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Newsletter #6 Febrero 2023

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El pasado día 20, Justicia 11J, Cubalex y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) publicamos una  Declaración de organizaciones de derechos humanos sobre la situación de los presos políticos cubanos  donde señalamos aspectos a tener en cuenta ante una eventual negociación de excarcelación y exilio de presos políticos, en medio de un escenario nacional e internacional en el que pareciera que estos pudiesen formar parte de acuerdos favorables al régimen de La Habana.

Mientras esto sucede, el Estado cubano ha declarado hasta la fecha la imposibilidad legal de conceder la libertad a los prisioneros aunque, según organizaciones como el OCDH, existen al menos ocho vías legales para lograrlo, de acuerdo al Código Penal y la Ley de Ejecución Penal.

Ha aumentado el reclamo público de libertad de los familiares de los manifestantes del 11J, y con ello, de la represión hacia ellos. En especial, a los que conforman el recién creado Movimiento Cuba de Luto, que ha anunciado que no cesará en la búsqueda de libertad, mediante distintas formas que incluyen, pero no se limita, a la toma de las calles. 

Continúan las altas sanciones contra manifestantes del 11J: las más recientes sentencias consultadas, fechadas a finales de enero, contemplan penas de hasta 15 años de privación de la libertad para personas entre los 22 y los 42 años de edad. De las 1540 personas detenidas, 730 han sido juzgadas y 687 de ellas han sido sancionadas. Por otra parte, 204 han sido procesadas por el delito de sedición, lo cual representa el 13.2% de las personas detenidas. Al menos 33 personas permanecen aún bajo medida cautelar de privación de libertad, con petición fiscal, a más de 18 meses de su detención. 

Nuestro registro de personas detenidas por protestas desde 2021 ha ascendido a 1812: 1540 en el contexto del 11J, 103 en el contexto del 15N, 197 en las protestas de 2022. De ellas, 768 permanecen en detención.

Las violaciones de derechos básicos dentro y fuera de las prisiones motivan asimismo huelgas de hambre y prolongada reclusión en celdas de castigo. Señalamos los casos de Roberto Pérez Fonseca, quien después de cuatro meses en celda de castigo salió hacia prisión de máxima seguridad sintiendo molestia con los ruidos y dificultad para socializar; Aníbal Yasel Palau Jacinto, quien lleva seis meses en celda de castigo. Asimismo, destacamos el caso de Cruz García Domímguez, de 60 años, manifestante del 11J en Holguín, condenado a 12 años de privación de libertad bajo el delito de sedición. Cruz acaba de perder la visión de un ojo en prisión producto de un desprendimiento de retina y su estado de salud en general no le permite casi usar las manos. Para él solicitamos una licencia extrapenal.

Al menos un centenar de personas, que incluye 79 manifestantes excarcelados, activistas o defensores de derechos humanos, periodistas independientes, artistas disidentes y opositores han salido al exilio. Justicia 11J se halla entre las organizaciones exiliadas de la sociedad civil desde que, en diciembre de 2022, nuestra coordinadora Camila Rodríguez abandonase el país, como consecuencia de presiones de la Seguridad del Estado para imposibilitar el trabajo en el terreno. 

Ratificamos nuestro apoyo a la petición de libertad de los familiares de los presos políticos bajo cualquiera de las formas posibles, y abogamos porque todo proceso de negociación de la excarcelación y posterior salida del país de los presos políticos tenga a las víctimas en el centro. Consideramos los destierros y exilios como retrocesos y no como pasos constructivos en materia de derechos humanos. E insistimos en los peligros para la restauración de la democracia que supone la ausencia en el terreno de la sociedad movilizada. 

A la vez que apoyamos la libertad incondicional e inmediata, mantenemos nuestra exigencia de absolución y sobreseimiento libre y total de los manifestantes detenidos y de los presos políticos contemplados por Prisoners Defenders, como respuesta a los reclamos de la sociedad civil y como deber primero del Estado, y cuestionamos el valor instrumental de nuestros presos políticos, históricamente vistos como moneda de cambio, en busca de concesiones de la Unión Europea y de los Estados Unidos.

Asimismo, elevamos nuestro llamado a la solidaridad democrática internacional, en función de que sean planificadas opciones para solicitar asilo desde Cuba para activistas, defensores de derechos humanos y otras personas perseguidas por motivos políticos, como los manifestantes. Insistimos en que la fórmula del parole humanitario recientemente aprobada por la administración Biden no es una vía accesible para los cientos de perseguidos políticos cubanos y sus familiares, que no cuentan con las facilidades necesarias para aplicar. Tememos que cada vez sean más las personas que se lancen al mar, a falta de soluciones idóneas, como el programa de refugiados políticos de la Embajada de los Estados Unidos, suspendido por el momento para Cuba.

La eventual libertad de los presos políticos no supondrá la desmovilización de las labores de Justicia 11J, que continuará denunciando las faltas sistemáticas en el debido proceso, la situación de las prisiones de Cuba, y seguirá condenando a, y pidiendo sanciones para violadores de derechos humanos, como vía legítima para evitar la repetición, buscar justicia para las víctimas y señalar la responsabilidad del Estado, a través de sus funcionarios, en hechos violatorios de derechos humanos. Recordamos que desarrollamos una base de datos de perpetradores relacionados con la represión a las manifestaciones de julio de 2021 que puede ser consultada en nuestro sitio web.

A la izquierda, Yarelys Mesa Vázquez, quien cumple sentencia de 7 años por su participación en las protestas del 11J; en el centro, Yamily Triana Vázquez, desaparecida en el naufragio de una embarcación de emigrantes con destino a Estados Unidos el 23 de enero; a la derecha, Yailyn Mesa Vázquez, sobreviviente del naufragio.

RECOMENDAMOS

  +  Un repaso sobre el exilio de nuestra organización:  Se exilia la activista Camila Rodríguez, coordinadora de Justicia 11J | ADN Cuba .

  +  Cubano baleado el 11J por el régimen busca justicia , un texto del periodista Iván García para Diario las Américas, sobre una persona herida durante las protestas de julio de 2021.

  +  La historia de Mariana Fernández León y Yaneris Redondo León, quienes fueron juzgadas y sancionados por su participación en las protestas de julio de 2021, y lograron escapar en balsa hacia los Estados Unidos, mientras se encontraban bajo fianza:   Hermanas manifestantes del 11J llegan en balsa a EEUU; piden “reabrir con urgencia el programa de refugiados” .

  +   La tragedia de una madre cubana: una hija desaparecida en un naufragio y otra en prisión por el 11J , un texto de 14ymedio.

  +  Solicitud de audiencia  con la sociedad civil cubana al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, en relación con la presencia de Cuba en diciembre de 2022 en el Congreso Internacional Penitenciario.


Justicia 11J es un grupo de trabajo integrado por mujeres cubanas articuladas dentro y fuera del país. Desarrollamos en paralelo cinco bases de datos: la de personas detenidas en las protestas en torno al 11J, la de detenidas en torno a la Marcha Cívica por el Cambio – 15N, la de represores del 11J (estas, junto a la ONG Cubalex), una de protestas en el segundo semestre de 2022 y de personas detenidas en relación con ellas.

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