Campaña

Nuevos casos de la campaña “Llamado a la acción por los presos políticos”

El Código Penal (Ley 151 de 2022) es una de las herramientas utilizadas por el régimen del Partido Comunista de Cuba para acallar las voces disidentes. Desde la entrada en vigor de la legislación el pasado diciembre, se ha evidenciado el cierre del espacio cívico y arreciado el control sobre el discurso crítico de la ciudadanía.

Entre diciembre de 2022 y el 26 de abril de 2023, día en que comenzó la campaña “Llamado a la acción por los presos políticos”, documentamos 10 casos en que fueron privados de libertad activistas u opositores por intentar ejercer su derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Después de este llamado de atención, entre mayo y julio, ocurrieron otras 10 encarcelaciones; pero en los últimos dos meses, bajo el amparo del Código Penal, han sido detenidas 5 personas más, ascendiendo a 25 la cifra de cubanos víctimas de arrestos con motivaciones políticas.

En la mayoría de los casos estas detenciones arbitrarias y medidas de “prisión provisional” son impuestas sobre todo a personas que manifiestan sus intenciones de protestar contra las autoridades o las señalan en el ámbito público como responsables de la actual crisis económica y social. Por ello, son privadas de su libertad de inmediato y recluidas durante semanas y meses en centros de operaciones e investigaciones del Ministerio del Interior (Minint), a la espera de que las autoridades elaboren un caso judicial para condenarlos sin las garantías de un debido proceso.

Justicia 11J reitera su pedido de libertad para todos los presos políticos y expresa su preocupación por las condiciones y la salud de las personas privadas de libertad en Cuba. . Al respecto, recomendamos revisar la “Actualización sobre condiciones en prisiones (septiembre de 2023)”, publicada por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.

Lamentablemente, la persecución del gobierno a activistas y opositores continúa en ascenso, sin que la prensa extranjera acreditada en Cuba se haga eco de estos nuevos casos o informe sobre otros prisioneros políticos incluidos en la campaña. También observamos que no existen pronunciamientos oportunos por parte de organismos internacionales sobre el deterioro de la situación de derechos humanos durante el primer año de estar en vigor el nuevo Código Penal.

Este grupo de trabajo continuará su labor de monitoreo y denuncia de nuevas detenciones arbitrarias y procesos penales sin garantías, escenificados contra activistas, disidentes y ciudadanos cubanos.


NUEVOS CASOS INCORPORADOS A LA CAMPAÑA

Liván Gómez Castillo (50 años, integrante del Movimiento Escudo Cubano y militante del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo): Residente en el municipio La Lisa (La Habana), padece un edema pulmonar, sufrió un infarto de miocardio; no obstante a sus vulnerabilidades, se ha declarado abiertamente como opositor. Fue detenido el 9 de septiembre de 2023 y lo llevaron a la Séptima Estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). El activista Javier Berovides informó a Justicia 11J que el opositor fue trasladado para la prisión 1580 (San Miguel del Padrón, La Habana), para que extinga una condena previa impuesta por la supuesta comisión de un delito común que Gómez Castillo niega mientras se declara inocente. Según Berovides, la causa del cambio de medida aplicado a Gómez Castillo es su vinculación al Movimiento Escudo Cubano.

En el pasado, fue detenido varias veces por motivos políticos, como documentó la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en sus informes de febrero y marzo de 2016. Estos arrestos ocurrieron para impedir que Gómez Castillo y otros opositores acompañaran a las Damas de Blanco en su peregrinación pacífica hasta la iglesia de Santa Rita de Casia, en La Habana. 

Gómez Castillo figura entre los más de 300 cubanos que firmaron una carta fechada el 3 de julio de 2023 dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel, en la que exigen “la libertad sin destierro de todos los presos políticos” de Cuba y denuncian las precarias condiciones en las cárceles y las violaciones de DD.HH.


Gustavo Mena Artola (52 años, activista por la protección de los animales): Identificado en Facebook como “San Lázaro Vigía”, fue detenido el 14 de septiembre de 2023 tras publicar en redes sociales llamados a manifestarse en las calles contra la gestión gubernamental de la crisis energética.

Omar Mena, rapero y activista amigo del prisionero, declaró al medio ADN Cuba que el animalista estaba siendo acusado de “desacato” por sus recientes publicaciones en redes sociales con críticas al régimen cubano y a su presidente Miguel Díaz-Canel.


Yankiel Villavicencio Balmaseda (40 años, representante del grupo Justicia Verdadera y colaborador del Foro Antitotalitario Unido, FANTU): Residente en Santa Clara y padre de dos menores, fue detenido el 19 de septiembre de 2023, mientras se dirigía a su centro de trabajo y recluido en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (Upico), del Ministerio del Interior en Villa Clara, donde comenzó una huelga de hambre, según declaró su esposa a medios independientes.

Primero, las autoridades dijeron a sus familiares que lo detuvieron por un supuesto delito de “desacato”. Luego, un oficial del Departamento de la Seguridad del Estado comunicó que el activista estaba siendo instruido bajo el cargo de “propaganda contra el orden constitucional”.

Según FANTU, el 15 de septiembre, en el marco de la represión a activistas por la Cumbre del Grupo de los 77 + China en La Habana, Villavicencio fue citado por el Ministerio del Interior y “advertido” de que podría ir a prisión por su postura política. La organización disidente publicó que el motivo de la detención había sido “por expresar opiniones contra el castrismo en las redes sociales”.

Yankiel Villavicencio presenta varias patologías: gastritis, colitis crónica, asma e hipercalciuria idiopática (anomalía metabólica de origen genético que se caracteriza por una excesiva eliminación de calcio por la orina).


Aníbal Ribiaux Figueredo (55 años, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y promotor de Cuba Decide): Fue detenido el domingo 1 de octubre de 2023 por agentes del Ministerio del Interior en la ciudad de Santiago de Cuba, quienes lo arrestaron en su domicilio y lo llevaron a la sede de la Seguridad del Estado ubicado en el barrio de Versalles. El 13 de octubre fue trasladado al centro penitenciario de Aguadores, acusado del supuesto delito de “atentado”. De acuerdo con denuncias de su esposa Marilín Thalía Álvarez, realizadas a la prensa independiente, Ribiaux se declaró en huelga de hambre desde el día de su detención y podría continuar “plantado”.

Días antes de su arresto, el activista denunció en un video el hostigamiento violento y las citaciones informales realizadas por la policía. Además, afirmó que el acoso de las autoridades se debe a que se expresa en redes sociales con críticas al régimen. Aníbal Ribiaux Figueredo es exprisionero político y mantiene su militancia  disidente.  Además, es padre de un niño de 7 meses y de una niña de 7 años, y tiene a su cuidado otro infante. Su esposa Marilín Thalía Álvarez quedó sola con los pequeños.


Arnaldo Ricaine Mustelier Veranes (51 años, miembro del grupo Movimiento Escudo Cubano): Residente en la ciudad de Cárdenas (Matanzas), fue detenido el 4 de octubre de 2023 y recluido en la estación policial del poblado de Santa Marta. Según informes de activistas, sería trasladado a la prisión Combinado del Este, en La Habana.

El arresto de Mustelier Veranes ocurrió pocos días después de aparecer en un video de redes sociales, en el cual invitaba a los cubanos a manifestarse en las calles y criticaba al gobierno. Por este motivo, lo acusan de los supuestos delitos de “incitación a delinquir” y “desacato”.

Arnaldo Ricaine Mustelier es padre de cuatro hijos que dependen de él para subsistir.


Si conoce de otros casos que no hayan sido incluidos en este reporte, o puede ayudar a actualizar las informaciones, escríbanos a info@justicia11j.org o al WhatsApp +52 55 1236 2934. 

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