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Mientras organizaciones de la sociedad civil hemos brindado periódicamente cifras desagregadas sobre personas en detención por participar en el 11J y sobre los procesos penales asociados a ellas, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular han ofrecido información tardía y parcial. Mientras hemos recogido testimonios crudos sobre la situación actual de quienes pagan condenas por reclamar derechos, los órganos de prensa oficial describen a los manifestantes como vándalos que merecen castigos severos. Mientras miles denunciamos injusticias y atropellos en las cárceles, voceros del gobierno las comparan con espacios para el descanso y el ocio.
A pesar de muchos esfuerzos, no existe una cifra definitiva de personas detenidas por su participación en las protestas de julio de 2021, se desconoce cuántas personas han sido puestas en libertad, cuántas permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación. Se desconoce la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidas, y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país. No ha sido publicado el número de personas implicadas en los procesos administrativos abiertos a personas manifestantes, así como cifras realmente claras y precisas sobre los procesados penalmente. La declaración más completa en cuanto a información desagregada fue publicada el 25 de enero en el portal oficial de la Fiscalía General de la República pero esta publicación ha sido retirada con posterioridad.
Una investigación reciente de Cubalex ha documentado 14 técnicas de torturas, aplicadas en las cárceles de Cuba. Las autoridades han operado y operan con total impunidad. A la vez, desde julio, hemos documentado: hacinamiento, malas condiciones higiénico-sanitarias, mala alimentación, limitación de derechos básicos, cambios repentinos de prisión que provocan desapariciones forzadas, traslados arbitrarios a centros de mayor rigor, huelgas de hambre como protesta, reclusión en celdas de castigo, falta o negación de atención médica, intentos de suicio… Nada de esto ha sido contemplado y denunciado por organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos ni de asistencia humanitaria, pues desde la década del ochenta, ninguna instancia internacional ha entrado a nuestras prisiones.
Cuando está a punto de cumplirse un año del estallido social en Cuba, consideramos URGENTE implicar a distintos actores en lo que guiará nuestras próximas acciones: lograr que nuestras prisiones sean observadas in situ por facilitadores internacionales y actores de la sociedad civil.
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