Yeris Curbelo Aguilera, activista y reportero que informó para medios independientes sobre las manifestaciones en la localidad de Caimanera (2023), en la provincia de Guantánamo, fue sentenciado el 24 de septiembre a dos años de privación de libertad bajo el cargo de “lesiones leves”.
El trabajo de Curbelo Aguilera (39 años) para Palenque Visión y otros espacios de periodismo al margen del control del Partido Comunista de Cuba, fue relevante para romper el muro de censura del régimen sobre los acontecimientos de Caimanera el 6 de mayo de 2023. Ese día, decenas de personas exigieron condiciones dignas de vida y se expresaron pacíficamente con gritos de “libertad”, “Patria y vida” y otros pronunciamientos antigubernamentales.
Mientras fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) intervenían con violencia la protesta, fue limitada la conexión a Internet en la zona. Videos publicados después y reportes independientes como los de Curbelo Aguilera, permitieron documentar los hechos y las represivas consecuencias para los manifestantes.
Sin embargo, desde entonces se intensificó el acoso de las fuerzas de seguridad sobre el periodista independiente y exprisionero político, hasta su reciente sanción, que esconde motivaciones políticas bajo la justificación de un delito común, según familiares y organizaciones no gubernamentales.
El Centro por una Cuba Libre denunció que la sentencia del Tribunal Municipal de Niceto Pérez fue resultado de un proceso manipulado por la Seguridad del Estado.
Curbelo Aguilera dijo en un video difundido por Palenque Visión que fue acusado en relación con sendos ataques violentos a su hijo menor de edad, y a él, realizados en abril y mayo por sujetos presuntamente al servicio de la policía política.
Según su esposa Odalis Legrá Castellanos, los atacantes del activista fueron absueltos “a pesar de ellos haber reconocido en el juicio que le dieron golpes, piñazos, patadas [a Yeris Curbelo]. Los letrados entraron a deliberar y uno de la Seguridad del Estado entró con ellos. Cuando salieron, [dictaron] la misma sanción [solicitada por la Fiscalía]”.
Martí Noticias informó que Curbelo Aguilera fue internado en la prisión Combinado de Guantánamo, apenas le fue dictada la sentencia.
Víctimas de la criminalización de la protesta en Caimanera
Tras los hechos de mayo de 2023, fueron sentenciados bajo los cargos de “instigación a delinquir” y “desórdenes públicos” los ciudadanos Daniel Álvarez González (8 años); Luis Miguel Alarcón Martínez y Freddy Sarquis González (7 años). Mientras que por “desórdenes públicos” condenaron a Rodolfo Álvarez González (4 años) y por una acusación de “atentado” le impusieron dos años de prisión a Felipe Octavio Correa Martínez.
El 30 de septiembre de 2024 trascendió en la prensa independiente que el tribunal del municipio Niceto Pérez ratificó las penas dictadas contra los manifestantes, declaró a Diario de Cuba Victoria Martínez Valdivia, la madre de los hermanos Luis M. Alarcón Martínez y Felipe O. Correa Martínez.
De acuerdo con la fuente, la apelación “no procedió, a todos los muchachos le dejaron lo mismo”. Sus hijos le pidieron que no continúe con nuevas gestiones legales, pues no confían en obtener ningún resultado favorable del sistema judicial del régimen.
Represalias por informar
Yeris Curbelo Aguilera no es la única persona que en lo que va de año ha sido condenada tras informar sobre protestas o violaciones de derechos en Cuba.
El 27 de abril de 2024, a más de un año y medio de las protestas ocurridas en agosto de 2022 en el municipio Nuevitas, de la provincia Camagüey, un tribunal local notificó las sentencias firmes para 13 de los acusados (y una persona fue absuelta), con penas de entre cuatro y 15 años de privación de libertad, según la información del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Precisamente, la condena más alta fue impuesta a Mayelín Rodríguez Prado, conocida como “La Chamaca”, quien tenía 21 años en el momento de su arresto por transmitir las protestas en Facebook. La joven recibió una sanción conjunta de 15 años de prisión tras ser acusada de “propaganda enemiga de carácter continuado” y “sedición”.
En julio pasado, el defensor de derechos humanos y comunicador independiente Carlos Michael Morales fue sancionado a 8 meses de prisión domiciliaria por “desobediencia”. El preso político, quien cumplió una condena por las protestas antigubernamentales de julio de 2021, fue sometido a un nuevo juicio tras realizar durante varias semanas una huelga de hambre en prisión que provocó su traslado a un hospital.
Desde que terminó su pena por el 11J, Carlos Michael Morales se había convertido en una fuente de información sobre las violaciones de los derechos de sus compañeros de cárcel. Sus reportes eran citados por medios independientes y organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Finalmente, si bien es cierto que la sanción impuesta a Morales en julio de 2024 fue menos severa que otras aplicadas a voces disidentes, igualmente se trató de una violación intolerable a sus derechos humanos y una muestra de la persecución contra quienes informan desde Cuba.
Desde Justicia 11J alertamos que la represión en Cuba no ha disminuido y se ha extendido con severidad a los comunicadores independientes o ciudadanos que informan desde el terreno sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes del Estado.
