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Justicia 11J denuncia nuevo acto de represión contra la familia de la presa política Lizandra Góngora

Desde Justicia 11J denunciamos un nuevo acto de represión dirigido contra la familia de la presa política cubana Lizandra Góngora Espinosa, actualmente privada de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J).

El pasado domingo 27 de abril, su esposo Ángel Delgado fue arrestado en Cuba tras intervenir para defender a uno de sus hijos menores de edad, quien fue agredido en un incidente que, según los indicios disponibles y patrones previos de hostigamiento, podría haber sido orquestado por agentes de la Seguridad del Estado.

De acuerdo con información publicada por ADN América, Delgado fue excarcelado posteriormente mediante la imposición de un Acta de Advertencia Oficial, mecanismo utilizado de manera recurrente en Cuba para intimidar y controlar a personas consideradas “hostiles” por el régimen, sin necesidad de abrir un proceso penal formal. Sin embargo, hasta el momento no se ha esclarecido si se ha iniciado alguna causa en su contra ni bajo qué cargos fue detenido.

Esta agresión institucional tiene un impacto directo sobre los tres hijos menores de edad del matrimonio, quienes han quedado en situación de extrema vulnerabilidad. La detención arbitraria de ambos padres —Lizandra, en prisión desde 2021, y Ángel, recientemente arrestado— coloca a los menores en riesgo de ser separados de su núcleo familiar, una medida que violaría principios fundamentales de protección a la niñez consagrados en el derecho internacional.

Justicia 11J condena enérgicamente esta nueva acción represiva y alerta sobre el uso de la violencia institucional para castigar no solo a quienes ejercen su derecho a la protesta, sino también a sus familias. Este caso se suma a una preocupante serie de represalias ejercidas por el Estado cubano contra familiares de personas presas por motivos políticos, con el objetivo de aislarlas y quebrantar sus redes de apoyo.Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a organismos de derechos humanos y a actores diplomáticos a pronunciarse ante la criminalización de la familia de Lizandra Góngora, exigir la protección integral de sus hijos menores y demandar la liberación inmediata de ambos padres.

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