Varios incidentes reportados entre abril y mayo de 2024 indican que la represión en Cuba no ha disminuido. Por el contrario, la respuesta estatal al creciente descontento social, que se expresa en acciones de protesta pública, ha escalado en un escenario peligroso para quienes ejercen sus derechos humanos.
En Justicia 11J nos preocupa, particularmente, las denuncias del uso de armas de fuego por agentes del Estado para amenazar a ciudadanos críticos o en contextos de protesta.
Uno de los eventos donde se reportaron incidentes de este tipo, fue la manifestación por los prolongados apagones eléctricos, ocurrida el 28 de mayo en la localidad de Juraguá, cercana a las ruinas de una central electronuclear que no llegó a concluirse, en la provincia de Cienfuegos.
Fuentes de la zona dijeron que fuerzas policiales hicieron disparos para disuadir a los manifestantes. También, durante la protesta y en días posteriores, fueron detenidos o citados para recibir interrogatorios y amenazas, al menos una docena de pobladores, según confirmaron familiares y activistas de derechos humanos.
En este contexto, Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su “preocupación” a propósito de nuestro reporte sobre las protestas del 28 de mayo en Juraguá y otras zonas de Cienfuegos.
“El Estado debe abstenerse de reprimir a las personas que se expresan públicamente, y respetar y garantizar la libertad de expresión”, se pronunció el relator especial de la CIDH.
Este no es el único evento reciente donde agentes estatales intimidan con sus armas. El activista Oscar Pupo Cruz denunció que el 28 de mayo un oficial del Ministerio del Interior (Minint), miembro del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), irrumpió armado en su vivienda, en estado de embriaguez y vestido de civil, y manipuló una pistola frente a su hija menor de edad.
El mayor del DSE, Juan Alfonso Abreu Reyes, atacó a Oscar Pupo para intentar quitarle el teléfono móvil y lo acusó de participar en una protesta por los cortes de electricidad en la localidad de Velazco, en Gibara, provincia de Holguín, según informó Pupo al centro de asesoría legal Cubalex.
Cubalex comunicó en redes sociales que “el oficial cometió varios delitos regulados en el Código Penal: abuso de autoridad, al ejercer sus funciones de manera contraria a las leyes y exceder arbitrariamente los límites de su competencia y violación de domicilio, al entrar sin autorización legal con un arma de fuego”. La organización también advirtió que el oficial de la policía política “actuó bajo los efectos del alcohol, lo que agrava su responsabilidad penal”.
“Su conducta constituye un acto ilícito según el derecho internacional, atribuible al Estado y que genera responsabilidad internacional”, denunció Cubalex.
Otro incidente a mediados de abril puso en riesgo al expreso político Luis Darién Reyes, quien sufrió cárcel por expresarse en redes sociales contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y a favor de un cambio de régimen. El joven también fue amenazado con una pistola en plena calle de La Habana, por un agente del Estado vestido de civil.
Estos reportes son preocupantes sobre todo en un contexto de contestación ciudadana a un régimen que no garantiza condiciones básicas de vida, mientras coarta libertades fundamentales. La crisis económica y social de Cuba está lejos de aliviarse, por lo que se teme que futuras protestas sean enfrentadas con más violencia estatal.
Recordemos que durante las históricas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 (11J), fuerzas del Minint, con la colaboración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y grupos paraestatales conocidos como Brigadas de Respuesta Rápida, también emplearon la violencia armada contra los ciudadanos.
Justicia 11J exige al Estado cubano que respete el derecho de la ciudadanía a manifestarse y expresar públicamente su desacuerdo con la situación del país y la gestión de las autoridades. El régimen debe abstenerse de reprimir el ejercicio de estos derechos humanos.
Advertimos a la comunidad internacional, particularmente a la Unión Europea y organizaciones defensoras de los derechos humanos, sobre estos indicios de la escalada de la represión, en un escenario de crisis que impulsa a los cubanos a expresar sus legítimas demandas de cambios económicos y políticos.
