Petición fiscal de Sulmira Martínez: el costo de la libertad de expresión en Cuba
Hemos conocido con preocupación la petición fiscal de Sulmira Martínez Pérez, prisionera política encarcelada sin juicio desde hace un año y medio, quien enfrenta una posible condena a 10 años de cárcel.
El motivo del proceso penal contra la joven de solo 22 años es que se expresó en redes sociales contra el régimen del Partido Comunista de Cuba (PCC) y abogó por el derecho a la protesta.
Edward Roberts Campbell, fiscal a cargo del caso, ha pedido una sanción conjunta de 10 años de privación de libertad para Sulmira Martínez, por la supuesta comisión de los delitos de “desacato” y un presunto “delito contra el orden constitucional”.
La joven se encuentra recluida en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como “El Guatao”, en La Habana. Allí la visitó tras conocerse el documento legal, Norma Pérez Ferrer, madre de la prisionera política, quien denunció que en la petición fiscal hay “mentiras” y manipulaciones.
En declaraciones al medio independiente Diario de Cuba, Pérez Ferrer dijo que su hija estaba muy molesta tras conocer la petición fiscal que la relaciona falsamente con una creadora de contenido digital, residente en el extranjero, quien supuestamente le pagaría por hacer acciones de protesta en Cuba.
“A mi hija la están poniendo como una terrorista (…). Y ella en ningún momento ha sido terrorista”, dijo la madre, quien agregó que Sulmira Martínez sí habría reconocido que hizo publicaciones en la red social Facebook llamando a manifestarse contra el régimen.
Durante su encierro Sulmira Martínez ha sido víctima de múltiples violaciones de sus derechos humanos. Fue expuesta en la televisión nacional, de propiedad estatal, en una supuesta confesión obtenida bajo coerción y sin asistencia legal, que fue grabada presuntamente en la sede de la Seguridad del Estado en La Habana, conocida como “Villa Marista”.
El caso de Sulmira Martínez es una muestra de la intención del régimen del PCC de criminalizar incluso la idea de manifestarse en contra de sus políticas y su poder arbitrario. La joven está entre las decenas de personas arrestadas o con procesos penales abiertos que esta organización ha visibilizado desde el año 2023 con la campaña “Llamado a la acción por los presos políticos”, sobre las víctimas de la represión institucional bajo el nuevo Código Penal.
Exigimos al Estado cubano cesar la criminalización de las personas que se expresan por cambios políticos y defienden su derecho a protestar. Llamamos la atención a organizaciones defensoras de los derechos humanos y a la delegación de la Unión Europea en Cuba sobre la continuidad y escalada de la represión.
