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En octubre de 2021, en el contexto de la organización de la Marcha Cívica por el Cambio (15N), Justicia 11J comenzó a registrar la realización de juicios ordinarios colectivos a los manifestantes del pueblo de Las Cañas, en la provincia de Artemisa. También en ese mes registramos la notificación por parte de la Fiscalía Provincial de La Habana de las primeras peticiones de sanciones por el delito de sedición, con rangos en su mayoría entre los 15 y 30 años de privación de libertad.
Luego de los eventos represivos relacionados con el 15N, los juicios ordinarios colectivos se desarrollaron progresivamente; desde nuestras plataformas de redes sociales informamos de 28 juicios que tuvieron lugar desde la semana del 13 al 17 de diciembre, hasta la semana del 15 al 18 de marzo de 2022. Por otra parte, a partir del 20 de julio las autoridades habían realizado juicios sumarios colectivos a los manifestantes de La Habana, y en septiembre se habían realizado al menos tres juicios ordinarios individuales.
Los datos oficiales más amplios, aportados por la Fiscalía General de la República el 24 de enero de 2022, dan cuenta de que este órgano de justicia había recibido entonces “117 expedientes de fase preparatoria correspondientes a los hechos de mayor connotación, con 790 personas instruidas de cargo”. Más recientemente, entre el 13 y el 22 de junio, la Fiscalía informó sobre más de 80 sentencias que habían “adquirido firmeza” y que involucraban a 490 acusados, “fundamentalmente por delitos de sedición; sabotaje; robo con fuerza y violencia; atentado; desacato y desórdenes públicos”. Ambas declaraciones fueron retiradas del portal web de la Fiscalía.
Compartimos una actualización de las principales cifras en relación con juicios y sanciones, publicadas en nuestro informe “Un año sin justicia”, en julio de 2022 en colaboración con Cubalex.
Un año después de que comenzamos a monitorear la realización de los juicios ordinarios colectivos, Justicia 11J ha documentado que 46 personas han sido procesadas en juicios sumarios; 626, en ordinarios y una persona (el líder opositor José Daniel Ferrer) ingresó en prisión a cumplir una condena de 4 años después de serle revocada la sanción subsidiaria de limitación de libertad. Como resultado de estos procesos, solamente 5 personas han resultado absueltas y 1 multada.
Mientras, 285 personas permanecen a la espera de juicios, con peticiones fiscales que se extienden hasta los 15 años de privación de libertad. De ellas, 135 esperan en prisión, bajo medida cautelar de prisión provisional. Alrededor de 233 personas aún no reciben las conclusiones provisionales de parte de la Fiscalía para abrir la fase de juicio oral. Otras 3 personas salieron del país con procesos judiciales pendientes.
Al respecto, hacemos notar que a un grupo de manifestantes de La Habana que aún esperan la realización de su juicio, a más de un año de las protestas, se les ha modificado el delito por el que serán juzgados: inicialmente fueron acusados de delitos comunes, y ahora son acusados de sedición. Señalamos el caso de Reinier Borrell Lebrigio, quien realizó una huelga de hambre para exigir la realización del juicio.
Hemos documentado las sentencias de 635 personas juzgadas en juicios ordinarios. Una gran parte de ellas han interpuesto recursos de apelación y/o casación, quedando algunos a la espera de sentencia firme para iniciar recursos de revisión.
Hemos tenido acceso a 13 autos de imposición de medidas cautelares, 52 peticiones fiscales, así como a 39 sentencias judiciales de tribunales de primera instancia y 15 sentencias de apelación y/o casación.
Como resultado de estos procesos, 495 personas están cumpliendo o cumplieron sanción de privación de libertad; 53 personas, trabajo correccional con internamiento (4 menores de 18 años); 49 personas, trabajo correccional sin internamiento (5 menores de 18 años); 30 personas limitación de libertad (13 menores de 18 años).
En relación con la sanción de privación de libertad, la más severa impuesta a los manifestantes, Justicia 11J y Cubalex hemos registrado que después de los procesos de apelación, se mantienen sanciones de entre 20 y 25 años de privación de libertad a 5 manifestantes. Se encuentran cumpliendo sanciones de más de 10 años y menos de 20 de privación de libertad 119 personas. Por otro lado, las sanciones de privación de libertad que más se repiten son de 10 años (a 60 personas), de 6 años (54), 5 años (41) y 8 años (40 personas).
Las personas procesadas por el delito contra la Seguridad del Estado de sedición (166) representan el 25% del total de juzgados. En el nuevo Código Penal que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre, este delito político se continúa castigando con la pena de muerte como máxima sanción.
Justicia 11J observa la dilación por tiempo indeterminado y sin fundamentos legales de los términos procesales establecidos para las diferentes fases del proceso legal. Esta dilación ha sido entendida por la organización de asesoría legal y defensa de derechos humanos Cubalex como una práctica marcada por la discrecionalidad y el constante irrespeto al principio de legalidad, aún después de que haya entrado en vigor la nueva Ley del Proceso Penal, con la que se debía haber conseguido la supuesta temperación de nuestro ordenamiento interno con los estándares internacionales de derechos humanos. Esta práctica hace del acto penal un mecanismo de control que, además de impedirles a los imputados el ejercicio de los derechos que la ley les reconoce, les obliga a inhibirse de ejercer sus derechos naturales.
En un nuevo y visible escenario de negociaciones y encuentros entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos, y entre Cuba y la Unión Europea, recordamos, también junto a Cubalex, que los juicios a través de los que han sido juzgados los manifestantes del 11J han violado la legislación y los principios que rigen el ejercicio de la función judicial. Los ciudadanos cubanos carecemos de recursos para obtener tutela jurídica efectiva: uno de los elementos centrales del derecho al debido proceso, que es a su vez trascendental para la concreción de un verdadero estado de derecho.
Próximamente publicaremos nuestro segundo informe sobre protestas públicas en el segundo semestre de 2022, correspondiente a los meses entre junio y agosto.
RECOMENDAMOS
+ Rescatista en explosión de Hotel Saratoga condenado a siete años de cárcel por el 11J, un texto de la periodista Annarella Grimal, sobre el manifestante Adel de la Torre.
+ Cárcel, castigo a quien protesta en Cuba, de nuestra periodista Darcy Borrero: “Desde mediados de año hasta el miércoles 12 de octubre, Justicia 11J ha registrado al menos 132 casos que evidencian la criminalización de la protesta ciudadana.”
+ El testimonio de una manifestante de las recientes protestas en Cuba: Alma Poet: “No hemos cometido ningún delito, somos inocentes”.
+ Una serie de entrevistas realizadas por Manuel D La Cruz a familiares de los manifestantes condenados por el delito de sedición en La Habana: Luis Armando Cruz Aguilera ; Daisy Rodríguez Alfonso, paciente de VIH ; y Duannis Dabel León Taboada .
+ Un reportaje de nuestra periodista Darcy Borrero, publicado en marzo de 2022, antes de la publicación de las sentencias. La Güinera, el barrio contra el que se ensañaron las acusaciones por el 11J: “En el barrio habanero se presenta la mayor concentración de acusados por sedición en el país. Seis de cada diez procesados por ese delito protestaron allí”.
