoni, de Camagüey, donde murió el 7 de agosto de 2020.
Esta huelga de hambre fue ocultada a su familia hasta los últimos días de vida que tuvo el opositor. Tampoco permitieron a sus allegados verlo o acompañarlo mientras agonizaba, de acuerdo con el hermano Raidel Aróstegui.
El día de su muerte en el hospital camagüeyano, la familia recibió la noticia sobre las 8 de la noche. “Lo llevaron a velar unas tres horas, solo permitieron a los familiares y a las 2:00 a.m. lo cremaron”, afirmó su hermano.
Según dijo el opositor Faustino Colás Rodríguez a la prensa independiente, la Seguridad del Estado impidió que personas ajenas a la familia accediera a la funeraria.
La figura de Aróstegui Armenteros, como la de Orlando Zapata Tamayo –fallecido en una huelga de hambre en Camagüey el 23 de febrero de 2010–, interpela el relato oficial de la “Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes”. Ambos activistas, pobres y racializados, murieron bajo custodia de un régimen que desde 1959 ha prometido libertades y progreso para los desposeídos, pero que reacciona contra ellos con toda la violencia del Estado cuando estos alzan la voz.
“Mi hermano era activista de los derechos humanos. Siempre estaba enfrentándose con la policía política. En Camagüey era una piedra en el zapato de la policía política por sus acciones. Siempre me dijo que el día que le sucediera algo se iba a plantar [en huelga de hambre] (…) y que el segundo [Orlando] Zapata en Camagüey iba a ser él”, agregó Raidel Aróstegui en sus declaraciones al Centro para una Cuba Libre.
Por su parte, Prisioners Defenders, al documentar en 2020 la muerte de Yosvani Aróstegui Armenteros, declaró que “cumplía prisión por un delito común que (…) no pudimos verificar como político o fabricado. Sin embargo, su condición de opositor sí fue posiblemente la causa de la negligencia carcelaria, algo lamentable que lo convierte en una pseudo-ejecución política final”.
Es pertinente señalar que Yosvany Aróstegui fue revictimizado y ridiculizado por el sistema incluso años después de su muerte por huelga de hambre bajo custodia del Estado. En febrero de 2022, a modo de burla contra la disidencia en Cuba, el programa de propaganda gubernamental “Con Filo”, de la televisión nacional, y los principales medios de prensa escrita del Partido Comunista (Granma y Cubadebate), republicaron un video de Aróstegui Armenteros manifestándose en una calle junto a otros activistas. El material fue utilizado por un vocero oficial para denigrar a la oposición.
Tras el estallido social de julio de 2021 y la detención y condena a cientos de personas que disienten del Gobierno cubano, se ha vuelto cada vez más frecuente que los prisioneros políticos acudan a huelgas como vía para encausar sus reclamos. En el informe que publicamos recientemente “Otro año sin justicia: 2023”, registramos 38 eventos sobre inicios de huelgas de hambre o de hambre y sed, solo entre febrero y julio de 2023.
Una ola significativa de huelgas de hambre en prisión tuvo lugar durante la visita a Cuba de Josep Borrell, representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea.
El cuestionable historial del régimen cubano ante estos eventos pone en alerta a la sociedad civil. Según la organización sin ánimos de lucro Archivo Cuba, al menos 27 presos cubanos han muerto en huelgas de hambre de protesta desde 1959 hasta el momento de emitir su informe (actualizado 12 de octubre de 2022).
“En las más de seis décadas de dictadura de los Castro, los presos de conciencia y políticos han sufrido tratos y condiciones deplorables incluidos trabajo forzado, torturas, palizas, malnutrición, falta de atención médica y asesinatos a manos de los carceleros. Los presos comunes también han sufrido condiciones terribles y muchos pagan largas condenas carentes de un debido proceso legal. En situaciones tan extremas, muchos sienten que su único recurso es la huelga de hambre de protesta. Se sabe de al menos veintisiete que han pagado con sus vidas, 14 políticos y 13 por causas no estrictamente políticas”, refiere Archivo Cuba.
En el Tercer informe periódico de Cuba ante el Comité contra la Tortura –que el régimen debía rendir en 2016, pero lo envió en octubre de 2018–, el Gobierno cubano respondió a los comentarios y recomendaciones que sus protocolos de actuación “ante hechos de inanición voluntaria (…) se inclinan al tratamiento racional, persuasivo y humanitario sobre los detenidos declarados en este estado para que desistan de su actitud. Se asegura una comunicación permanente entre el personal médico, el detenido y sus familiares”.
El caso de Yosvany Aróstegui y otros documentados por organizaciones de derechos humanos, son un mentís al oficialismo. Nuestro grupo de trabajo ha registrado que, ante huelgas de hambre, se hacen aún más crudos los tratos, y se procede al confinamiento en celdas de castigo, donde se ponen en uso prácticas que inducen la muerte de los reclusos, entre otras represalias.
La Ley No. 152 de Ejecución Penal (2022) establece que, ante una persona que “se niega a ingerir alimentos (…) se adoptan las medidas médicas necesarias para preservar su vida, sin perjuicio del respeto a su dignidad humana (Capítulo II, Artículo 97)”. Sin embargo, el Reglamento del Sistema Penitenciario (2016) castiga las huelgas de hambre: los reclusos cubanos tienen prohibido “negarse a ingerir alimentos, agua o asistencia médica ante inconformidades, en posición de fuerza y demanda” (Art.75, inciso n).
Human Right Watch (HRW), en su Informe Mundial 2022, destaca que “aquellos que critican al gobierno [cubano], inician huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante períodos extensos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica”.
En Justicia 11J luchamos para que nunca más, ninguna persona en detención tenga que acudir a huelgas de hambre como forma de protesta. Y recordamos a todas las personas que, como Yosvany Aróstegui, han muerte bajo la custodia del Estado.
