Newsletter #1 Junio 2022

A menos de un mes de que se cumpla el primer aniversario de las históricas protestas de julio en Cuba, la Fiscalía General publicó una declaración oficial, ofreciendo nuevas cifras en relación con los procesos penales contra los manifestantes.

 

Según dicha institución, “ha sido notificada por los Tribunales Populares de 76 sentencias que han adquirido firmeza” por las que “resultaron sancionadas 381 personas, incluyendo 16 jóvenes con edad entre 16 y 18 años”. “A 297 acusados se les impuso sanciones de privación de libertad” y “a 84 acusados, se les subsidió la sanción de privación de libertad, por otras penas alternativas que no implican (…) su ingreso a prisión (…); en esta decisión se encuentran incluidos 15 de los jóvenes con edades entre 16 y 18 años”.

Justicia 11J hace un llamado de atención sobre la falta de transparencia en la emisión de información, por parte de la Fiscalía, en relación con las cifras asociadas a la respuesta estatal a la protesta. Al día de hoy, la Fiscalía no ha ofrecido una cifra oficial de detenciones a raíz de las manifestaciones, ni del desarrollo de procesos administrativos asociados a ellas, ni de cifras totales en relación con las distintas etapas del proceso penal. Por el contrario, la nueva información emitida más que ampliar la que ya había sido divulgada cuatro meses antes, la restringe, refiriendo ahora cifras que implican la finalización de procesos penales de por sí dilatados, amparados en  la Nueva Ley no. 143 de Proceso Penal, vigente desde el 1 de enero, que establece plazos no limitados para la firma de sentencias, violando así los principios de celeridad y legalidad y que, a su vez, permite que se viole el derecho a la igualdad y no discriminación, así como las garantías al debido proceso.

Recordamos que el 25 de enero la Fiscalía había informado de la recepción de “117 expedientes de fase preparatoria correspondientes a los hechos de mayor connotación, con 790 personas instruidas de cargo”. De estos, se habían presentado a los tribunales “110 expedientes, con 710 acusados para su juzgamiento”. En relación con estas cifras y las ofrecidas el pasado 13 de junio, alrededor de 300 personas aún permanecerían en espera de una sanción definitiva; la situación legal de todas ellas (así como de las no comprendidas en la declaración oficial de enero) ha sido omitida por la Fiscalía.

Hasta el día de hoy, a pesar de la negativa de las instancias estatales para brindar información, y a partir de reportes ciudadanos en las redes y contactos directos con familiares y con los propios detenidos, el subregistro de Justicia 11J y Cubalex -que informa de las distintas etapas de los procesos legales desde el momento de la detención da cuenta de: un total de 1481 personas detenidas (incluyendo 57 menores de 18 años); de ellas, 732 permanecen en detención;  47 personas han sido juzgadas en procesos sumarios; 541 personas han sido juzgadas en procesos ordinarios; 6 han resultado absueltas, como parte de procesos de ambos tipos, aunque la absolución de 2 personas se anuló por un recurso de apelación iniciado por la Fiscalía; 89 personas aún esperan juicio (de ellas 5 son menores de 18 años).  De todas las personas juzgadas o en espera de juicio, podemos afirmar que alrededor del 70 al 80% han esperado juicio bajo prisión provisional.

Del total de las personas enjuiciadas 24 eran menores de 18 años de edad al momento de su detención y fueron sancionadas en primera instancia con penas que se extienden hasta los 19 años de privación de libertad, por la supuesta comisión de delitos como sedición, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y daños.

Según las sentencias a que hemos tenido acceso al día de hoy a 94 personas se les ha subsidiado la sanción de privación de libertad por otras penas alternativas: 43 con trabajo correccional con internamiento; 29 con trabajo correccional sin internamiento; y 22 con limitación de libertad.

Hemos confirmado que entre las personas excarceladas, 89 fueron liberadas sin cargos (4 menores de 18 años), 11 fueron beneficiadas con sobreseimiento y se impusieron 125 multas (6 a menores de 18 años, uno de ellos herido por arma de fuego durante la manifestación). La situación legal del resto se desconoce.

Entre los meses de abril y junio, en que la celebración de la 73 sesión del Comité contra la Tortura y la 90 sesión del Comité de los Derechos del Niño (CAT y CRC, respectivamente, por sus siglas en inglés), y el anuncio de cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba han marcado el contexto, se produjeron una veintena de excarcelaciones temporales, a la espera definitiva de sanciones, mediante la entrega de documento oficial, siendo gran parte de los beneficiados menores de edad, lo que consideramos como un logro de las madres, la sociedad civil y organizaciones de defensa de DDHH, que por meses hemos sostenido la campaña #LibertadParaLosNiñosDel11J.

En relación con las cifras sofrecidas por la Fiscalía sobre procesos concluidos, comunicamos nuestra inquietud al ser superior al número de recursos de apelación y casación que hemos registrado, lo cual, nuevamente, levanta nuestras alarmas sobre la posibilidad de que las cifras de detenciones y procesos penales en relación con las protestas de julio sea mucho mayor que la que hasta ahora se ha podido documentar, tal como enunciamos en nuestra anterior Respuesta a Fiscalía, con fecha 25 de enero.

Resaltamos la situación de personas en grupos de vulnerabilidad a los que Justicia 11J ha dado especial seguimiento:

Además, una treintena de manifestantes excarcelados han emigrado o han sido forzados al exilio.