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Luego de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el pasado 1 de diciembre, en Cuba se vive una nueva ola represiva.
Este grupo de trabajo ha lanzado alertas sobre la tendencia de las autoridades a sustituir las detenciones de corta duración por la privación de libertad bajo procesos investigativos o bajo imposición de medida cautelar e instrucción de cargos. Sin embargo, estos mensajes no han trascendido de manera significativa.
Entre los meses de enero y abril, al menos diez activistas y opositores cubanos han sido privados de su libertad, y han permanecido durante días o semanas en los centros de operaciones e investigaciones del Ministerio del Interior (Minint) de sus provincias, donde es habitual la práctica de tratos crueles para la obtención de confesiones inculpatorias.
Esto está sucediendo sin que las corresponsalías de medios extranjeros acreditados en Cuba den cobertura sistemática a la creciente represión.
Tampoco hemos apreciado pronunciamientos de organizaciones internacionales que pidan el respeto a los derechos de estos ciudadanos.
Ello, a su vez, coadyuva en la continuidad de los procesos penales a personas castigadas por ejercer su derecho de libertad de expresión, y por emprender acciones de carácter humanitario de gestión ciudadana, dígase entrega de medicamentos y otras donaciones a personas necesitadas.
Justicia 11J no consiente la pasividad de medios de prensa, organizaciones internacionales y gobiernos democráticos ante las torturas y atropellos a cubanos inocentes que solo procuran un mejor futuro para Cuba. Por eso lanzamos hoy un llamado a la acción por la excarcelación inmediata de las diez personas privadas de su libertad recientemente, así como de todos los presos políticos del país.
En Justicia 11J creemos que la movilización de voces puede ayudar a cambiar el destino de las personas víctimas de la violencia del Estado. Por eso, complementamos actividades de incidencia de alto nivel con campañas en el espacio digital. ¡Ayúdanos a ayudar a los presos políticos!
¿Quiénes son las diez nuevas personas privadas de libertad por razones políticas?
Leidyana Cazañas Amador: Activista y madre de una niña, residente en el municipio Jagüey Grande, de la provincia de Matanzas. Fue detenida el 29 de marzo, acusada de provocar una supuesta quema de árboles frutales de la zona. Se encuentra en la prisión Bellotex. Su madre ha denunciado la ocupación del teléfono de Leidyana por la Seguridad del Estado así como difamaciones que ese órgano promueve. También, contó que en las visitas con su hija casi no pueden hablar y que igualmente se le dificulta la comunicación con la abogada.
Mario Alberto Hernández Leyva: Activista. Vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República (MONR). Fue detenido por represores del Departamento de la Seguridad del Estado el 27 de febrero en Marianao por el supuesto delito de Resistencia. Lo mantuvieron en la Sexta Unidad de la PNR hasta el 7 de marzo, cuando fue trasladado al centro de clasificación y deportación Vivac. Actualmente se encuentra en la prisión Valle Grande. Las autoridades cubanas negaron el recurso de hábeas corpus interpuesto por su esposa. Al menos entre el 27 de febrero y el 9 de marzo se mantuvo en huelga de hambre. En mayo 2014 fue recluido sin juicio en la prisión de Valle Grande, y salió de la prisión el 8 de enero de 2015, como parte de los 53 presos políticos puestos en libertad a raíz del acuerdo entre Estados Unidos y Cuba. Unos meses más tarde volvió a la prisión, condenado a tres años, por organizar manifestaciones públicas.
Alejandro Garlobo: Activista. Ha protagonizado diversas acciones de ayuda humanitaria de gestión ciudadana. Fue detenido el día 2 de marzo, y conducido a un interrogatorio forzado con oficiales de la Seguridad del Estado. El 11 de abril fue trasladado al Combinado del Este, acusado de cometer delitos contra la Seguridad del Estado. Ese mismo día se supo que fue negado el cambio de medida cautelar (de prisión provisional), por lo que lo mantuvieron en la cárcel. El 17 de febrero le habían dado un ultimátum de 90 días para abandonar el país.
Yasmany González Valdés: Joven activista, al cuidado de dos niños pequeños, uno de los cuales está diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Albañil de ocupación, con pasión por el rap. Ha sido citado, detenido, multado y amenazado por sus publicaciones en redes sociales. Su más reciente detención ocurrió el pasado jueves 20 de abril, bajo un fuerte operativo y registro policial. Se le acusa de delitos contra la Seguridad del Estado, supuestamente en relación con carteles antigubernamentales [se le han hecho previamente pruebas grafológicas]. Permanece en Villa Marista. Desde su detención no ha tenido comunicación con su familia.
Sulmira Martínez Pérez (Salem): Joven de 21 años, detenida el 10 de enero, en relación con cuatro publicaciones en Facebook en las que expresaba su intención de manifestarse públicamente. Fue sacada de su vivienda luego de un registro policial, en el que decomisaron dos teléfonos celulares y una computadora. Tras meses de tortura psicológica en Villa Marista, el “cuartel general” de la Seguridad del Estado en La Habana, la trasladaron el pasado 17 de marzo a la prisión de mujeres de El Guatao. Se le acusa de instigación a delinquir.
Daniel Moreno de la Peña: Activista. Fue detenido en horas de la noche del 10 de enero en Santiago de Cuba. Luego de varios días en el centro de instrucción de la Seguridad del Estado de Versalles, en esa oriental provincia, fue trasladado el 6 de febrero a Villa Marista, en La Habana, a más de 850 kilómetros de su familia. El 16 de marzo fue trasladado hacia la prisión Combinado del Este, acusado de cometer delitos contra la Seguridad del Estado. Daniel perteneció a la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), y en 2015 fue sancionado a 8 meses de trabajo sin internamiento por un presunto delito de desobediencia.
Esquizander Benítez Moya: Activista y miembro de la Unpacu. Detenido violentamente el pasado 1 de febrero en el municipio de Guanabacoa, en La Habana. Al momento del arresto, vendía panes para lograr el sustento de su familia, pues sus posicionamientos políticos le impiden ejercer su profesión de Licenciado en Educación. Permanece en la prisión de Valle Grande, acusado de desacato.
Ienelis Delgado Cué (Mambisa Agramontina): Activista. Detenida el 4 de abril. Antes del arresto pudo enviar un mensaje informando que le harían un registro y que se la llevaban. La acusan de ofender al Jefe de Enfrentamiento del Minint en la provincia Camagüey, aunque medios de prensa han atribuido el encarcelamiento de Ienelis a que esta apoyó a su amiga Aniette Gonzalez, presa por fotografiarse envuelta en la bandera cubana y publicarlo en Facebook. El 9 de abril fue trasladada desde Villa María Luisa, cuartel de la Seguridad del Estado en Camagüey, hacia la cárcel de mujeres Granja 5, a la espera de un juicio por presunto desacato. Ienelis es madre de una niña de siete años. Al ser detenida inició una huelga de hambre que la debilitó, según el testimonio de su madre.
Aniette González García: Activista de 43 años residente en Camagüey. Es madre de una adolescente de 19 años. González García fue detenida el día 23 de marzo por publicar fotos envuelta en la bandera cubana, como respuesta a la iniciativa #LaBaderaEsDeTodos. Se le acusa de ultraje a los símbolos de la Patria. El martes 28 de marzo fue presentado en su favor un recurso de habeas corpus que fue rechazado por el Tribunal de Camagüey. Espera su juicio en la cárcel de mujeres Granja 5.
Erisdel Benítez Moya: Activista y miembro de la Unpacu. Tomó las calles cercanas a la Catorce Estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en La Habana, el domingo 5 de febrero, pidiendo “Libertad” para su hermano Esquizander Benítez. Fue conducido junto a su madre a la unidad policial y quedó detenido. Desde su arresto, ha iniciado dos huelgas de hambre, la más reciente, el 6 de abril. Luego, fue llevado a una celda de castigo en la prisión de Valle Grande.
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Justicia 11J es un grupo de trabajo dedicado a actualizar y divulgar información relacionada con detenciones y procesos administrativos y penales vinculados a protestas públicas en Cuba, desde el estallido social de julio de 2021. Desde diciembre de 2022 se coordina desde el exilio.
