Las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021 en Cuba no solo significaron un parteaguas en la historia del país, sino también en la vida de más de 1580 personas detenidas y sus familias, afectadas por la brutal represión estatal. Con su respuesta al estallido social del 11J, el régimen ha roto los sueños de realización personal o profesional, e incluso la vida de varios presos políticos, por atreverse a exigir libertad.
Para no olvidar a las más de 550 personas que, según nuestro subregistro, permanecen recluidas en relación con el 11J, desarrollamos desde el pasado 7 de febrero la campaña “Ni un año más en prisión” (#NiUnAñoMásEnPrisión).
Gracias a esta acción, durante 2024 hemos verificado y divulgado información sobre más de 100 casos de presos políticos, a través de las cuentas oficiales de Justicia 11J en Facebook y X, así como en las cuentas de Instagram y YouTube de la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia AC.
“Es la campaña más sostenida que hemos hecho en la organización (…) Nos ha permitido acercarnos más a las familias de los manifestantes; muchas nos han escrito porque les interesa que sus familiares presos sean recordados de esta manera”, ha explicado Raúl Medina Orama, responsable de Comunicación de Justicia 11J.
El pilar de la campaña es recordar los cumpleaños de las personas privadas de libertad por razones políticas, como una forma de mantenerlas presentes en la conversación pública. Este esfuerzo busca arrojar luz sobre la realidad de aquellas que, hasta ahora, han recibido escasa visibilidad, tanto en redes sociales como en los espacios de la sociedad civil y la comunidad cubana, dentro y fuera del país.
No obstante, también han formado parte de la campaña los casos de otras personas recluidas por razones políticas que son más conocidas, pero que en el momento de su cumpleaños estaban afectadas por alguna situación de urgencia que merecía un esfuerzo extraordinario de visibilización.
“Intentamos humanizar la estadística. Divulgar los nombres, las historias y la evidencia de la injusticia a la que han sido sometidos los manifestantes, a través de la información disponible en los documentos penales”, agregó Medina Orama.
La campaña también persigue fortalecer los lazos con las familias de los detenidos. Hasta ahora, hemos acompañado a más de 40 familias, quienes nos han enviado mensajes donde expresan gratitud y esperanza. Entre ellos, destaca el testimonio de la madre de José Alejandro Rodríguez Gelín, quien nos contó que esta iniciativa le dio ánimo en su día a día, y la ayudó a seguir luchando por justicia y libertad para su hijo.
De igual modo, algunas familias de los presos políticos enviaron videos y audios con emotivas declaraciones o datos relevantes sobre sus casos, para incluir en nuestras publicaciones cuando sus seres queridos cumplieran años en prisión. Estos mensajes, una mezcla de dolor y esperanza, han sido fundamentales para destacar las historias de los presos y visibilizar su situación.
Por ejemplo, Emilio Román, padre de la manifestante Mackyani Román Rodríguez, condenada junto a dos de sus hermanos por el 11J, dijo que a pesar de lo difícil que es el presidio político ella “se siente orgullosa” de estar presa por esa causa.
La base de datos de Justicia 11J, donde se registra de manera detallada las personas privadas de libertad por razones políticas, ha sido una herramienta fundamental en la implementación de la campaña “Ni un año más en prisión”.
Gracias a esta plataforma de acceso público y al archivo que hemos construido en los últimos tres años, es posible realizar un seguimiento constante de las fechas de nacimiento, así como de los procesos penales, las condiciones de detención y del estado de salud física y mental de las personas detenidas. Esta información es primordial para sustentar nuestras denuncias y fortalecer las estrategias de incidencia de la campaña.
Al mismo tiempo, durante el proceso de creación de las publicaciones, hemos podido verificar y actualizar el material del que disponemos. Así ocurrió con el caso de Rodennis Ávila Corujo -el último publicado al momento de escribir esta nota-, un manifestante de Palma Soriano condenado a 6 años y de quien no se disponía de imagen en nuestra base de datos, ni en la de ninguna otra organización cubana de derechos humanos. Encontrar una fotografía de Ávila Corujo y verificarla con fuentes cercanas al preso político, es un resultado de la pesquisa realizada para la campaña.
La campaña también ha sido relevante para pedir la colaboración ciudadana en la búsqueda de información sobre algunas personas privadas de libertad de las que se conoce muy poco. Fueron los casos, por ejemplo, de Humberto Elías Monrabal Camps, un preso político detenido durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Surgidero de Batabanó, Mayabeque, y de Cristhian Hernández Pedro, detenido siendo un adolescente por participar en las mismas manifestaciones en Cárdenas, Matanzas. Cuando cumplió 23 años, recordamos que este joven enfrentaba una condena de 7 años de prisión, tras haber sido inicialmente sentenciado a 20 años, pena que fue reducida en el proceso de apelación.
Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Civil Rights Defenders y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race & Equality), mostrado su respaldo a la campaña de distintas maneras. Gracias a esta colaboración, hemos podido amplificar nuestras denuncias sobre la situación de estas personas privadas de libertad en Cuba por razones políticas. La falta de visibilidad de estos manifestantes no solo perpetúa las violaciones a sus derechos humanos en las prisiones, sino que también normaliza la represión y permite al Gobierno cubano actuar con impunidad.
“Ni un año más en prisión” ha representado un sistemático esfuerzo para denunciar estas realidades, generar presión internacional y movilizar a la sociedad en favor de la justicia y la liberación de los presos políticos.
