En Justicia 11J vemos con preocupación que la represión en Cuba no ha disminuido. La Seguridad del Estado continúa arrestando a personas por supuestos lanzamientos de proclamas u octavillas con críticas al régimen, como ha ocurrido con el opositor y exprisionero político Lázaro Mendoza García.
El activista de 63 años quedó en detención el pasado viernes 14 de junio de 2024, tras acudir a una citación para un interrogatorio en la sede principal de la policía política, el cuartel del Ministerio del Interior (Minint), conocido como “Villa Marista”, en La Habana.
Tras un interrogatorio previo, realizado el jueves, Mendoza García advirtió sobre su posible detención. “Me quieren meter preso porque me enseñaron un video de gente tirando proclamas en Centro Habana y dicen que uno de los que se escucha es El Bambi (José Antonio Pompa) y el otro soy yo, por la voz. Yo lo negué, pero me dijeron que regresara mañana”, declaró al medio Martí Noticias.
Según Yusel Mendoza, su hermana, el opositor está arrestado presuntamente por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, que con el nuevo Código Penal puede ser sancionado con penas de hasta 10 años de cárcel.
Otros activistas detenidos hace semanas estarían enfrentando la misma acusación, como Daniel Alfaro (arrestado el 13 de marzo) y José Antonio Pompa (recluido desde el 26 de abril). Actualizaremos sobre sus casos próximamente en la campaña “Llamado a la acción por los presos políticos”, que desde 2023 visibiliza a decenas de víctimas del Código Penal.
Lázaro Mendoza García integró durante varios años el Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo”. Hoy encabeza el Movimiento Justicia, un grupo de oposición que busca un cambio democrático en el país.
“Me han condenado tres veces por motivos políticos. He hecho protestas, junto a otros hermanos, frente a tribunales, en instituciones del régimen; he intentado impedir que desalojen a personas de sus viviendas”, dijo el activista, poco antes de ser detenido, en una entrevista con CubaNet.
Exigimos que cese la persecución del disenso en Cuba, así como la judicialización de activistas, disidentes y la ciudadanía en general, por expresarse contra el régimen o manifestarse de forma pacífica.
