En 2020, un documento de trabajo de las Naciones Unidas definió el espacio cívico como “el entorno que permite a las personas y a los grupos participar de forma significativa en la vida política, económica, social y cultural de la sociedad”.
Un espacio cívico “abierto” se sustenta en los “canales formales e informales a través de los cuales individuos y grupos puedan desempeñar un papel en el diseño de políticas y contribuir en los procesos de toma de decisiones, políticos y de consolidación de la paz”, lo que requiere de mecanismos que permitan el acceso efectivo a la información, el derecho de reunión, de asociación, así como la libre expresión de opiniones disconformes. La reducción del espacio cívico debilita las democracias e implica el deterioro general de los derechos humanos.
De acuerdo con los propios parámetros de la ONU, el espacio cívico en Cuba se encuentra cerrado. Se perciben, entre otros:
- Mecanismos de censura directa e indirecta contra la prensa.
- Normas que imponen restricciones arbitrarias al registro, funcionamiento y financiación de las organizaciones de la sociedad civil, así como la aplicación de sanciones administrativas o judiciales desproporcionadas con motivo de su trabajo, tales como multas, suspensión o disolución forzada.
- Actos de intimidación o represalias, así como la estigmatización y el hostigamiento contra los diferentes actores de la sociedad civil.
- Criminalización de la protesta y detenciones arbitrarias.
- Graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
La intervención del gobernante Miguel Díaz-Canel en la televisión nacional el 11 de julio de 2021, ordenando “combatir” a quienes se manifestaban pacíficamente en las calles, y la posterior entrada en vigor de un nuevo Código Penal en diciembre de 2022, han institucionalizado aún más la represión, que ya se encuentra instalada por completo en el discurso oficial.
Según sistematizamos en nuestro primer reporte anual “Un año sin justicia” (publicado junto a Cubalex), diferentes eventos de protestas en años recientes marcan la escalada de la represión, entre ellos: los acontecimientos relacionados con la persecución al Movimiento San Isidro (MSI); la detención del ciudadano Luis Robles el 4 de diciembre de 2020, mientras llevaba un cartel pidiendo libertad y el fin de la represión; el ataque a varios artistas e intelectuales el 27 de enero de 2021 en las afueras del Ministerio de Cultura; la detención del rapero Maykel Castillo (Osorbo) por los hechos del 4 de abril fuera de la sede del MSI y la represión de la protesta del 30 de abril de 2021 en la calle Obispo, en La Habana. Más recientemente, la represión a la convocatoria a una Marcha Cívica por el Cambio en Cuba (15N), iniciativa promovida por la plataforma ciudadana Archipiélago.
Este último evento dejó un saldo de 104 personas detenidas, entre ellas, 27 que ya se habían manifestado en julio de 2021. Del total de los detenidos en esa ocasión, cinco permanecen en prisión: tres en relación con la causa del 15N, y dos por causas recientes, en relación con la entrada en vigor del nuevo Código Penal y la sostenida labor de activismo o de posición opositora de las personas en cuestión (Alejandro Garlobo y Jesús Fernández Garnier).
Las tres personas que permanecen detenidas, a raíz de los sucesos del 15N, en el mes que se cumplieron dos años de los sucesos nacionales son: Roilán Zárraga Ferrer, sentenciado a 3 años de privación de libertad; José Eduardo Jardines Rodríguez, condenado a 7 años de prisión por los sucesos del 11J, aunque su detención ocurrió en el escenario de protestas del 15N; y Ediyersi Santana, condenado a 2 años y tres meses de privación de libertad, y a quien se le ha negado el cambio a régimen de mínima severidad en tres ocasiones.
En relación con el 11 de julio, Justicia 11J ha registrado 1568 detenciones, y permanecen recluidas 682 personas.
Luego de los anteriores eventos mencionados (11J y 15N), este grupo de trabajo ha documentado la realización de 280 protestas en el espacio público en el país, de distinta tipología y escala. Hemos considerado 183 de estas como multitudinarias, 27 grupales, 42 en solitario y 14 eventos familiares. Desconocemos el tipo de autoría de 14 protestas, que contemplan pintadas de carteles (10) y daños a inmuebles (4).
De las 280 protestas contempladas en nuestro registro público, sólo 9 eventos implican daños a inmuebles, para un 97 % de manifestaciones pacíficas que, según su tipología, han sido caracterizadas como: cacerolazos (106), salida con cartel o pintada de cartel en vestimenta, pancartas o en paredes o muros del espacio público (24), cierre de calles (43), entre otras de menor representatividad (marcha con denuncias transmitidas en vivo en redes sociales y entonación de canciones antigubernamentales en lugares públicos, que han sido entendidas por las fuerzas represivas como actos de protesta y han ocasionado detenciones arbitrarias). Continuamos trabajando en la clasificación de las protestas, para una mejor comprensión del despertar cívico cubano actual.
Estas nuevas manifestaciones de descontento han dejado un saldo de 259 personas detenidas, de las cuales 111 permanecen en prisión. Hasta donde hemos podido actualizar, solo 34 de las 111 personas detenidas actualmente han sido juzgadas o sancionadas. Los delitos imputados a estos manifestantes están en correspondencia con los imputados a personas detenidas en relación con el 11J (desórdenes públicos, propaganda contra el orden institucional, resistencia, desacato) manteniéndose el cargo de sedición al menos a 9 de estos manifestantes.
La más reciente sentencia contra estos manifestantes tiene fecha del 3 de noviembre de 2023. Mediante este documento, 9 personas que protestaron el 10 de octubre de 2022 en la localidad de Güines, Mayabeque, fueron sentenciadas con penas de hasta 7 años de privación de libertad.
En total, hemos documentado la detención de 1888 personas. De ellas, 794 permanecen recluidas. Son al menos 940 las personas juzgadas o sancionadas, en relación con protestas desde julio de 2021. y son al menos 112 los que han salido al exilio tras su liberación, o durante excarcelaciones temporales.
A la vez que expresamos nuestra preocupación con el cierre del espacio cívico en Cuba, y la continuidad de estrategias para impedir un derecho básico como el de la manifestación pacífica, en relación con la visita de Eamon Gilmore a La Habana, sostenemos la necesidad de que realice condenas enérgicas y públicas contra la violencia y la represión extremas desplegadas por el Gobierno cubano, y que transmita el rechazo a la acción de órganos represivos y a la aplicación de normativas jurídicas que restringen el ejercicio de derechos fundamentales, principalmente los de libertad de expresión, asociación y reunión pacíficas. Además, que discuta el tema de la libertad de los presos políticos con los funcionarios cubanos con los que se reunirá en La Habana, con garantías de participación de las víctimas y sus familiares en los acuerdos resultantes de la negociación.También instamos a que Gilmore se reúna con la sociedad civil independiente y las familias de los presos políticos, con exigencia previa de garantías de no represión y acoso por la Seguridad del Estado. Y que pida una visita in loco a las cárceles cubanas, con la presencia de actores de la sociedad civil cuyo trabajo en favor de la libertad de los presos políticos haya sido avalado por las familias de estos.
