Durante el mes de junio de 2024 hemos visto con alarma varios eventos de violencia estatal en Cuba para disuadir a la ciudadanía de recurrir a la protesta y para coartar las libertades de movimiento, expresión y reunión pacífica, entre otras.
En este contexto ha destacado, por el grado de la violencia empleada por los agentes del Estado cubano, y por su repercusión en la opinión pública, el arresto arbitrario de las intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres.
La académica Alina Bárbara López denunció los golpes y otros maltratos sufridos el 18 de junio a manos de agentes policiales, cerca del puente de Bacunayagua, para impedir que viajara de la ciudad de Matanzas a La Habana a realizar una acción cívica de protesta.
Otra víctima del incidente represivo fue su acompañante, la antropóloga Jenny Pantoja, quien ha sido sometida a seguimiento y acoso en días posteriores a la detención, por parte del oficial de la Seguridad del Estado Ariel Arnau Grillet, un represor que opera bajo el pseudónimo de “mayor Luisito”.
En una maniobra absurda, pero empleada frecuentemente por el régimen para judicializar y encarcelar a los disidentes cubanos, las autoridades del Ministerio del Interior (Minint) les abrieron un proceso penal bajo el delito de “atentado”.
Este 18 de junio otros ciudadanos denunciaron el acoso y la vigilancia de agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionara (PNR), entre ellos los intelectuales Miryorly García y Jorge Fernández Era; así como Wilber Aguilar, un padre muy activo en la exigencia de libertad para su hijo Walnier Luis Aguilar, preso político por las protestas de julio de 2021 (11J).
Como ellos, este mes han sufrido diversas acciones represivas otros cubanos que ejercen sus derechos a la libre expresión y se han manifestado de distintas maneras en espacios públicos con críticas al régimen.
En otro incidente violatorio de derechos humanos, el 20 de junio fue detenido Mario Hernández Leyva, tres veces preso político y vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR).
Según José Díaz Silva, presidente del MONR, Hernández Leyva fue enviado al penal 1580 (La Habana) y sería llevado a juicio el próximo 15 de julio, por una supuesta causa pendiente de la cual no tiene conocimiento, informó centro de asesoría legal Cubalex.
Mario Hernández Leyva había sido excarcelado el 2 enero de 2024, tras casi un año de prisión política. Su caso estuvo entre las decenas de arrestos y procesos que visibilizamos desde 2023 con la campaña “Llamado a la acción por los presos políticos”, sobre la que pronto publicaremos una actualización con nuevas víctimas de la represión bajo el Código Penal que entró en vigor en diciembre de 2022.
También fue arrestado recientemente el opositor y ex preso político Lázaro Mendoza García, por un supuesto lanzamiento de proclamas u octavillas. Según su hermana, Yusel Mendoza, presuntamente está acusado del delito de “propaganda contra el orden constitucional”, que con el nuevo Código Penal puede ser sancionado con penas de hasta 10 años de cárcel.
Por otra parte, el Foro Antitotalitario Unido (Fantu) informó que el activista Pedro Luis Fernández Peralta, coordinador de esa organización en el municipio “Diez de Octubre”, La Habana, fue detenido el 12 de junio y lo trasladaron a la sede de la Seguridad del Estado en la capital cubana, “Villa Marista”, por presuntamente organizar pintadas antigubernamentales.
Estos y otros incidentes reportados en los últimos meses demuestran que el régimen de Cuba solo responde con represión a las distintas formas de protesta pacífica, que deberían ser respetadas.
Johanna Cilano Peláez, investigadora regional para el Caribe en Amnistía Internacional, reaccionó a nuestro pronunciamiento al respecto en redes sociales, calificándolo como un “resumen del horror de esta semana en Cuba”. La politóloga y activista criticó “la represión a la libertad de expresión y reunión y [a] aquellos que disienten”.
Exigimos que cese la persecución del disenso en Cuba, así como la judicialización de activistas, disidentes y la ciudadanía en general, por expresarse contra el régimen del Partido Comunista. Reiteramos la importancia de que las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional, particularmente la delegación de la Unión Europea en Cuba, den seguimiento a la situación y se pronuncien oportunamente contra el escenario represivo en la isla que no ha disminuido, sino que se ha profundizado, dejando a la ciudadanía sin opciones para ejercer sus derechos inalienables.
