Alejandro Garlobo Aleaga fue sometido el 3 de octubre a un juicio realizado a puertas cerradas y sin garantías de respeto al debido proceso, en el Tribunal Provincial de San José de las Lajas, ciudad capital de la provincia cubana de Mayabeque.
El exprisionero político y activista ha sido un apoyo indispensable para familiares de personas privadas de libertad y otras causas humanitarias y cívicas en Cuba, motivo por el cual se convirtió en un objetivo del Ministerio del Interior (Minint).
Lo arrestaron a inicios de marzo de 2023 bajo acusaciones relacionadas con “otros actos contra la seguridad del Estado” (Artículo 143 del Código Penal). Estuvo sometido a vejaciones e interrogatorios durante más de un mes en el cuartel principal de la policía política en La Habana, conocido como “Villa Marista”. El 11 de abril fue llevado al penal de máximo rigor Combinado del Este, donde permaneció hasta su excarcelación en noviembre de 2023 para esperar el juicio en su domicilio de Quivicán, tras pagar una fianza.
Durante la “investigación” intentaron vincularlo, sin éxito, con varios incidentes como incendios de cañaverales y la puesta de carteles antigubernamentales en su localidad de residencia. Todo este proceso fue registrado y visibilizado por nuestra campaña “Llamado de acción por los presos políticos”, surgida ante la ola represiva iniciada tras la entrada en vigor, en diciembre de 2022, del nuevo Código Penal (Ley 151).
Debajo de las tramas elaboradas por las autoridades para involucrar a Garlobo con falsos delitos, se esconde la razón verdadera de la persecución contra él: su activismo independiente durante varios años, que se incrementó tras las masivas protestas de julio de 2021 y otros escenarios de contestación al poder, como el movimiento 15N.
Garlobo gestiona y entrega ayudas con alimentos, medicinas -entre otros insumos- a personas reclusas por motivos políticos o comunes, y en general a cualquier ciudadano necesitado que esté a su alcance. También ha contribuido a obtener información relevante sobre víctimas de violaciones de derechos humanos, una tarea riesgosa por las represalias del régimen contra cualquiera que denuncie desde el terreno el proceder del Minint y otros órganos represivos del Estado cubano.
Alejandro Garlobo: un inocente en las redes judiciales del régimen
Tras el juicio del 3 de octubre Garlobo dijo que el fiscal modificó su causa y ahora lo ha acusado del supuesto delito de “Revelación de secretos concernientes a la seguridad del Estado”, sancionable con una pena de entre 4 y 10 años de privación de libertad, según el Código Penal.
Además, denunció que no se presentaron testigos de la parte acusatoria. “Incluso, el testigo de Villa Marista que tenía que presentarse dijo que él no quería saber nada de eso. El subteniente que llevaba el caso tampoco asistió”, dijo.
El joven exprisionero político cree que, con el cambio en la acusación, buscan dilatar el proceso al no tener evidencias para condenarlo por ningún motivo. “No tienen pruebas, no hay justificación, no tienen nada (…) Simplemente no tiene nada que ver este delito conmigo”, comunicó Garlobo tras un juicio que, a pesar de las irregularidades del proceso, quedó concluso para sentencia.
El activista también informó que algunas personas que se acercaron a acompañarlo en el tribunal lo vieron “desde lejos por el cerco policial que había”.
Cualquiera que sea el resultado de este proceso arbitrario contra el activista Alejandro Garlobo Aleaga, expresamos nuestro apoyo a él y su familia. Exigimos que cese la persecución contra los defensores de derechos humanos en Cuba y reiteramos nuestro rechazo a la criminalización del activismo. Debe terminar la judicialización de las personas que, como Garlobo, apoyan a los presos políticos y sus familias.
