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La hostilidad contra activistas y opositores cubanos ha sido intensa durante marzo y lo que va de abril, periodo en el que no solo se reportan múltiples detenciones de corta duración, sino también privaciones de libertad bajo procesos investigativos o bajo imposición de medida cautelar e instrucción de cargos a siete opositores al régimen. Nos preocupan varios eventos en los que la Seguridad del Estado y oficiales de prisiones han arremetido contra las mujeres.
A inicios del pasado mes, diez manifestantes del 11J redactaron en la prisión Mujeres de Occidente una carta, firmada con sus huellas dactilares en sangre, en la que pedían al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que acatara la petición del Sumo Pontífice de conceder la libertad a los manifestantes de julio. Como parte de las respuestas a este grito de auxilio y libertad, se les prohibió temporalmente el uso del papel y la redacción de cartas a todas las mujeres de la prisión. Esto fue utilizado por las autoridades para obligar a las reclusas a confrontarse entre sí, al marcar a las firmantes como “responsables” del castigo generalizado.
Lizandra Góngora, integrante del grupo, madre de cinco hijos, fue enviada semanas después a la cárcel de mujeres de Isla de la Juventud, separada por mar, y a más de 160 kilómetros de su familia. A este castigo fue sometida previamente la Dama de Blanco y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) Aymara Nieto, quien por dos años, hasta noviembre de 2022, estuvo en una prisión de Las Tunas, a más de 600 kilómetros de su familia, en La Habana. Se trata de un método del que fueron víctimas muchos de los presos de la Primavera Negra. Y también, recientemente, ha sido aplicado, entre otros, a George Ramírez Rodríguez, Daniel Moreno y Maikel Puig Bergolla.
Por otra parte, la manifestante Brenda Díaz, condenada por participar en las protestas de julio en Güira de Melena, ha sido castigada con la celebración de un nuevo juicio el pasado viernes 14 de abril, en relación con un reciente incidente violento, del que Brenda resultara víctima. Según el testimonio de su madre, a finales de febrero Brenda fue golpeada en la prisión, y trasladada a celda de castigo por 15 días, tras defender a uno de sus compañeros que “había sido ofendido por su orientación sexual”.
Tres nuevas presas políticas se suman a la existente lista de al menos 71 mujeres de igual condición, desde que fueron detenidas las camagüeyanas Aniette González García y Ienelis Delgado Cué (conocida en redes como Mambisa Agramontina), y la joven madre matancera Leidyana Cazañas Amador. A las dos primeras mencionadas las instruyeron de cargo; se les acusa de Ultraje a los símbolos de la Patria y de Desacato a la autoridad, respectivamente. Mientras que Leydiana espera su medida cautelar en el Técnico de la Seguridad del Estado, acusada de provocar la supuesta quema de árboles frutales de la zona.
Estas mujeres podrían ser procesadas penalmente en juicios sin garantías del debido proceso, como ocurrió con, al menos, otras 87 presas políticas tras las masivas protestas del 11J, cuyas condenas se extienden hasta los 15 y 14 años de privación de libertad, en los casos de Mariuska Díaz Calvo (15), y Brenda Díaz y Lizandra Góngora (14)”.
Bajo la forma de autoinculpación forzada orquestada por la Seguridad del Estado, el régimen castigó a Sulmira Martínez Pérez (Salem, en redes sociales). La acusaron en el programa oficialista Razones de Cuba de generar “contenidos nocivos y engañosos en los espacios digitales”. Salem fue detenida el pasado 10 de enero, y luego de meses de tortura psicológica en el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana, la trasladaron el pasado 17 de marzo a la prisión de mujeres de El Guatao. Su delito: publicar en Facebook su intención de manifestarse públicamente.
Entre los eventos de hostigamiento y represión documentados por este grupo de trabajo entre el 1 de marzo y el 16 de abril, hacemos especial observación y denuncia de un incidente contra una niña de siete años, la hija de la opositora camagüeyana Marisol Peña Cobas. La menor fue entrevistada en la mañana del jueves 13 por funcionarios de la Oficina de Atención a Menores de su provincia, como parte de un proceso que busca separar a madre e hija, una vez que Marisol ha manifestado públicamente su oposición a que su hija sea adoctrinada en la escuela a la que asiste. Este interrogatorio, que tuvo lugar en una prisión de menores en la localidad, y al que llegaron en una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), sucedió en ausencia de la tutora de la menor.
Queremos resaltar, además, la extrema situación de vulnerabilidad que atraviesan el joven manifestante Abel Lázaro Machado Conde y su madre Beatriz Conde Mesa, ambos pacientes de psiquiatría. Abel Lázaro fue condenado a 9 años de privación de libertad, y se le ha abierto un nuevo proceso penal por el delito de Resistencia, luego de que el pasado 15 de marzo fuese golpeado brutalmente en la Prisión de Quivicán. La golpiza se produjo luego de que quisieran trasladarlo a una compañía de la que ya había sido sacado por autoridades superiores debido a que tuvo problemas allí. Su madre, por su parte, presentó quejas ante instancias del gobierno por la golpiza que le propinaron a su hijo a inicios del mes, sin haber obtenido respuesta. Abel Lázaro no recibe la medicación que necesita, ha iniciado huelgas de hambre, y él y su madre han anunciado sus suicidios. Entre el 1 de marzo y la fecha, hemos documentado 14 incidentes en relación con madre e hijo.
Justicia 11J hace un llamado de atención ante la opinión pública internacional sobre los casos que resaltamos en esta newsletter. Solicitamos apoyo en la visibilización de estas historias y circunstancias, así como en el reclamo al Estado cubano en relación con el cumplimiento a protocolos, tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, que garanticen la seguridad física, mental y emocional de las personas bajo su custodia y sus familiares. Continuamos pidiendo con urgencia que organizaciones de derechos humanos y de asistencia humanitaria #MirenLasPrisionesDeCuba.
RECOMENDAMOS
+ Perfiles del activista Alejandro Garlobo y el opositor Mario Alberto Hernández Leyva, dos de las cinco personas recientemente privadas de su libertad.
+ Un reportaje de Darcy Borrero, integrante de este grupo de trabajo, sobre el enfoque separatista que mantiene el Estado cubano en el sistema penal para personas que viven con VIH: Vivir con VIH en privación de libertad en Cuba
+ Nuestra reciente actualización sobre condiciones de prisiones y personas presas en situación marcada de vulnerabilidad, correspondiente a marzo de 2023.
+ Un artículo de opinión de nuestra coordinadora general Camila Rodríguez, publicado originalmente en Latinoamérica 21: Cuba: las presas de la dictadura – Latinoamérica 21.
+ En ocasión de los 20 años del grupo opositor Damas de Blanco, recomendamos la lectura del volumen Las mujeres de los prisioneros de La Primavera Negra de Cuba.
| Justicia 11J es un grupo de trabajo dedicado a actualizar y divulgar información relacionada con detenciones y procesos administrativos y penales vinculados a protestas públicas en Cuba, desde el estallido social de julio de 2021. Desde diciembre de 2022 se coordina desde el exilio. |
