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Cuba a menos de un mes de su Examen Periódico Universal

Miguel M. Díaz-Canel, en entrevista con la periodista oficial Arleen Rodríguez, fracasó una vez más en su intento de entablar un diálogo con el pueblo. Durante su intervención, justificó la precariedad con argumentos de política exterior, evitó hablar de los presos políticos y de libertades, y no dió espacio para cuestionamientos directos.  

La comparecencia de Díaz-Canel sucedió a casi un año de entrar en vigor un nuevo Código Penal que reconfigura y transforma las causas penales imputadas a los manifestantes de antes de diciembre de 2022. La redacción del nuevo Código estuvo estancada desde la reforma constitucional de 2019 y, a raíz de las manifestaciones masivas, fue publicado como un mecanismo de intimidación frente a cualquier posibilidad de disenso. 

El número de víctimas directas desde la aprobación de este Código asciende, entre activistas y opositores, a 25 personas, según hemos registrado  recientemente en la actualización de nuestra campaña Llamado a la acción por los presos políticos

La tensión que se vive se traduce en silencio y apatía masiva, mientras algunas voces reconocidas de la cultura cubana se han pronunciado por la situación política en Cuba y otras corren el riesgo de ser encarceladas. 

En La Habana, el actor Carlos Massola colgó en sus redes un video cuestionando la realidad de los presos políticos. Armando Tomey, otro reconocido actor, salió en su defensa ante las campañas de descrédito de la Seguridad del Estado, asegurando que “su voz es la de millones que hacen silencio”.

En Matanzas, Alina Bárbara López podría ser condenada el próximo 16 de noviembre en “atestado”, un tipo de juicio solo aplicable a quienes cometen “un delito menor”. Este procedimiento penal deja sin derecho a apelar más que a una segunda instancia.  El destino de la intelectual cubana podría quedar sellado tras el veredicto politizado de los Tribunales municipal y provincial si la declaran culpable.  

Las posturas críticas se unen a un distanciamiento cada vez mayor entre la cúpula autoritaria y la sociedad civil. El primer signo de alerta de ese distanciamiento ha sido la suspensión de las tradicionales reuniones de rendición de cuentas a nivel de  barrios. Estas asambleas se realizaban en todo el país entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre, pero se han pospuesto hacia el primer trimestre de 2024. 

La crisis se podría ver agravada con el arribo de los vuelos de deportación desde México y Estados Unidos, con cientos de cubanos que regresan en condiciones de pobreza extrema y en total descontento político.   

No obstante a las denuncias sostenidas de las organizaciones independientes, no han cesado los abusos y las violaciones a los derechos de los presos políticos. Recomendamos consultar la “Actualización sobre condiciones en prisiones (septiembre de 2023)”, publicada por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas el pasado 10 de octubre. 

El próximo 15 de noviembre Cuba será sometida a revisión en el Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas. Justicia 11J insta a los gobiernos democráticos del mundo a recomendar al Estado cubano que cumpla con los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos. 

Relacionamos a continuación algunas de las recomendaciones conjuntas de Cubalex y Justicia 11J que fueron insertadas en dos informes referidos a las violaciones del debido proceso y a la situación de las personas privadas de libertad, especialmente de los presos políticos: 

  1. Adecuar la legislación a estándares internacionales y que los tribunales civiles sancionen a militares que torturan y maltratan a civiles.
  2. Asegurar la independencia del sistema de tribunales y abogados.
  3. Iniciar procesos de revisión de oficio transparentes, imparciales y retroactivos hasta la fase investigativa de los manifestantes del 11 de julio de 2021. 
  4. Liberar inmediatamente a presos políticos, ofrecer reparación y garantías de no repetición.
  5. Publicar e implementar capacitación para funcionarios vinculados a procesos penales. 
  6. Permitir visitas y monitoreo a prisiones por organizaciones internacionales, humanitarias y la Cruz Roja Internacional.

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